NC logra unir al pleno de Mogán para exigir responsabilidades al Gobierno de Canarias
La propuesta de Nueva Canarias (NC) para determinar la responsabilidad del Gobierno de Canarias en la errónea clasificación de unos terrenos expropiados, “salió” adelante con el apoyo de todos los grupos del consistorio moganero, reunidos en sesión plenaria el pasado viernes 25 de septiembre.
El Ayuntamiento de Mogán fue condenado en el anterior mandato del PP, por sentencia firme, al pago de unos 4,6 millones de euros, por la expropiación de los terrenos anexos al cementerio de Mogán Casco. Según recogen informes del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Gran Canaria y de los mismos funcionarios municipales, dichos terrenos fueron tasados como urbanos cuando en realidad eran rústicos, aclara NC.
La situación generada por esta realidad, supone que el ayuntamiento de Mogán, fraccionará el pago de dicha deuda, a razón de 300.000 euros al año, cuantía que genera a su vez sus correspondientes intereses. A este respecto el interventor general de fondos del Ayuntamiento de Mogán, a través de un informe del mes de marzo, y otro del pasado nueve de septiembre, aconseja la concertación de un crédito con alguna entidad financiera, para liquidar en parte o en su totalidad, los 4,6 millones de euros, ya que las cuantías que se están generando en intereses, podrían superar el principal, lo que supondría que el Ayuntamiento de Mogán llegaría a pagar mas de 8 millones de euros.
Para NC, que siempre ha defendido la postura expresada por el interventor municipal, es importante no solo cumplir con las resoluciones judiciales, sino que además es importante que todos asuman la responsabilidad de los errores cometidos en el procedimiento.
Según explicó la edil nacionalista progresista, Isabel Santiago, fue el Gobierno de Canarias, en 1987, el que aprobó las normas subsidiarias del Planeamiento de Mogán, y el que por tanto dio el visto bueno a que unos terrenos que eran rústicos fuesen calificados como urbanos. Este hecho, supuso que, en el momento de establecer el justiprecio, por parte del Ayuntamiento, la cuantía fuese muy superior que si se hubiesen considerados urbanos.
Tras el apoyo a la moción, que defendió Isabel Santiago, podemos afirmar que desde ese momento los vecinos de Mogán, pueden sentirse satisfechos, porque lo que ha primado en la decisión, es la defensa del interés general de todos los moganeros.
NC espera ahora, que la alcaldesa dé, de forma inmediata, los pasos necesarios para encargar la emisión de dicho informe, que permita dilucidar las acciones a emprender contra el Gobierno de Canarias.
