Rencor endémico contra la ULPGC
Maspalomas News ofrece a sus lectores un artículo de opinión de Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
Hay instituciones y actuaciones que trascienden en el tiempo y transforman a una sociedad, son capaces de impulsar aspectos de la comunidad en la que se integran y, en ocasiones, surgen de una voluntad popular abrumadora y creciente.
El impacto de la puesta en marcha de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria constituye, junto a la Ley de Puertos Francos que puso fin al estrangulamiento de nuestro comercio, la construcción del Puerto de la Luz y Las Palmas que nos situó en el centro de las rutas marítimas mundiales o la Ley de Cabildos y la división provincial que nos facilitaron autogobierno y capacidad económica para planificar nuestro futuro, uno de esos grandes acontecimientos que identifican el progreso de Gran Canaria.
Por ello, la conmemoración de la creación de nuestra Universidad es uno de los grandes y más “jóvenes” motivos de orgullo de la sociedad isleña y, también, de toda Canarias, porque se trata de un logro de y para toda la sociedad y especialmente para los 24.000 estudiantes de las ocho islas que actualmente acuden a sus aulas.
La celebración de su treinta aniversario es un acto solemne para la comunidad universitaria y también para el conjunto de la sociedad y sus instituciones. Su paraninfo acogió el pasado 26 de abril a todas las entidades y personas que durante estas tres décadas han levantado un proyecto que nació en la calle y que mantiene ese espíritu de rebeldía y de alegría por crear una universidad nueva, capaz de dar respuestas a una realidad compleja y diversa, propiciando el rápido crecimiento de las materias innovadoras. Pero los retos continúan. Las universidades canarias han de actuar ante un futuro vertiginoso en un presente cambiante y ese es el carácter que desde el Rectorado se ha dado a este aniversario.
Así fue la consecución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fruto de la mayor movilización de la historia de Gran Canaria. La sociedad insular mostró su unanimidad hasta conseguir la aprobación de la Ley de 26 de abril de 1989 que la hizo posible. Un hito histórico que supuso un antes y después en el devenir del Archipiélago, en su apuesta por el conocimiento, la investigación y el desarrollo. Hoy miles de profesionales realizan su actividad por todo el planeta con la titulación de la institución isleña que les acredita para participar en todos los sectores de actividad. Esos millares de personas tituladas por la ULPGC han tenido más sencillo acceder a la formación universitaria que la población que tuvo que desplazarse hasta hace treinta años fuera de la isla para realizar su carrera. Estudiantes que nunca imaginaron que en Gran Canaria tendríamos cinco campus y centros universitarios repartidos por varios municipios, así como los campus de verano, siete institutos de investigación, parques científicos y convenios que nos abren las puertas a colaborar con otras universidades y entidades de varios continentes.
Por todo ello, sorprendió a todas las personas presentes la ausencia del presidente del Gobierno de Canarias, de la Consejera de Educación o algún alto cargo de la Consejería. Tan solo se encontraban en el paraninfo el Consejero de Obras Públicas y el Vicepresidente del Gobierno de Canarias, que se ausentó a mitad del acto y antes del discurso del rector, Rafael Robaina, lo que evidencia una absoluta desconsideración al conjunto de la sociedad y se convierte en una muestra del escaso aprecio a una institución tan relevante y querida como es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta deserción es más dolorosa porque nos recuerda la posición contraria y opuesta a la creación de la Universidad que mantuvo permanentemente la formación política del presidente canario, plasmada en los votos contra las iniciativas y leyes para su creación. Creíamos que se había hecho autocrítica y reconocido la realidad de una institución académica plenamente integrada en la sociedad del archipiélago, pero se repiten los errores y se reviven los rencores de un sector que no representa al conjunto de la sociedad canaria. Ni la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ni la comunidad universitaria de las islas, ni los canarios y canarias en general, se merecen el desplante del Presidente y la Consejera de Educación. Es una vuelta a actitudes de un pasado de desunión y agravios que condenó a miles de jóvenes a no poder realizar los estudios que hubieran deseado, por una concepción de la enseñanza universitaria como un patrimonio exclusivo de una isla. Es un ejemplo del tipo de política basada en el resentimiento que todavía tenemos que combatir, porque crea discriminaciones entre la ciudadanía isleña que no podemos aceptar, sobre todo si viene de un presidente de Canarias.
