La oposición dice que “la solución de la alcaldesa al problema de la recogida de basura en Mogán podría ser ilegal”
MasNews -Los concejales de la oposición integrada por Nueva Canarias, el Partido Popular y Domingo Rodríguez, presentaron ante el registro municipal un escrito en el que solicitan tanto al intervertor como al secretario municipal la emisión de informes en los que se determinen los medios propios de los que dispone la empresa municipal para prestar el servicio de recogida de basura.
Esta iniciativa suscrita por los nueve concejales, tiene su origen en las grandes dudas que genera la decisión de la alcaldesa, Onalia Bueno, y del concejal de limpieza Juan Carlos Ortega, por encomendar a la empresa municipal Mogán Gestión, la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos del municipio.
Según argumentan en su escrito, los portavoces de Nueva Canarias (NC) y el Partido Popular (PP), Isabel Santiago y Maicol Santana, respectivamente, la entidad Mogán Gestión, podría no cumplir con las exigencias legales que hagan viable dicha encomienda. “Para poder realizar la encomienda es necesario que el objeto principal de la entidad Mogán Gestión, sea la prestación de servicios públicos, que tenga experiencia en el sector y que cuente con medios propios”, afirman los portavoces de la oposición. Además, “es incongruente que se adopte esta decisión temporal, mientras se inicia la licitación del servicio”.
Dado lo delicado de la situación, y ante el riesgo económico que podría suponer para las arcas municipales que Mogán Gestión tenga que hacerse con todo el material necesario (camiones, reponer contenedores, máquinas para limpiar contenedores, etc), ambas formaciones políticas entienden que los dos funcionarios municipales que más tienen que decir en este asunto se pronuncien y garanticen que la decisión del gobierno Ciuca-PSOE es viable y legal.
Por último tanto Isabel Santiago, como Maicol Santana, expresaron su máxima confianza en que ambos funcionarios “velen por el cumplimiento de la legalidad”, y evitar así que las decisiones de Onalia Bueno “pudiesen beneficiar a empresarios con intereses en el sector de la recogida de residuos sólidos”.
