Presupuestos de educación o “el timo de los trileros”
El Parlamento de Canarias aprobó, el 8 de julio de 2014, con el apoyo de PSOE, CC y NC, la primera Ley Canaria de Educación no Universitaria (LCE), que establece claramente que el Gobierno de Canarias deberá incrementar progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo, elevándolos hasta alcanzar en el 2022 un mínimo del 5% del PIB.
La tramitación de esta ley vino precedida de una iniciativa legislativa popular que entró en la cámara legislativa en 2010, contando con el respaldo de más de 35.000 firmas de ciudadanos y de numerosas organizaciones.
Previamente, el 21 de febrero de 2014, el Consejo Escolar de Canarias, con participación de todos los representantes de la comunidad educativa, presentó una propuesta de “Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias” en el que reclamaba aumentar los recursos hasta equipararnos a Europa en inversión educativa.
El presidente Clavijo debe recordar que las disposiciones de la LCE obligan a su gobierno y que este no puede rehuirlas con “excusas de mal pagador” diciendo que “Alcanzar el 5% del PIB en los Presupuestos de Educación es un objetivo difícil.” El Gobierno de Canarias debe realizar sus tareas (incluida la elaboración de los presupuestos) en el marco de las leyes aprobadas por el Parlamento de Canarias.
Si se analiza lo ocurrido entre 2008 y 2016, podemos comprobar que durante la fase descendente de la crisis (2008-2013) el PIB canario perdió un 7,1%, que recuperó con creces en la fase ascendente de recuperación (2013-2016), en la que ganó un 7,7%, superando el nivel anterior a la crisis.
Sin embargo, cuando analizamos la evolución del presupuesto de Educación en el mismo periodo comprobamos que su evolución es radicalmente diferente, ya que durante la crisis (2008-2013) el presupuesto de Educación perdió un 14,0% (el doble de la reducción del PIB), mientras que en la de recuperación (2013-2016) ganó un raquítico 3,0% (menos de la mitad de la recuperación del PIB), acumulando, por tanto, una pérdida de nada menos que el 11,4% (casi 200 millones de euros)
Dicho de otro modo, durante la crisis se han aplicado en Educación recortes muy severos que, no sólo no se han revertido tras la recuperación, sino que se perpetúan mediante leves recuperaciones del presupuesto, mientras los ingresos de la Comunidad Autónoma registran recaudaciones récord.
El problema es que el crecimiento del PIB, que, según estimaciones del BBVA, superará en 2018 en un 7% con respecto al registrado en 2008, y su consiguiente incremento del potencial aumento de ingresos, en lugar de aplicarse a la recuperación del gasto social (sanidad, educación y protección social) se quiere aplicar, según anuncian portavoces del gobierno, a una traca de bajada de impuestos que, como ya sabemos por constatación histórica, siempre beneficia a las rentas del capital. Aquí reside el que yo denomino “timo de los trileros”.
El Gobierno de Canarias, en lugar de devolver sus recursos a los servicios públicos y cumplir con el Parlamento, se propone derivarlos hacia reducciones fiscales de dudoso beneficio para la sociedad canaria. Ello dificultaría, aún más, alcanzar el 5% del PIB para la educación establecido por el Parlamento. No se trata de un problema de recursos, se trata de un problema de voluntad política y de prioridades.
El presupuesto de 2018, por tanto, debe situarse ya, sin más dilación, en el 4% del PIB y crecer cada año 0,25 puntos hasta alcanzar el 5% en 2022 y el Gobierno debe asumir su responsabilidad y establecerlo así desde el principio en el proceso de confección de los presupuestos del próximo ejercicio.
Desde aquí quiero hacer un llamamiento a las asociaciones de padres y madres, de alumnado, organizaciones sindicales, a cuantas entidades promovieron la LCE, al Consejo Escolar de Canarias y a los grupos políticos del Parlamento para que reclamen al Gobierno unos presupuestos que asignen el 4% para Educación ya y que se comprometa a elevarlo cada año para lograr el mínimo del 5% en 2022 como establece la ley.
Alcanzar el 5% del PIB en los Presupuestos de Educación no es difícil, es una obligación ineludible.
Bernardino Ruiz Velázquez, maestro jubilado y exdelegado de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas
