Un juez da la razón a AV-SLT declarando ilegal un decreto del alcalde Santiago Rodríguez
Un juez da la razón a AV-SLT declarando ilegal un decreto del alcalde Santiago Rodríguez donde vulneraba el derecho de acceso al empleo público en un Plan de Empleo Social para personas en situación de riesgo
El alcalde Santiago Rodríguez, junto a los concejales del grupo de gobierno, contrataron a 26 personas dentro de un Plan de Empleo Social sin seguir ningún procedimiento de preselección y sin ningún tipo de publicidad de la convocatoria. Todo ello para meter por la puerta de atrás a miembros de sus partidos y parejas de concejales.
El pasado mes de marzo, Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana ponía en conocimiento de los vecinos la contratación a dedo (una vez más) de personal para el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Una práctica habitual, ampliamente conocida durante los distintos gobiernos de Nueva Canarias, y que tiene continuidad actualmente en el pacto con Fortaleza-Coalición Canaria y Partido Popular.
Además, el grupo político municipal AV-SLT interpuso un contencioso-administrativo contra el decreto 5356 de Alcaldía, cuya sentencia del juez del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria ahora da la razón.
Desde AV-SLT se solicitó también aplicar la doctrina de los aprobados de buena fe, para evitar perjudicar a los trabajadores contratados que, en definitiva, no tienen por qué sufrir las consecuencias de unas irregularidades cometidas por el alcalde y su grupo de gobierno.
En esta ocasión, el decreto del alcalde sirvió para realizar 26 contrataciones con cargo a una subvención del Cabildo de Gran Canaria para personas en situación de riesgo, saltando el escándalo cuando AV-SLT detecta entre las personas contratadas a miembros que fueron en las listas electorales de los partidos del gobierno, parejas de concejales del grupo de gobierno y personas estrechamente relacionadas con algunos miembros del grupo de gobierno.
El escándalo es aún mayor, pues el alcalde Santiago Rodríguez no solo contrata a dedo a personas allegadas y/o afines a los partidos del grupo de gobierno sino que, además, se salta la ley para hacerlo, como recoge la sentencia al definir con estas palabras la actuación: “(…) Del total de 26 candidatos inicialmente propuestos, 16 cumplían los requisitos fijados en la convocatoria. Los 10 restantes fueron seleccionados entre los candidatos propuestos por el Servicio Canario de Empleo (Folio 240 del EA, página 327 del archivo PDF), sin que conste en modo alguno publicidad de convocatoria o procedimiento adicional a dicha selección. Y es que, efectivamente, dicha selección no siguió procedimiento alguno, lo que, unido a la absoluta opacidad de la previa y parcial preselección realizada por parte de la Administración demandada vicia de nulidad de pleno Derecho al Decreto núm. 5356 de fecha 17 de agosto de 2020 de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, por haberse adoptado prescindiendo de las normas esenciales de procedimiento y, además, con palmaria quiebra de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que han de presidir el acceso al empleo público”.
Esta sentencia viene a sumarse a un largo listado de sentencias judiciales en contra de las prácticas del actual grupo de gobierno en materia de Recursos Humanos.
Desde AV-SLT insisten en que este tipo de prácticas no son nuevas ni desconocidas en Santa Lucía de Tirajana. Ha sido el “modus operandi” de Nueva Canarias a lo largo de la historia, al que ahora han venido a sumarse Fortaleza-Coalición Canaria y Partido Popular para seguir dando continuidad a esta lacra que vicia la gestión municipal.
Como recoge la formación política en su nota de prensa, “AV-SLT está decidida a cambiar este sistema abusivo, injusto, discriminatorio y que ahora, tras la sentencia de un juez, se demuestra también ilegal. Y así lo venimos manifestando desde que asumimos nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de Santa Lucía de Tirajana hace cerca de dos años”, pues destacan que llevan en su Programa de Gobierno Municipal la obligación de que “todas las convocatorias de los Planes de Empleo se publiquen, y las contrataciones se hagan con absoluta transparencia, para evitar dejar a los más necesitados fuera y desterrar para siempre el nepotismo que desgraciadamente han venido caracterizando a los distintos gobiernos de nuestro municipio”.
