La alcaldesa convoca un pleno en plena crisis sanitaria tres horas antes de celebrarse
- PP y NC no asistieron al pleno porque no se garantizan las medidas higiénico sanitarias que ha establecido el Gobierno de España en el Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma y no se siguen las recomendaciones del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.
- El pleno urgente, ha sido convocado a las 09:00 de la mañana del viernes, para celebrarse a las 12:00 horas del mismo día.
- Ambas formaciones solicitaron el aplazamiento del pleno para garantizar el cumplimiento del estado de Alarma
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, convocaba en la mañana del viernes 27 de marzo, un pleno extraordinario y urgente para aprobar el pago de “facturas irregulares “por importe de 208.634,56 euros que irán destinados a las principales empresas eléctricas del mercado, informa PP y NC en una nota de prensa conjunta.
Este expediente, una vez aprobado, suma a todos los anteriores la cuantía total de 4493.190,16€ euros. Una cantidad muy elevada, que “pone de manifiesto el caos administrativo que impera en el Ayuntamiento de Mogán, pues todos los pagos realizados por esta vía excepcional, carecen de procedimiento administrativo alguno, conforme dicta la ley de contratos del sector público”, señala la oposición.
En opinión de PP y NC, “sorprende a la oposición que en medio de una crisis sanitaria, como la que estamos atravesando, Onalia Bueno convoque un pleno, y considere que el pago de estas facturas, sin respaldo contractual alguno, es inaplazable, sobre todo si tenemos en cuenta la paralización de plazos y la comunicación pública relativa a que en este periodo no se van a producir cortes en el suministro eléctrico por impagos”.
Añaden los portavoces de la oposición, que el pasado 20 de marzo la misma Onalia Bueno dictó un decreto suspendiendo la celebración de la junta de gobierno local, y lo hizo argumentando lo establecido en la “Orden de la Consejera de Sanidad, de 11 de marzo de 2020, del Gobierno de Canarias, en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como en el documento redactado por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de fecha 18 de marzo de 2020, titulado “Pautas para el ejercicio telemático de las funciones reservadas y otras cuestiones relacionadas”, y que ahora parece no tener en cuenta.
Así las cosas, el documento redactado por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de fecha 18 de marzo de 2020, determina de una forma muy clara que “en este momento no parece razonable mantener la celebración de las sesiones de los órganos colegiados públicos en los que exista la posibilidad de que se congregue un cierto número de personas, especialmente el Pleno en los municipios de tamaño mediano y grande,[…]”. A lo que añade que se deberá garantizar la asistencia telemática de los concejales que opten por este medio y concluye afirmando que “no deberán celebrarse, salvo por razones muy excepcionales, las sesiones correspondientes de los órganos de gobierno municipales. Para el caso indispensable que deba procederse a su celebración, esta se realizará, en la medida más amplia que sea posible, a través de los medios telemáticos”.
Para los portavoces de la oposición, Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP), es evidente que el pleno podía esperar, ya que la aprobación del pago de las facturas del consumo eléctrico del Ayuntamiento no es algo esencial para el funcionamiento de los servicios públicos, sobre todo si tenemos en cuenta que no se van a producir cortes por impagos. Además critican que convoque el pleno con un margen de tres horas, y no se garanticen los medios de asistencia telemática. Onalia Bueno muestra una vez mas la falta de respeto con la que trata a los concejales de la oposición en Mogán.
Tanto NC como el PP de Mogán, han señalado que la responsabilidad en el cumplimiento de las restricciones impuestas por el estado de alarma no es solo es cuestión de la ciudadanía sino también de la clase política que no ofrece, en muchos casos, el mejor de los ejemplos, tal y como ha afirmado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, que ha suspendido un pleno extraordinario del Ayuntamiento de León convocado para este viernes. Ambas formaciones han propuesto que el pleno se celebre de forma telemática para garantizar la asistencia de todos los concejales.
Santana y Santiago señalan que esta decisión de la alcaldesa de Mogán, confirma que “le da igual la grave situación sanitaria en la que vivimos y que para ella no es importante garantizar la salud ni de los concejales de la Corporación ni de los trabajadores del Ayuntamiento, cuyos representantes sindicales ha presentado sendos escritos exigiéndole que se decreten servicios mínimos y esenciales, para que aquellos trabajadores municipales adscritos a servicios públicos cuyo cese de actividad no causen ningún impacto en la ciudadanía de Mogán, puedan quedarse en sus domicilios, ya que actualmente acuden a su puesto de trabajo para no hacer nada, lo que supone poner en riesgo la salud de todos estos trabajadores”. En este sentido los sindicatos le ha recordado que “es el momento de tomar decisiones coherentes, donde prime la salvaguarda de la salud. La permanencia de la mitad de la plantilla en activo, no es una medida acorde con la acción decretada por el Gobierno de España y no contribuye a la prevención […]”.
Ante esta situación, que es un suma y sigue, en la trayectoria de irregularidades y de desprecios hacia la oposición y los trabajadores municipales, cometidas por Onalia Bueno, los portavoces de ambas formaciones (NC-PP) han decidido plantar a la alcaldesa de Mogán, y no asistir al pleno, pues consideran que el tema puede esperar y que se debe garantizar el cumplimiento de las medidas aprobadas por el gobierno de España para luchar contra esta pandemia y preservar la salud de todos, están por encima del capricho de una alcaldesa que sólo tiene en cuenta satisfacer sus intereses personales y partidistas.
