Podemos acusa al Gobierno de “plegarse a la empresa Riu” y no proteger el palmeral del Oasis de Maspalomas
- Manuel Marrero insiste en que “el Parlamento de Canarias realizó una cacicada al aprobar la Ley del Suelo, ajustando la norma a los intereses de una empresa y permitiendo la usurpación definitiva de un espacio público”
- La formación morada reitera que “nos encontramos con la inhibición y el favorecimiento de las instituciones a la codicia de unos propietarios hoteleros y frente a ese conglomerado político-empresarial tan habitual en estas islas”
- El grupo parlamentario Podemos Canarias considera que el Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo “no defiende los intereses generales, se inhibe, y se pliega a los intereses de la empresa Riu” frente a la defensa del palmeral del Oasis de Maspalomas
Así lo afirma el diputado Manuel Marrero tras la pregunta de control al Ejecutivo que hizo en la pasada sesión plenaria: “Al Gobierno de Canarias le corresponde la vigilancia, el control, el cumplimiento de las figuras de protección medioambiental y que los denominados planes de Modernización y Mejora no estén por encima de las sentencias de los tribunales de Justicia”.
Para Marrero, en relación al palmeral del Oasis de Maspalomas “nos encontramos con la inhibición y el favorecimiento de las instituciones a la codicia de unos propietarios hoteleros y frente a ese conglomerado político-empresarial tan habitual en estas islas”.
Pasividad en inhibición
“Nos encontramos ante un ayuntamiento (San Bartolomé de Tirajana) que ha permitido el progresivo deterioro y la apropiación indebida de un bien público por un particular poderoso. Y a un Cabildo de Gran Canaria y a un Gobierno de Canarias que, durante años, miraron para otro lado”, insiste el diputado de la formación morada.
El grupo parlamentario Podemos Canarias recuerda que las dunas, la charca y el palmeral “están protegidos dentro de la reserva natural especial de las Dunas de Maspaloma” y , desde hace años, “los dueños de un hotel próximo colocaron una cerca, apropiándose del espacio público, lo cual ocasionó las denuncias del grupo ecologista Turcón ante la pasividad e inhibición del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, del Cabildo Insular de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, todos ellos corresponsables de ese espacio espacio natural”.
Por ello, en la actualidad se construyen 77 apartamentos en la misma superficie que tanto el Plan Parcial como sucesivas sentencias de 1998, 2015 y 2016 han declarado como zona verde pública, “que legalmente tiene el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable”
“Seguro que a nadie se le escapa que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dijo a todos los políticos canarios que han ejercido en las últimas décadas, que “ya está bien”, que “ya” bastaba de mirar para otro lado con el Palmeral del Oasis encerrado entre los muros y vallas de Riu, que “ya” bastaba de reirse en la cara de la gente”, afirma Marrero.
Para el diputado de la formación morada, el propio TSJC insiste en que si los que ha sucedido ha sido fruto de un error, “esta usurpación al patrimonio, solo lo podía ser de uno “tan grosero y trascendente” que “inexplicablemente” se había “reproducido” “durante una veintena de años”, en todos los instrumentos de planificación territorial y urbanística elaborados en la zona, sin que ninguna de las administraciones competentes, y especialmente la autonómica, lo hayan detectado y corregido, lo que ha dado lugar a que se sustraiga de la protección ambiental un elemento tan característico del Oasis como es el Palmeral”.
Cacicada parlamentaria
“Seguro que a nadie se le escapa tampoco que el Gobierno de Canarias, a propuesta del Cabildo, se comprometió a subsanar este grosero y trascendente error, en la Ley de Suelo, devolviendo a la ciudadanía lo que siempre le perteneció. Lo que a lo mejor se le ha escapado a alguien, es que la corrección que finalmente se hizo fue dejar dentro de la ley lo usurpado”, insiste.
Por ello, ha afirmado que “el Parlamento de Canarias realizó una cacicada, al aprobar la Ley del Suelo, ajustando la norma a los intereses de una empresa, permitiendo la usurpación definitiva de un espacio público, un espacio de toda la sociedad canaria, y dejándolo fuera de la protección medioambiental que se le debería aplicar, además de subvertir el sentido de una sentencia judicial”.
“Los que han sido elegidos para defender lo público y garantizar el cumplimiento de la Ley son los autores de esta cacicada, fruto de esta fiesta continua existente en Canarias entre políticos e intereses privados”, concluye.
