Un juez condena al padre de la exalcaldesa socialista Conchi Narváez por un centro de hípica ilegal
El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a Julio Narváez Ávila, padre de la exalcaldesa socialista de San Bartolomé de Tirajana Conchi Narváez, a las penas de un año de prisión, una multa de seis euros diarios durante seis meses, e inhabilitación profesional durante un año en oficios relacionados con la construcción y promoción inmobiliaria por un delito contra la ordenación del territorio al construir un centro de hípica en suelo rústico en el barranco de Ayagaures, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
Primera alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana
La socialista Conchi Nárvaez, actual directora general de Infraestructuras del Cabildo Insular de Gran Canaria, ostentó el cargo de alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana (la primera) de julio de 2005 a junio de 2007, tras una moción de censura presentada contra su socio de gobierno el PP de Marco Aurelio Pérez (10 concejales), con la unión de los votos de CC (9) y los del PSOE (2).
Suelo rústico potencialmente productivo agrícola
La sentencia dictada el pasado 2 de febrero considera probado que Julio Narváez construyó y financió las instalaciones en terrenos clasificados en el Plan General de Ordenación como suelo rústico potencialmente productivo agrícola entre los años 2002 y 2013, sin disponer de modo palmario de licencia urbanística ni calificación territorial, sirviéndose únicamente de una licencia municipal de obra menor.
También recoge que “en este frenesí constructivo al margen de la legalidad, el acusado rebasó las obras que fueron autorizadas, superó la superficie construida y modificó la ubicación de las mismas, respecto a las consideradas en el proyecto técnico”.
Demoler las obras antes de un año
Durante al vista oral celebrada el pasado viernes, Julio Narváez reconoció los hechos y pactó con el Ministerio Público reparar el daño ocasionado en este paraje de San Bartolomé de Tirajana, motivo por el cual tendrá que proceder a la demolición de las obras en un periodo máximo de un año y a entregar al juzgado que sigue la causa las ganancias derivadas del delito por el que ha sido condenad, informa La Provincia/DLP.
