Los ecologistas solicitan al Gobierno la suspensión cautelar de las prospecciones
Ben Magec-Ecologistas en Acción solicita al Gobierno del Estado que suspenda las prospecciones petrolíferas, cuyas consecuencias podrían dar lugar a daños sustanciales en el ecosistema, hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la consulta popular y se resuelva el incidente de nulidad contra los permisos concedidos que admitió a trámite el Tribunal Supremo.
La federación ecologista exige al Gobierno central que suspenda cautelarmente las prospecciones petrolíferas, al igual que ha sido suspendida la consulta popular, hasta que no se hayan resuelto los recursos judiciales pendientes. Sobre el recurso al Tribunal Constitucional, Ben Magec-Ecologistas en Acción lamenta el comportamiento antidemocrático del Gobierno del Partido Popular y el desprecio manifiesto hacia la sociedad canaria, al haber impugnado el procedimiento para la realización de una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas y de paso, pretender cercenar el derecho a realizar consultas populares promovidas por cualquier otra institución que no sea el Gobierno de España.
El Gobierno central planteó al Consejo de Estado que propusiera al Tribunal Constitucional la impugnación del decreto que aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía por considerar que el Gobierno de Canarias no tiene potestad para realizar consultas sin el visto bueno del Presidente del Gobierno. Según Ben Magec, “el Gobierno del Estado no quiere ser cuestionado en sus políticas, y por eso intenta prohibir una práctica democrática básica, muy extendida en el mundo y que debería ser imprescindible en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Es un varapalo para la sociedad canaria, que quedará vetada a la hora de decidir mediante consultas populares, sean de la naturaleza que sean”.
El Consejo de Estado también pide la impugnación de la pregunta a pesar de que esta ha sido elaborada de manera que afecte únicamente a competencias canarias, “por lo que está claro que haga lo que haga el Gobierno de Canarias, no se trata de un problema legal, sino de la falta de voluntad política para que el pueblo canario se exprese porque el Gobierno Central es consciente de que la opinión mayoritaria de los canarios y canarias cuando sea expresada irá a todas luces en contra de los intereses de Repsol y del PP”.
Sobre el hecho de que esta decisión es política y no legal, insisten en que “quien recurre es el Consejo de Estado, respondiendo a una estrategia del Gobierno del Partido Popular, que supone la paralización de la consulta un máximo de 5 meses, fecha en la que ya podrían estar iniciadas las prospecciones aunque el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado. Desde la lógica democrática, no se entiende que el Tribunal constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la consulta una vez realizada las prospecciones. Es más, la suspensión debería ir dirigida también a Repsol, ya que si finalmente el Tribunal Constitucional se pronunciara a favor de la consulta, las prospecciones podrían haber provocado daños sustanciales e irreparables en el ecosistema marino y la consulta no tendría sentido”.
Además es necesario recordar que a día de hoy se encuentra abierto otro proceso judicial que cuestiona la presunta legalidad y sostenibilidad de este proyecto, que es el incidente de nulidad admitido a trámite por el Tribunal Supremo y presentado por la Fundación César Manrique contra la sentencia en que se desestimaba el recurso contencioso administrativo al Real Decreto que convalida los permisos de investigación de hidrocarburos en Canarias.
Ben Magec-Ecologistas en Acción recuerda que ya Canarias ha hablado repetidas veces en la calle, como se ha podido evidenciar en las sucesivas manifestaciones históricas contra las prospecciones petrolíferas a las que han asistido más de 200.000 personas.
Finalmente, la federación ecologista anuncia que seguirá promoviendo acciones judiciales y movilizaciones ciudadanas que propicien la paralización de las prospecciones y evidencien “el perjuicio que supone contar con un gobierno que atenta contra los derechos más básicos de la ciudadanía. Para ello se abre un periodo de contacto con las diferentes organizaciones para definir cuales van a ser la estrategia de cara al futuro”.
