Podemos logra que el Gobierno deba redefinir el alquiler vacacional para evitar precios abusivos y “la deficiencia de vivienda residencial”
La presidenta del grupo parlamentario Podemos Canarias, María del Río, ha conseguido el respaldo del Parlamento para que el gobierno en minoría que preside el nacionalista de derechas Fernando Clavijo “agilice el procedimiento para la aprobación de un nuevo Decreto que regule la vivienda vacacional en Canarias” que sustituya al vigente de 2015 y que, a su juicio, “en apenas dos años y medio ha agudizado y promovido, aún con más fuerza, la deficiencia de vivienda residencial en Canarias”.
“Las personas que realizan su actividad laboral, académica y vital, en Canarias, y que optan por el alquiler, han visto cómo el aumento del precio de la vivienda, como consecuencia de la especulación promovida por la vivienda vacacional, tanto regular como irregular, les impide acceder o mantener el régimen de arrendamiento al que antes acudían”, ha afirmado del Río durante la defensa de la moción presentada por la formación morada.
En este sentido, ha asegurado que “el modelo elegido para la regulación de este nuevo sector ha sido completamente permisivo respecto a las viviendas en zonas no turísticas”, pues “no ha tenido en cuenta que es precisamente en esas zonas donde se concentra, en mayor medida, la residencia de la población de clases medias, bajas y muy bajas que viven en régimen de alquiler, ignorando las consecuencias nefastas que podría traer para esta población”.
“Reconociendo el derecho a obtener un beneficio económico de la propiedad, en este caso de la vivienda, destinándola a usos turísticos, consideramos que el derecho a la vivienda digna y adecuada, no sólo está protegido en la Constitución Española y en la numerosa legislación europea, sino que es un requisito indispensable para que pueda existir la actividad turística, ya que es la población usuaria de los alquileres, precisamente, quien sostiene los servicios casi en su totalidad”, ha insistido.
Respuestas urgentes
Asimismo, se ha conseguido el respaldo de todo el arco parlamentario para que, tal y como se incluye en la moción aprobada, “se cumplan los acuerdos y compromisos aprobados en esta Cámara” respecto al “gran problema de la vivienda” y que, hasta el momento, el Ejecutivo no ha desarrollado.
“Debería de ser un compromiso que el Gobierno tendría que tomarse muy en serio, si quiere hacer una buena gestión, y más en esta materia, donde las alarmas empiezan a saltar desde varios frentes y es urgente dar respuestas”, ha insistido.
Medidas como “activar programas de intermediación en el mercado del alquiler y de la compraventa” para contribuir a reducir el fenómeno de la vivienda vacía en Canarias, “combatiendo la especulación y poniendo en el mercado del alquiler social una parte de las viviendas que actualmente se encuentran desocupadas y no están cumpliendo el fin social de la vivienda”.
Además, del Río recuerda que “será de obligado cumplimiento que el Gobierno incorpore al parque público al menos 1000 viviendas para atender la demanda existente a través de promoción pública” y, para ello, dote al Instituto Canario de la Vivienda de una financiación no inferior a 70 millones de euros.
También será “prioritario aumentar el parque de vivienda en alquiler”, rediseñando el Programa de la Bolsa de Vivienda y, en coordinación con los municipios, penalizar la vivienda vacía de los grandes tenedores de vivienda, además de desarrollar programas de promoción de vivienda pública de autoconstrucción, teniendo como base el modelo desarrollado por la Junta de Andalucía.
“Tenemos un gran problema con la vivienda en Canarias, pero también tenemos respuestas, y tenemos propuestas. Cúmplanse”, ha remachado.
No a los beneficios fiscales
Pese a obtener el respaldo a estos puntos, ha lamentado que CC, PSOE, PP y el Grupo Mixto se hayan opuesto, como pedía Podemos Canarias, a que el Gobierno aprobara “a corto plazo excluir la actividad del alquiler vacacional de los beneficios fiscales y exenciones recogidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF), en cuanto a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC)”.
“Es importante evitar que no se incentive la inversión en este tipo de actividad, ya que se pone en peligro la preservación de suficiente vivienda para asegurar la convivencia social”, ha afirmado del Río.
Asimismo, ha criticado la oposición de los citados grupos parlamentarios a aprobar una nueva Ley que, entre otras cuestiones, regulara la vivienda vacacional en suelos de uso turístico sin que en ningún caso ello atente contra la profesionalización de la actividad alojativa turística ni suponga deterioro de la calidad de nuestra oferta, objetivos que deben ser preservados”.
El texto impulsado por del Río también incluía “implementar medidas de apoyo a la creación de parques de viviendas insulares, municipales y autonómicos, de acuerdo a un nuevo plan de vivienda” con el fin de lograr “una verdadera política de promoción y fomento de la vivienda pública, estableciendo la adecuada ficha financiera”.
Por último, CC, PSOE y PP se han opuesto a que el Gobierno de Canarias cree una bolsa municipal/insular/autonómica” para que las personas propietarias “puedan poner sus pisos en alquiler” y “reforzar y dotar de más recursos” a la Inspección de Turismo para que “aumente el alcance y la eficacia en la supervisión e inspección de la legalidad de la actividad” para detectar “nuevos casos de alquileres ilegales y endureciendo las sanciones por alquileres ilegales, sobre todo en el caso de reincidencia”.
