Odesocan pide al Parlamento de Canarias declarar la emergencia habitacional en las Islas
El Observatorio de Derechos Sociales reclama medidas urgentes ante la crisis de vivienda y su impacto en la salud mental de la población
El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan) ha registrado ante el Parlamento de Canarias una solicitud formal para que el Archipiélago sea declarado zona tensionada por la situación de la vivienda, durante su intervención en la Comisión de Derechos Sociales. La petición se apoya en datos que, según la organización, evidencian una crisis habitacional estructural que afecta directamente a la salud mental y al bienestar de la ciudadanía.
Una declaración que busca respuesta institucional
Durante su comparecencia ante el Parlamento, la directora de Odesocan, Emma Colao, defendió la necesidad de que el Gobierno y los grupos parlamentarios reconozcan oficialmente la emergencia habitacional en Canarias.
Colao subrayó que esta declaración “no es un gesto político, sino una obligación jurídica y una respuesta ética al deber que prometieron y juraron sus representaciones públicas al aceptar el cargo”.
La organización argumenta que la declaración permitiría activar políticas de urgencia, priorizar recursos públicos y adoptar medidas de control del mercado del alquiler, con el fin de garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna en una de las comunidades autónomas con mayores tasas de exclusión residencial de España.
El informe que conecta vivienda y salud mental
La petición de Odesocan se sustenta en el informe sobre vivienda y salud mental publicado por la entidad el pasado mes de agosto. En este documento se analiza la relación directa entre el incremento del precio del alquiler y la prevalencia de trastornos mentales entre la población canaria.
El estudio concluye que “por cada euro que aumentó el precio del alquiler, la prevalencia de trastornos ligados a la salud mental se incrementó en 0,74 puntos”, lo que refleja un impacto tangible de la especulación inmobiliaria sobre la salud psicológica y emocional de las familias.
Además, el informe advierte del crecimiento sostenido del parque de viviendas vacacionales, la falta de oferta pública de alquiler asequible y la ausencia de un plan autonómico de emergencia habitacional capaz de responder a la magnitud del problema.
Medidas solicitadas: plan de emergencia y fin de la vivienda vacacional
Entre las medidas presentadas por Odesocan se incluye la extinción de la figura de la vivienda vacacional en toda Canarias, la creación de un Plan autonómico de emergencia habitacional y salud mental, y el refuerzo de la vivienda pública de alquiler.
La propuesta, ya registrada ante la Mesa del Parlamento y remitida a todos los grupos parlamentarios, busca abrir un debate institucional que coloque la vivienda como prioridad en la agenda legislativa.
En palabras de Colao, “nosotras no somos quienes tienen el deber de velar por el derecho y la dignidad de la gente, pero sí estamos dispuestas a hacerlo si sus señorías persisten en la dejación de funciones que hasta ahora han mantenido”.
Una llamada de atención ante una crisis estructural
El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias considera que la falta de medidas eficaces en materia de vivienda está agravando las desigualdades sociales y poniendo en riesgo la salud mental de miles de personas.
La declaración de Canarias como zona tensionada permitiría, según la organización, aplicar mecanismos de contención del alquiler, impulsar la rehabilitación del parque de vivienda pública y evitar la expulsión de residentes de sus barrios y municipios.
Con esta acción, Odesocan reafirma su compromiso de seguir promoviendo políticas públicas centradas en el bienestar, la justicia social y la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía canaria.
