Turcón presentó alegaciones al Proyecto de Central Hidroeléctrica de Bombeo Soria-Chira
Las condiciones de seguridad de las presas, el patrimonio histórico y arqueológico, la biodiversidad del lugar (Parque Rural del Nublo y Reserva de la Biosfera), los caminos y pistas que se abrirán para las acometidas y que tendrán que ser estudiados de manera exquisita tal como exige la legislación ambiental y la restitución de la realidad física alterada, son otros de los puntos tratados en la alegación de Turcón. Finalizando los ecologistas con su oposición al proyecto de una “Estación desaladora de agua de mar (EDAM) de unos 4,200 m3/día de capacidad, instalada en el sistema como complemento de las aportaciones naturales del mismo, así como la impulsión de agua desalada hasta la presa de Soria, que incluye: conducción barranco arriba, etc”. Entiende Turcón que se trata de “colar” una EDAM, otro proyecto lucrativo que pone en riesgo varias cuestiones (poco estudiadas) como el vertido de salmuera al litoral, el incremento de la demanda energética, no solo por la propia producción y bombeo de agua desalada sino por la alta evaporación de agua desalada en la presa, la alteración de la calidad del agua de las presas y su efecto sobre la biodiversidad de la presa, los suelos, acuíferos, los cultivos agrícolas, etc. Un impacto territorial y ambiental, poco asumible a costa del proyecto estratégico de la Central Soria-Chira
En el extenso documento de alegación presentado, una de las primeras cosas que plantean los ecologistas de Turcón, es el plazo elegido por la Consejería de Industria para la exposición al público del Proyecto. Según Turcón “eligieron el plazo más breve que permite la legislación para que los ciudadanos, interesados, particulares afectados, empresas afectadas o con intereses, pudieran estudiar este macro expediente que se compone de una ingente cantidad de documentos y cajas de proyectos y memorias imposible de abordar en tanto solo 30 días”.
Los ecologistas critican que la fórmula elegida es una auténtica burla a estos procesos participativos y que lo único que buscan es cumplir solo con lo preceptuado en la legislación básica, con la excusa posterior, de que las personas no alegaron. En expedientes de parecido calibre, por ejemplo, un Plan General de Ordenación de una gran ciudad o documentos de planificación de los ENP, se suelen habilitar hasta dos meses.
En esta ocasión, la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y su Dirección General, además, en un mismo expediente quieren aprobar hasta cuatro procedimientos diferentes. A saber: la autorización administrativa; la aprobación del proyecto; la declaración de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública.
“Cuatro en uno, inaudito, reprochable y denunciable” es lo que los ecologistas subrayaron en su alegación, añadiendo que da la sensación de que se quiere sacar el proyecto “a marcha martillo”, al margen de lo que opine la ciudadanía; o, por ejemplo, la búsqueda de alternativas a las opciones que plantea la empresa privada.
