Turcón denuncia en Fiscalía las obras de una rotonda de El Veril de acceso al Siam Park
Turcón Ecologistas en Acción ha denunciado ante Fiscalía las irregularidades detectadas con ocasión de la proyección y pretendida ejecución de una rotonda de acceso a Playa del Inglés, “dirigidas a beneficiar al promotor privado del parque acuático Siam Park, con la connivencia, en este caso del Consorcio Maspalomas Gran Canaria”, sostiene el colectivo ecologista.
Según Turcón, dicha obra, actualmente en ejecución, “será sufragada con el dinero público de todos los ciudadanos siendo así que, conforme al Planeamiento vigente -el PMM de El Veril- tales obras deben ser sufragadas por el promotor del parque acuático”.
Tal y como expone Turcón Ecologistas en Acción en su denuncia, se desconoce el sistema de controles que permite que se conceda licencia a una obra en contra de las determinaciones del planeamiento en vigor. El PMM El Veril que es el planeamiento vigente, insiste en toda su documentación que no corresponde al Consorcio Maspalomas la organización y gestión de esta obra, licencia que se concede al margen de dicho planeamiento.
Añaden que la ejecución de la rotonda debe ser sufragada por el promotor, Loro Parque S.A. y no por el Consorcio de Maspalomas. Toda la organización del territorio contenida en el PMM señala que esta obra corresponde a una carga que debe ser sufragada por el promotor, dado que es una necesidad de acceso que, estando resuelta en la actualidad, debe rehacerse para habilitar futuros accesos a la nueva implantación.
Respecto a la urgencia del procedimiento para la ejecución de la rotonda, llama la atención la urgencia que se le asigna al expediente de ejecución de esta rotonda con cargo al FDCAN, cuando es lo cierto que el Plan Territorial Especial 21 concedía un plazo de seis meses para la determinación de la nueva localización de la Estación del tren de Playa del Inglés, habiendo transcurrido cuatro años desde entonces sin que haya noticias de esta decisión de planeamiento que condiciona el diseño de esta Rotonda que, para más escarnio en el caso de aprobarse dicha propuesta, obligaría posteriormente a la demolición de esta rotonda.
También destacan que se está difundiendo el argumento, por parte del promotor y de las administraciones interesadas en esta intervención pese a quien pese, que el último obstáculo que le resta al acto firme de ejecución del Parque es la Licencia de Obras desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, cuando es lo cierto que dicha ejecución está condicionada y suspendida hasta tanto se concrete la localización y condiciones de la nueva estación de Playa del Inglés que determina con carácter categórico que dicha suspensión no habilita a la ejecución del Parque Acuático (ver Boletín Oficial de Canarias núm. 218 del martes 10 de noviembre de 2015). Todo ello sin perjuicio de que, en contrario a lo publicado, para acceder a la licencia, como bien argumenta el señor alcalde, sea preciso aprobar los documentos de gestión y urbanización con sus correspondientes períodos de Información Pública que permitan a los ciudadanos personarse en el expediente y darles la transparencia que, hasta este momento se han orillado por los intereses en presencia.
Un parque acuático en el sur. Justo lo que necesitamos
Desde que la entidad Loro Parque, S.A anunció su intención de instalar su negocio en San Bartolomé de Trajana, los ciudadanos somos constantemente bombardeados por informaciones interesadas que ponen de relieve los supuestos beneficios económicos que se producirán para nuestra economía y las millonarias inversiones que dicha empresa realizará. Sin embargo, se constata que lejos de realizar dichas inversiones millonarias, la entidad Loro Parque, S.A pretende, que los canarios financiemos con nuestros impuestos obras que solo a ésta le corresponde realizar conforme al planeamiento vigente.
Ante tales hechos, nuestro colectivo no puede permanecer indiferente, motivo por el cual hemos procedido a denunciar los mismos ante Fiscalía, en el convencimiento de que las autoridades judiciales puedan llegar a conocer del asunto y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de este asunto.
¡Ya somos todos felices! Para paliar nuestra crisis viene un gran benefactor a instalarnos un parque acuático en el Sur. Justo lo que necesitamos, en la sociedad del pleno empleo, del rigor en las cuentas públicas, de la educación en máximos históricos, de la sanidad de plena satisfacción y de nuestros mayores perfectamente atendidos, en ese mundo ideal en el que solo se deja entrar a los profesionales de la política, únicamente se echaba en falta un negocio para que un filántropo venga a invertir sus modestos ahorros para beneficio de la sociedad.
Para ello, qué importancia tiene que unos señores hayan vendido y otra haya comprado una propiedad pública, el cauce del Barranco de La Maleza, propiedad que es de todos pues forma parte del patrimonio común, el cual no se puede poner en el mercado como una mercancía.
