Un cambio de ciclo necesario
La confirmación del pacto de progreso en Canarias ha soliviantado a los poderes políticos, mediáticos y empresariales que han sostenido al régimen de CC-ATI en los últimos años. La caída del sistema clientelar instalado en Canarias a la sombra de CC-ATI ha provocado igualmente una reacción virulenta en distintos sectores ligados a los negocietes y al insularismo ático más recalcitrante. Los que han permanecido en silencio durante las últimas cuatro legislaturas que han estado presididas por un tinerfeño miembro de CC, han salido en tropel y sin pudor para denunciar su preocupación por un supuesto desequilibrio en el futuro Gobierno a favor de Gran Canaria. Los que han tachado de insularistas a los que hemos denunciado la creación de una estructura de poder para poner palos a las ruedas al desarrollo de Gran Canaria ponen ahora sus medios de comunicación y organizaciones empresariales a cuestionar el acuerdo alcanzado por el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG.
El primero en marcar la estrategia fue el presidente del Cabildo de Tenerife que el día de su toma de posesión, el pasado 21 de junio, señaló el escoramiento del nuevo Gobierno de Canarias hacia Gran Canaria. Carlos Alonso pidió al nuevo ejecutivo que trabaje de manera equilibrada con todas las islas so pena de elevar el tono si fuera necesario en defensa de Tenerife. A partir de ese momento, el periódico El Día (del mismo grupo editorial que La Provincia) puso en marcha una campaña de claros tintes insularistas. Si el día 23 de junio anunciaba una “alerta empresarial por el poder grancanario en el Gobierno” y echaba mano de declaraciones de miembros de la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Tenerife, el día 24 daba cancha a la federación de constructores tinerfeña (FEPECO) para hacernos llegar que “a los políticos de Gran Canaria les vale más el nacimiento que su responsabilidad”. No se ha conformado el Gobierno y ya se pone en marcha un indisimulado acoso mediático empresarial. Mientras, en Gran Canaria llevamos soportando gobiernos con estrategias clarísimas de marginar a esta isla y muchas de nuestras organizaciones empresariales ni han estado ni se les espera.
De manera paralela, los diarios La Provincia y El Día (insisto en que los dos son del mismo propietario) llevan a titulares que el nuevo Gobierno revisará la Ley del Suelo, implantará una Renta Básica, eliminará las reducciones fiscales e implantará una tasa turística. Por supuesto, en días sucesivos, dedica las portadas a las manifestaciones de oposición frontal de distintas organizaciones empresariales tinerfeñas y grancanarias. Todos contra la tasa turística, la renta de ciudadanía… El presidente de la CCE de Las Palmas asegura que las decisiones pactadas para el nuevo Gobierno de Canarias eran “antisociales”. En definitiva una campaña en toda regla que se traslada después a las emisoras de radio y los diarios digitales que hasta ahora han formado parte de una acorazada mediática al servicio de un lobbie de poder encaminado a defender a CC-ATI y a proteger los réditos, los chanchullos y las prebendas pactadas. Todo con dinero público.
Tras dieciséis años seguidos de gobiernos presididos por miembros tinerfeños de CC-ATI, resulta paradójico que los diarios de Editorial Prensa Ibérica –con los correspondientes ecos radiofónicos amigos- insistan en estar atentos a los desequilibrios que se pudieran producir si accede a la presidencia de Canarias un grancanario y durante el mandato que ha finalizado me hayan acusado de insularista y hayan organizado en mi contra distintas campañas –pactadas con el entorno de Fernando Clavijo- encaminadas a minar mi credibilidad por denunciar desequilibrios y marginaciones contrastadas en contra de Gran Canaria y por no aceptar proyectos social y económicamente insostenibles.
Pero los datos nos muestran la verdadera realidad. En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2015, Gran Canaria experimentó una tremenda bajada en su participación en el PIB regional y pasó de representar el 42% del total al 38,6%. Dado que no se han publicado los datos desconocemos la evolución posterior, desde el 2015 hasta el momento actual. Para la Confederación de Empresarios – nos lo ha recordado hace unos días- la caída se debe, entre otras cosas, a un trato discriminatorio por parte de las administraciones públicas para con esta isla en las inversiones en unas cifras que superan los cuatro mil millones. Por cierto, ¡qué poca trascendencia ha tenido esta información!
En ese margen de tiempo nos rebasaron, y nos desplazaron al quinto lugar en el Valor Bruto Añadido, islas como Tenerife, La Gomera, Lanzarote o Fuerteventura. Todas ellas siguen recibiendo inversiones per cápita muy por encima de Gran Canaria. Recuerden que para la distribución del FDCAN se utilizó inicialmente la fórmula de la triple paridad y cuando lo combatimos duramente se nos tachó repetidamente de insolidarios. Y aunque conseguimos frenar esa fórmula de reparto, el sistema elegido –al no aplicarse el modo de distribución del REF que incluye criterios de solidaridad para las islas no capitalinas-, hace perder cada año a Gran Canaria alrededor de 11 millones de euros.
