NC y PP denuncian que Ciuca ha dado “vía libre a un recorte de derechos políticos sin precedentes”
- La alcaldesa impulsa una reducción de los tiempos de intervención de los portavoces y limita los instrumentos de control de la oposición sobre el gobierno
- La oposición carga contra la creación de la comisión de evaluación ambiental, por obviar el procedimiento para regular la incompatibilidad de sus miembros
El grupo de gobierno de Mogán, integrado por los concejales de Ciuca, ha sometido a consideración del Pleno la aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que consagra un recorte de derechos políticos sin precedentes en el municipio, denuncian PP y NC en una nota de prensa conjunta.
Dicho documento, el más importantes de cuantos regulan la actividad política de todos los grupos municipales y de los concejales en el Ayuntamiento de Mogán, “da carta de naturaleza a la reducción de los tiempos de intervención de los concejales, limita a dos las peticiones de comparecencias que pueden ser solicitadas al año, estableciendo un límite temporal que no incluyen las leyes de rango superior; equipara los derechos de los cargos de confianza con los de los concejales en lo que al acceso de la información se refiere; endurece los criterios para la presentación y defensa de las propuestas de la oposición ante el pleno y lo que es mas grave vulnera preceptos de reales decretos suprimiendo la presentación de preguntas orales ante el pleno, y todo ello con la colaboración y cooperación del secretario de la corporación imputado tras una denuncia de la fiscalía”.
Ante este “atropello sin precedentes”, los portavoces de la oposición Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP), han presentado un extenso documento donde recogen alegaciones y alternativas al “documento antidemocrático” propuesto por Onalia Bueno (Ciuca). Ambas formaciones políticas, que definen la propuesta de Reglamento de Ciuca como “represor, antidemocrático y obstaculizador pensada para ejercer el control político más que en la participación”, sostienen que la propuesta del gobierno “se opone de forma grosera a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales que consagra; vulnera el art. 23, el 9.3, pues obstaculiza el derecho a la participación en los asuntos públicos de los vecinos, a través del recorte de derechos de quienes somos sus representantes públicos, y consagra la arbitrariedad como modus operandi en la toma de decisiones”.
Ademas tanto desde NC como desde el PP, se afirma que la propuesta de recorte de los tiempos de intervención, son contrarias a resoluciones judiciales tales como la sentencia, dictada por el juzgado de los contencioso administrativo nº 4 de Las Palmas, de fecha 26 de marzo de 2009, que expresa de forma clara: “la reducción de los tiempos de forma general, y cualquiera que sea la materia a tratar, implica necesariamente constreñir a los concejales a que, en la mayor parte de los casos, realicen un ejercicio imposible síntesis, dejando vacío de contenido y reducido a un puro formalismo el derecho a participar en los debates, […]”
Por otro lado, los portavoces de la oposición, han dejado claro que se han cometido errores administrativos graves, no ya en la tramitación del expediente, sino en la regulación de la creación de la comisión municipal de evaluación ambiental, propuesta estrella de Onalia Bueno.
Según NC y el PP, el gobierno de Mogán ha obviado la justificación razonada de la modificación propuesta, incumplimiento de los requisitos fijados por la ley 40/2017 del sector público para la creación de cualquier órgano administrativo, tales como la determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica; delimitación de sus funciones y competencias, dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento, donde se materializará realmente la independencia funcional; la previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.
Pero lo que más preocupa a Isabel Santiago (NC) y a Maicol Santana (PP) es que “la propuesta ignora tanto lo dispuesto Estatuto Básico del Empleo Público como en el art. 77.5 de la la Ley de Procedimiento Administrativo, relativo a que el ejercicio de autoridad queda reservado a los funcionarios públicos provistos de objetividad, imparcialidad e independencia, provisto de veracidad y certeza en lo que a los informes que emitan se refiere, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo”. O lo que es lo mismo, el Reglamento no regula el régimen de incompatibilidades aplicable a aquellos profesionales que la alcaldesa designe para formar parte de la comisión, y que puedan tener intereses empresariales no coincidentes con la defensa del interés general.
Para los portavoces de la oposición este asunto es muy grave, ya que lejos de dar cumplimiento al citado mandato legal, permite que formen parte del órgano ambiental personas ajenas a la función pública desprovistas de la condición de autoridad ni de las presunciones legales descritas, lo que supone que esta ausencia de regulación vicia el Reglamento.
Para NC y el PP, este tipo de actuaciones, “propias de formaciones de ultraderecha”, no hacen sino confirmar que “la democracia y Onalia Bueno son incompatibles, y que cada decisión que toma Ciuca desde la alcaldía va encaminada a construir un municipio totalitario bajo el mando de su alcaldesa, pisoteando y obstaculizando el ejercicio democrático de la labor de oposición que los ciudadanos han encomendado a la oposición”. Por ello, anuncian que ante esta “situación, de impunidad con la que campa Onalia Bueno en Mogán, sólo cabe una actuación firme de los tribunales, pues no existe otra vía posible ante personajes de este tipo”, sentenciaron.
