Podemos logra que se revise el expediente de expropiación de la conexión GG-1 con GC-500 en el barranco de Taurito
La diputada regional de la formación morada Concepción Monzón pregunta: “¿Cómo puede una obra pasar de 274.000 euros a costar más de 5 millones?”
El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha logrado el compromiso del vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias en minoría, Pablo Rodríguez, de “revisar un expediente de expropiación que ha podido suponer un quebranto para las arcas públicas”.
Así lo asegura Concepción Monzón, diputada de la formación morada y candidata a presidir el Cabildo de Gran Canaria en los comicios del 26 de mayo, que en la Comisión de Obras públicas y Transportes solicitó la “revisión de oficio” del expediente de expropiación de la conexión de la carretera GG-1 a la GC-500 en el barranco de Taurito, en ejecución de la obra de la nueva carretera autopista GC-1 en el tramo Puerto Rico-Mogán.
“Esta expropiación fue valorada en un primer informe en 274.587,58 euros en junio de 2011. En octubre del mismo año, un informe jurídico- técnico ratificaba la situación territorial de las fincas a expropiar, confirmando el valor del anterior informe, haciendo hincapié que no se habían realizado las obras de urbanización en ese suelo” afirma Monzón.
Pese a ello, la diputada recuerda que en julio de 2015, el mismo técnico del último informe emitía otro nuevo “partiendo de una hipótesis no real de que la obra habría alterado la urbanización que había sido ejecutada”.
“A petición del entonces consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, este informe la valoraba en 5.124.110,34 euros, 20 veces más del valor del primer informe”, insiste la diputada.
Este pago fue autorizado por el Gobierno que preside Fernando Clavijo en noviembre de 2017, y en la documentación no se adjuntó el informe técnico-jurídico, que exponía con todo detalle, incluyendo fotos, la situación de los terrenos y “dejaba claro la nulidad de las normas subsidiarias, anuladas por sentencia, la nulidad de las licencias de obras y la no ejecución del plan de urbanización, en el único suelo categorizado como urbanizable”.
Irregularidades
Además, la diputada asegura que el día que se emite el informe por valor de más de 5 millones, la empresa había solicitado esta cantidad adjuntando facturas para justificar los gastos y justificar el derecho en las que se puede aprecian gastos de proyectos y desmontes, facturas de gasto de la confección de cuentas anuales e Impuesto de Sociedades de los años 1999, 2000, 2001 y 2002.
“Qué se dió como justificación de gasto, ¿Cómo pudo comprobarse todo el mismo día?”, se pregunta la diputada.
Otras irregularidades detectadas por Podemos Canarias es que quien firma el acta de mutuo acuerdo es el propio consejero Berriel, pero “no es a él a quien le corresponde hacerlo, y lo hace además justo un día antes de su cese en julio de 2015”.
Precisamente, ya en septiembre de 2018, la misma diputada pidió en pleno que se iniciara una declaración de lesividad de este acto, para recuperar el dinero público.
Ahora, “y sin tiempo ya para iniciar este procedimiento ya que vence en julio de este año”, se solicitó la revisión de oficio y que se analizara el procedimiento, “comprobando si los derechos otorgados a los propietarios y de donde emana la valoración, corresponden a la realidad o fueron construidos para el interés de unos pocos, perjudicando el interés de todas y todos”.
“Para Podemos Canarias hay suficientes indicios de irregularidades en este expediente en relación con el valor real de los terrenos y del derecho, por tanto de los propietarios, que ha mermado las arcas públicas”, concluye Monzón.