El 31 de julio de 2015, a petición de Unidos por Gran Canaria (ahora socios amantísimos de CC-ATI), se creó una comisión de investigación para analizar los posibles desequilibrios para con Gran Canaria por las actuaciones del Gobierno Autónomo. Los resultados fueron esclarecedores. Se detectaron desviaciones importantes en el capítulo de inversiones, dotaciones sanitarias, financiación de las dos universidades canarias y dificultades para las inversiones en hoteles y apartamentos de cuatro estrellas, entre otras cosas. Pero descubrimos algo más grave: la distribución territorial de los cargos públicos intermedios de la Comunidad hace que Gran Canaria solo disponga del 29% frente a un 53% de Tenerife: en el área económica un 27% frente al 51%, en el área territorial un 20% frente al 50% y en el área turística un 25% frente al 58%. Más de un 50% de las personas asignadas para el control de las áreas que intervienen en el territorio, el turismo o las áreas económicas (Promotur, Oficina Canaria en Bruselas, Proexca…) son de Tenerife y las grancanarias jamás llegan a un 30%. Apenas a un 25% de media. Y sucede lo mismo con los altos funcionarios e incluso con la distribución física de las oficinas.
Y aquí está la madre del cordero. Se ha ido tejiendo una estructura de poder que lo controla todo, que lo decide todo. Ha sucedido igualmente con la ZEC o con la distribución de los recursos del Fondo de Compensación Interportuario (FCI). El puerto de Santa Cruz de Tenerife aporta a este Fondo 916.000 euros y va a recibir 12,3 millones de euros, mientras que el puerto de Las Palmas aporta 1,9 millones y va a recibir 5.5 millones. No es algo nuevo.
Las instituciones autonómicas canarias no han servido en muchísimas ocasiones al interés general. Después de 25 años controlando el poder autonómico, ATI-CC se ha constituido en un freno para la solidaridad interinsular, para las políticas de progreso, para el equilibrio. Su presencia continuada y su control de la administración autonómica han permitido un desequilibrio inversor evidente y un traslado permanente de puestos de trabajo y de sedes para garantizar ese dominio. Han conseguido transmitir que quien quiere conseguir algo tiene que pasar por la cercanía o complicidad con el poder tinerfeño. Hemos consolidado una especie de régimen inamovible que propicia un déficit democrático brutal: con los representantes de algunos partidos políticos anteponiendo sus intereses y su estrategia al interés de la Isla a la que representan (el caso de Unidos por Gran Canaria es la expresión última); con muchos empresarios echados en sus brazos sin condiciones desde el miedo o el egoísmo ( algunos consejeros fueron designados expresamente por ellos); con una acorazada mediática –bien pagada a través de la TVC, la publicidad generosa o los negocios- dispuesta a acallar las voces críticas y a justificar los desafueros, con una parte de la sociedad civil mirando para otro lado…
Canarias después de 35 años de autonomía -donde se reconoce su identidad singular y el derecho al autogobierno- ha desaprovechado parte de estas potencialidades y está lejos de los objetivos que marca el artículo 1 del Estatuto de Autonomía que son: la defensa de los intereses canarios, la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario -del que emanan sus poderes- el desarrollo equilibrado de las islas y la cooperación con otros pueblos en el marco constitucional y estatutario. Este desequilibrio se ha vivido con mayor fuerza en Gran Canaria donde CC es residual o no existe y donde el modelo de desarrollo de la mayoría de ayuntamientos y Cabildo contradice las políticas conservadoras de los últimos años. El hartazgo en Gran Canaria -y en la mayoría progresista de nuestra población- del control de ATI sobre el gobierno canario y la administración autonómica ha sido refrendado en las urnas el pasado 26 de mayo. No se sostienen los desequilibrios inaceptables de inversiones ni las políticas públicas nefastas en Sanidad, Educación o Dependencia
Los poderes fácticos que han sostenido y vivido de ATI tocan a rebato y se resisten al cambio como gato panza arriba. Aún no había tomado posesión como presidente Cabildo de Gran Canaria y se lanzaron a animar una moción de censura. Aún no se ha conformado el nuevo Gobierno de Canarias y ya despliegan todas sus armas para atacarlo. Afortunadamente la realidad es que se ha puesto fin a un ciclo que parecía interminable y que se abre un tiempo nuevo en el que Gran Canaria ya no va a estar sola.
