Nueva Canarias impugna la convocatoria del pleno de Mogán
Según reza en sendos escritos, tanto la portavoz de Nueva Canarias, en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, como el concejal Domingo Rodríguez no han sido convocados a la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de enero, que debe celebrarse hoy jueves, día 2 de febrero, a las 09:00 horas.
Ambos concejales argumentan que el gobierno de Mogán ha incurrido en un grave defecto formal que invalida la convocatoria prevista para el próximo jueves, pues las sesiones plenarias deben ser notificadas con al menos dos días hábiles de antelación a la celebración del pleno previsto, lo que implica que ésta debería haber sido notificada el pasado lunes.
Según ha comentado la edil nacionalista, en la mañana del martes 31 de enero, intentó contactar con el titular de la secretaría para poner en su conocimiento que no se le había notificado la convocatoria de la sesión plenaria, sin embargo ante la imposibilidad de hablar con el funcionario presentó escrito a medio del cual interesaba la impugnación de la convocatoria, y proponía la nueva convocatoria en otro día para no retrasar la resolución de los acuerdos plenarios.
En dichos escritos, ambos concejales, exponen que es importante subsanar el error cometido en la práctica de la notificación, dado que la nueva Ley de Municipios de Canarias, en su artículo 124 a), establece que serán nulos todos los acuerdos adoptados sin haberse notificado en forma la convocatoria del mismo.
Para Nueva Canarias, este modo de proceder por parte del gobierno de Mogán, vulnera numerosos preceptos legales tales como el art. 41, 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o el 92 del Reglamento Orgánico Municipal, pero sobre todo el artículo 23 de la Constitución, que consagra el derecho a la participación en los asuntos públicos por parte de los ciudadanos.
La concejala de NC espera una rectificación en la convocatoria adaptada a la ley que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales de los concejales de la oposición, recordando que existen precedentes en los que se han realizado nuevas convocatorias y que existe una Sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de la Palmas, de fecha 30 de enero de 2014, que dio la razón al concejal Mencey Navarro, cuando denunció al anterior alcalde por una situación idéntica a la que ahora protagoniza el gobierno de Ciuca-Psoe.
La seguridad jurídica de los asuntos públicos está en juego, y espero una decisión responsable y legal por parte de la alcaldesa, sentenció Isabel Santiago.