Poco importa que se haya hecho un remedo de concurso (por parte del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria) para la concesión del dominio público, si se había comprado ¿para qué se pide luego la concesión?, concurso en el cual se publica en la opinión pública, antes del cierre del plazo de alegaciones, que ya estaba concedido el premio a aquel particular.
Si para conseguirlo hay que retorcer la legalidad del territorio pues, se hace y se vende como un milagro de la gestión pública, todo es cuestión de marketing y aquí viene la gran pregunta ¿Cuánto nos va a costar el capricho? Cuánto vamos a tener que aportar todos los canarios para que se consiga el aclamado (por ellos) proyecto de parque acuático, y vamos a intentar hacer las cuentas…
Para que el gran benefactor pueda instalar el parque acuático se hizo, a través de la empresa pública Gesplan, el llamado Plan de Modernización de El Veril en Playa del Inglés, poco importa que los objetivos de la Ley que ampara este tipo de ordenación no contemplen estas actuaciones que no son ni de renovación de la planta turística, ni de remodelación del espacio público y cuyo interés pervierte todos los principios de la lógica del territorio.
Antecedentes
En los últimos años se ha publicitado la idea de la próxima implantación de un Parque Acuático en Playa del Inglés, en la zona de El Veril, a imagen y semejanza de una instalación similar existente en Tenerife, idea a la cual se han sumado intereses comerciales, turísticos y las más altas autoridades de nuestras islas, aplaudiendo tal iniciativa con el argumento de unos teóricos puestos de trabajo y una gran inversión.
La noticia presenta a la opinión pública las grandes ventajas de que, en estos tiempos de depresión, alguien esté dispuesto a arriesgar su economía para ayudar a nuestra sociedad a mejorar. Hasta este punto no hay nada que objetar, únicamente se transmite aquello que conviene a los defensores de la idea, como si el sitio en que se va a colocar estuviese limpio de antecedentes y como si el invento no nos fuese a costar un sólo euro a los ciudadanos. Y como si fuese completamente legal la implantación en esa localización y permitida por la ordenación anterior.
En estos días se ha publicitado la polémica surgida entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el promotor del Parque, centrada en la aparente negativa de éste a afrontar las cargas que las leyes, desde la constitución española a las del suelo, imponen a las actuaciones que tienen como resultado una implantación de negocio. Todo ello en la creencia por parte del promotor de tener derecho integral a los beneficios de su inversión, trasladando a los ciudadanos las cargas.
Todo ello resulta en paralelo a la obra actualmente en ejecución de la Rotonda de acceso a Playa del Inglés por la Calle Escorial que se pretende sufragar con cargo al FDCAN, reserva de fondos públicos, destinada a obras de completamiento y mejora de nuestro territorio que deberían ser especialmente cuidadosas en su destino dadas las necesidades existentes para en bien de todos.
Para que el gran benefactor pueda instalar el parque acuático se hizo, a través de la empresa pública Gesplan, el llamado Plan de Modernización de El Veril en Playa del Inglés, poco importa que los objetivos de la Ley que ampara este tipo de ordenación no contemplen estas actuaciones que no son ni de renovación de la planta turística, ni de remodelación del espacio público y cuyo interés pervierte todos los principios de la lógica del territorio.
Conclusión
En conclusión, para facilitar el capricho del promotor, se quebranta la lógica del territorio, un cauce público, que es de todos y se vende a un particular, un barranco que, en palabras de los jueces “no hay más remedio que sacrificar en aras de la urbanización” pese a los valores naturales certificados por el propio Gobierno, y a los hallazgos arqueológicos amenazados de destrucción. Además, se acude a todas las argucias excepcionales y urgentes que ofrece la Ley para anular décadas de planeamiento regular en el sector y sustituirlas por un plan dedicado a la renovación de edificaciones obsoletas en suelo turístico, como si aquí hubiese algo que renovar y, para rematar todo este disparatado entramado se pretende subvencionar con dinero público una rotonda que únicamente sirva para acceder al pretendido Parque.
En el fondo de este asunto lo que aparece es que, al objetivo último del interés de un particular, se quiere confrontar el interés público evidente del transporte ferroviario de Las Palmas de Gran Canaria a Maspalomas y, visto lo visto, se está dispuesto a sacrificar la totalidad de esta infraestructura, para que este promotor pueda construir su juguetito y, en este sentido, aquí en Canarias cuando un niño se pone “perretoso”, en algún momento habrá que decirle “nene, caca”
Recursos judiciales presentados
El Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción hasta el momento, tiene presentado un Recurso Contencioso Administrativo contra la licencia de Canalización del Barranco (aún por resolver en los tribunales) y dentro del mismo procedimiento también pedido las “medidas cautelares” para salvaguardar el patrimonio allí existente. Este último procedimiento, nos llegó la sentencia estos días, desestimando el recurso presentando ante la Sala del TSJC.
Por tanto, queda conocer la resolución judicial de primera instancia del Contencioso Administrativo.
