Un cierre exprés con intenciones políticas: La intencionalidad de Conchi Narváez y Samuel Henríquez era causarme un daño económico
“Justicia para Chiringays: El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana deberá responder por un precinto ilegal”
El Carnaval Internacional de Maspalomas 2022 estuvo marcado por la polémica. Lo que debía ser una de las zonas de ocio más vibrantes de la fiesta, Chiringays, terminó convertida en un símbolo de arbitrariedad política y atropello administrativo. Tres años después, la justicia ha dictaminado que el Precinto impuesto por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana era nulo de pleno derecho, al no haber seguido el procedimiento legal.
La sentencia es firme y no admite recurso, pero el daño económico causado a la empresa promotora, Poppy Garden, ha sido devastador. Ahora, la compañía reclama 250.000 euros en daños y perjuicios, una cifra que, si prospera la reclamación, deberá salir de las arcas municipales.
Sin embargo, los responsables de la empresa han declarado que no permitirán que sean los ciudadanos quienes paguen por la “chapuza” del Ayuntamiento, y que exigirán responsabilidades personales y económicas a los entonces mandatarios Conchi Narváez y Samuel Henríquez.
Un cierre premeditado para causar el mayor daño posible.
El fallo judicial ha confirmado lo que los empresarios denunciaban desde el primer momento: el precinto no solo era ilegal, sino que tuvo una clara intencionalidad de causar perjuicio económico.
La cronología de los hechos es escandalosa:
Sin denuncia previa: No existía ninguna queja formal contra Chiringays antes del cierre. La única denuncia, registrada en Santa Lucía de Tirajana el 6 de junio, llegó al Ayuntamiento de Maspalomas un día después del precinto, por lo que no pudo ser el motivo de la inspección.
Procedimiento exprés: En apenas cuatro horas, se ordenó, ejecutó y comunicó el cierre de Chiringays.
10:28 – Se ordena la inspección policial.
10:15 – La Policía inspecciona el recinto.
13:29 – Se redacta el informe jurídico.
14:18 – Se firma el decreto de precinto.
Comunicado de prensa antes del cierre: A las 12:00 del mediodía, el gabinete de comunicación del Ayuntamiento envió una nota de prensa anunciando el cierre de Chiringays, antes incluso de que existiera el informe jurídico que lo justificara.
Un golpe económico premeditado: El precinto se ejecutó el mismo día en que el Carnaval daba inicio, cuando los empresarios ya habían invertido en personal, logística, infraestructuras y mercancías.
“Si la intención hubiera sido regular una presunta irregularidad, el Ayuntamiento habría accionado antes, no cuando toda la inversión estaba hecha”, denuncian los promotores.
Una factura de 250.000 euros… ¿Para los ciudadanos o para los responsables políticos?
Ahora, la empresa afectada comienza un procedimiento para reclamar 250.000 euros en daños y perjuicios, cifra que, si se resuelve a su favor, deberá pagar el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Es decir, los vecinos del municipio tendrían que asumir las consecuencias de una decisión política irresponsable.
Sin embargo, desde Poppy Garden han sido claros: no permitirán que el costo de esta arbitrariedad recaiga sobre los ciudadanos, y por ello exigirán responsabilidades personales a Conchi Narváez y Samuel Henríquez, quienes tomaron la decisión de ordenar el precinto.
Este caso pone en evidencia un uso abusivo de la autoridad municipal con multas políticas y un desprecio total por la seguridad jurídica y los derechos empresariales. Más allá del daño a una empresa privada, el escándalo del precinto de Chiringays sienta un precedente peligroso: el de una administración capaz de arruinar negocios de manera exprés, sin cumplir la ley y sin importar las consecuencias.
La gran pregunta ahora es ¿quién pagará la factura de este atropello?
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