El XXX aniversario de la creación de la ULPGC es la constatación de la necesidad y viabilidad de una institución académica de máximo nivel en esta provincia. Los agoreros y contrarios a esta demanda utilizaron durante décadas los argumentos de una universidad única, regional, para Canarias, con La Laguna como sede, al igual que sucedió con la demanda de un Instituto de Segunda Enseñanza en la isla de Gran Canaria, cuya creación fue posible en 1916 gracias a la financiación del recién creado Cabildo Insular.
Lo cierto es que los enemigos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hicieron gala de un carácter centralista contrario a los objetivos y deseos de gran parte de la población del Archipiélago, siguiendo los designios de determinados sectores insolidarios, atrapados en el resentimiento que produjo en ellos la aprobación de la Ley de Cabildos y la división provincial, ambos hechos acontecidos a comienzos del siglo XX. La isla de Tenerife conservaba su Universidad gracias precisamente a la ley de división provincial y no cejó en su lucha para frenar la demanda de la sociedad de la provincia oriental cuya población crecía y necesitaba una universidad.
En Gran Canaria, las instituciones y la sociedad civil venían movilizándose desde los años 50 reclamando una oferta universitaria acorde a la demanda y a las posibilidades de la población. La respuesta desde el rectorado lagunero fue la del boicot a la iniciativa del Cabildo de crear la Universidad Internacional Pérez Galdós. El Cabildo insistía en la demanda de crear facultades en Gran Canaria, contribuyendo con la construcción del Colegio Universitario de Las Palmas así como con el apoyo a las carreras técnicas y lo conseguía a cuenta gotas. La creación de la Universidad era imparable y aún así hubo quienes se opusieron por intereses contrarios a los de la mayoría de la sociedad canaria.
Una universidad es la garantía de madurez y juventud del lugar donde se ubica y de sus habitantes. Su impacto se extiende más allá de la propia comunidad. Es innegable que en apenas 30 años nuestra Universidad se ha implantado con éxito en este archipiélago atlántico y no reconocerlo es un error. Actuar en contra de esta realidad es ir en contra de los intereses de toda la Comunidad.
Pero eso no cuenta para el insularismo irredento que hoy ha llevado hasta la máxima expresión Fernando Clavijo y Coalición Canaria. Desgraciadamente, este insularismo cuenta en Gran Canaria con aliados ligados a poderes mediáticos y empresariales más algunos políticos y partidos que hacen de muletilla para sus intereses en muchas ocasiones, cuando no se cambian directamente la chaqueta como sucede con José Miguel Bravo de Laguna y Unidos por Gran Canaria.
Así hemos venido denunciando una y otra vez que Gran Canaria es la isla del archipiélago que menos recibe en inversiones per cápita; que con la distribución de los fondos del FDCAN dejamos de percibir cada año más de 20 millones de euros; que Tenerife controla las áreas responsables del territorio, la economía y el turismo de Canarias al disponer del 60% de sus altos cargos, frente a un 28% de Gran Canaria; que su control absoluto sobre la ZEC y Proexca hace que la mayoría de los inversores, interesados en generar actividad económica en las islas, se queden en Tenerife; que desde el inicio de la crisis hasta aquí Gran Canaria ha recibido 3.000 millones menos de inversión que Tenerife; que nuestra Universidad recibe, al menos, 5 millones de euros menos cada año que la Universidad de La Laguna…
En fin, el desprecio a la celebración del aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no es un hecho aislado y me preocupa y me alarma enormemente el silencio cómplice que, ante este tipo de actuaciones, se produce en una parte de la sociedad grancanaria.
