Para el STEC-IC la LOMCE solo se derogará con la lucha social y política
El STEC-IC quiere manifestar públicamente, mediante este comunicado de prensa, su rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, según han dado a conocer diferentes medios, dará por buenos determinados apartados de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa). Tal y como anuncian dichos medios, el pleno del alto tribunal se reunirá esta semana para avalar la constitucionalidad de las ayudas públicas a los colegios privados que segregan por razón de sexo, el tratamiento de la asignatura de religión o la selección de alumnado según sus capacidades. La ponencia que estudiará el pleno ha sido redactada por el magistrado Alfredo Montoya y contará con el respaldo del resto de la mayoría conservadora del tribunal; con lo cual la ley del exministro Wert tendrá garantizada su continuidad desde el punto de vista legal.
Para el STEC-IC (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias – Intersindical Canarias) esta sentencia, aun siendo esperada dada la actual composición mayoritariamente conservadora del TC, es una mala noticia para la enseñanza pública. Para esta organización es muy grave que con dinero público se sostenga económicamente a centros con prácticas educativas reaccionarias que separan a alumnos y alumnas, que se permita el adoctrinamiento religioso, que la religión se homologue académicamente con el resto de asignaturas, o que se rompa la comprensividad de la enseñanza seleccionando al alumnado según sus capacidades.
La sentencia que dictará el TC demuestra que con su actual composición la lucha legal contra la LOMCE es una vía agotada. Para el STEC-IC el nuevo escenario que se perfilará con la sentencia del TC servirá para fortalecer las posiciones más conservadoras en materia educativa. Con ello sólo podemos concluir que el año y medio que han durado los trabajos de la subcomisión parlamentaria del llamado Pacto Educativo solo ha servido para que el gobierno estatal haya ganado tiempo y haya consolidado la LOMCE hasta su ratificación constitucional.
En el sindicato están convencidos de que en lugar de la lucha legal solo cabe la movilización social y política. Únicamente con la presión en la calle y la movilización de todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, familias y estudiantes) se conseguirán las mayorías políticas necesarias para cambiar una ley que la mayoría social del país viene rechazando desde su tramitación parlamentaria y aprobación hace cinco años.
