Presupuestos de 2018, oportunidad perdida
Los presupuestos de la comunidad canaria para 2018 han iniciado su trámite parlamentario. Se trata de unas cuentas públicas que comienzan a revertir los recortes de los últimos años pero con las que, por desgracia, se pierde una oportunidad para afrontar con rigor la cohesión territorial y social, así como para contribuir al crecimiento, la diversificación y la internacionalización de nuestra economía. Suben sus ingresos, gracias a las transferencias estatales, pero fallan al mantener una fiscalidad regresiva y en su orientación del gasto.
Respecto a los ingresos, su gran aumento está vinculado, en primer lugar, a la aprobación de la Disposición Final 19 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2017 que permite a Canarias acceder al Fondo de Competitividad del sistema de financiación, al eliminar los recursos tributarios del Régimen Económico y Fiscal (REF) del cómputo de la capacidad fiscal de la comunidad canaria para acceder a este fondo. Esto supondrá disponer de 416 millones de euros más que el presente año.
A ellos se suman 247 millones de euros de ingresos de carácter finalista procedentes del Estado. Lo que hace un total de 663 millones de euros, lo que constituye un punto de inflexión tras años de auténtico maltrato a las islas. Con la ventaja, además, de que estos ingresos no computan a efectos de la limitación de la regla de gasto establecida, para 2018, en el 2,4%.
Fiscalidad
El Gobierno canario continúa con su errática política fiscal, que le llevó en las cuentas de este año 2017 a reducir, por ejemplo, los impuestos sobre los perfumes y aguas de colonia para los turistas y, con ello, dejó de ingresar 21 millones de euros. Algunas de sus propuestas en estos presupuestos son acertadas, aunque la mayoría son de escaso impacto.
El conjunto de las rebajas fiscales recogidas para 2018 suponen disponer de 125 millones de euros menos en ingresos y, en consecuencia, una reducción, en la misma cantidad, de la capacidad de gasto en aplicación del artículo 12 de la ley estatal de estabilidad presupuestaria. Esas deducciones debieron ser compensadas con incrementos que posibilitaran, por ejemplo, aumentar las partidas para los servicios públicos o implementar un verdadero plan contra la pobreza y la exclusión, incluyendo la implantación de una renta básica canaria.
Rechazamos la disminución del 7% al 3% del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) en la telefonía, de baja repercusión en los usuarios, pero que supone detraer 40 millones de euros que podían dedicarse a políticas públicas. El Ejecutivo se equivoca, asimismo, al mantener la deducción total del impuesto de sucesiones y donaciones, como si fuera igual recibir una herencia por 100.000 euros que hacerlo por cinco millones de euros. Activándolo solo para cifras millonarias permitiría recaudar 30 millones de euros. Y otros 30 millones de euros se podrían lograr mediante un alza de los tipos incrementados del IGIC vinculados al consumo de lujo. La tasa turística, que reivindicamos desde hace años, posibilitaría un ingreso aún mayor.
Servicios públicos
Del aumento de ingresos se benefician, no podía ser de otra manera, los servicios públicos, que ven incrementadas su partidas respecto a las de 2017. Pero de manera insuficiente e insatisfactoria. No se consigue, en ningún caso, revertir los daños causados por las políticas de austeridad y recortes.
Sucede en la sanidad, cuyas cuentas pese, al incremento de 231 millones de euros, serán (tras el aumento posibilitado por el crédito extraordinario del pasado mes de julio y distintas modificaciones de crédito, unos 260 millones de euros) incluso inferiores a las reales de 2017. No se ajustan, en modo alguno, a los objetivos del Plan de Salud en asuntos como la diabetes, de gran prevalencia en Canarias, y la salud mental. No posibilitarán cambios profundos en una sanidad que ha tocado fondo y suscita críticas de profesionales y usuarios.
En educación, no solo no se alcanza el 4% exigido por la plataforma ciudadana y por la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en el Parlamento, sino que apenas se llega al 3,67% y el presupuesto sigue por debajo del que Canarias tenía en 2008. Cuando son muchos los déficits en educación infantil de cero a tres años, Formación Profesional, idiomas e infraestructuras, a lo que se añaden las necesidades en plantillas docentes.
Y el fracaso es más rotundo aún en el área social pese al aldabonazo que debiera haber constituido el conjunto de datos sobre la pobreza aportados en la reciente publicación de la tasa Arope, en la que Canarias lidera la pobreza en España con un 44,6% (más de 16 puntos por encima de la media española) y duplica también la tasa de pobreza severa estatal.
El plan contra la pobreza y la exclusión sigue infradotado, apenas 15 millones de euros. La Prestación Canaria de Inserción (PCI) se queda con el mismo presupuesto que el año anterior. Se estancan los planes concertados con los ayuntamientos. No se incrementan las ayudas de emergencia social. La ley de dependencia no recibe ni un solo euro más que en 2017, a pesar de encontrarnos a la cola del Estado. Pese a la elevada demanda, se sigue careciendo de políticas de vivienda y crecen escasamente las partidas para la lucha contra la violencia de género.
Además, este presupuesto no incide nada en el pretendido cambio del modelo productivo. Disminuyen las partidas destinadas a Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). Es mínimo el apoyo a los sectores –comercio, industria, turismo…- y, por tanto, no ayuda a diversificar la economía. Las partidas para obras hidráulicas se reducen un 42%, a pesar del gran impacto social y mediático del pasado verano sobre el grave problema de los vertidos al mar de aguas residuales sin tratar.
En definitiva, en estas cuentas públicas contrasta su importante crecimiento de ingresos estatales con una fiscalidad canaria no progresiva que impide contar con más recursos; y con unos gastos que no impactan lo necesario en lo que afecta a la calidad de vida de la ciudadanía, al incremento de los niveles de equidad social y a la diversificación y crecimiento de la economía. Un conjunto de poderosas razones que hacen muy difícil que Nueva Canarias (NC) pueda dar su apoyo a las mismas.
