Sin Dios ¿nada es verdad, todo vale?
Los periódicos se caracterizan por publicar, fundamentalmente, noticias y comentarios. Las noticias pretenden referir hechos de interés general, por lo que la veracidad debe ser el cimiento de sus relatos: los hechos que se cuentan y los datos que se ofrecen deben ser comprobables mediante fuentes fiables y contrastadas. Además, en la exposición debe evitarse la tendenciosidad. Es en sociedades democráticamente avanzadas donde la población tiene el crucial derecho a no ser manipulada informativamente. Lo que no es poco, pues el derecho a la expresión libre en la emisión de información veraz es un requisito fundamental para asegurar una prensa y una ciudadanía no subordinadas a los intereses de los poderes públicos o privados.
Los comentarios periodísticos, al contrario de las noticias, son opiniones subjetivas que se expresan con medios retóricos. En los artículos de opinión los hechos sirven de argumento de persuasión a las valoraciones que se proponen, no las fundamentan. En este caso, el derecho a la libre expresión es un logro de las sociedades plurales, que, aunque resulte controvertido, toleran que se pueda opinar de todo, en público. Eso sí, las vulneraciones que contengan las apreciaciones que se viertan a los derechos de terceros, pueden ser objeto de sanción jurídica. Y bien está que así sea, pues la adhesión o el rechazo a determinados valores, por muy subjetiva que sea, no puede exonerar de responsabilidad pública.
Como no se pueden alabar actitudes inhumanas, ni vilipendiar el honor personal, sin consecuencias, en las páginas de opinión de los periódicos, habitualmente, lo más criticable que se suele dar son ejercicios de persuasión “de parte”, apreciaciones que buscan más la adhesión de los propios que la aquiescencia general, empleando a menudo para ello, recursos de mala retórica, como es el de exigirle al que se tilda de contrario lo que no se le está dispuesto a dar.
La carta abierta, publicada recientemente en distintos periódicos, de don Francisco Cases, obispo de la diócesis de Canarias, no es ajena a estas prácticas. Para empezar, el título de su escrito, “A quien quiera leerme”, llama a confusión, pues parece ir dirigida al público en general; no obstante, al utilizar la fórmula “Queridos hijos y hermanos”, hace evidente que se dirige solo a sus feligreses. A continuación, y refiriéndose a la coreografía musical que resultó ganadora en la última edición de un evento carnavalesco, afirma estar “(…) viviendo ahora el día más triste de mi estancia en Canarias. Ha triunfado la frivolidad blasfema en la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria”. El por qué considera ese suceso desfavorable en grado sumo, según el mismo expresa, más que “el día del accidente en Barajas del avión que partía hacia Gran Canaria”, es algo que, moralmente, no justifica.
Desde luego, la blasfemia en el pasado –y, actualmente, en los intransigentes regímenes teocráticos- se consideró un delito grave, castigado hasta con la muerte. En occidente, no obstante, ya en la Revolución Francesa, que desarrolló e instauró la libertad de religión y de prensa, se abolió la prohibición de la blasfemia. Por respeto a la pluralidad, por tolerancia con las distintas creencias. Incluidas las que no creen en dioses o en religiones.
El señor obispo, ajeno a todos estos valores, considera que “Sin Dios, nada es verdad. Todo vale”, que, fuera de la fe, no hay espacio para la prudencia y la ética. Obvia el decir que, con la secularización de la justicia -el paso de la esfera religiosa a la civil-, el respeto a todo tipo de creencias está reconocido como un derecho humano. Y que ante la evidencia de la multitud de credos (y de descreimientos) existente lo que debe prevalecer entre animistas, politeístas, monoteístas, gnósticos, agnósticos y ateos es la tolerancia mutua, no el imposible respeto a cada parte. Subjetividad, sí, pero responsable.
