La jefa de la Asesoría Jurídica y presidenta de la Mesa de Contratación de Mogán ocultó su situación de administradora única en una entidad mercantil
El pasado 22 de febrero de 2017, la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno nombró como funcionaria interina del Ayuntamiento de Mogán a Dalia Esther González Martín, ocupando la plaza de letrada municipal. Con posterioridad, en octubre de ese mismo año, el concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro, la designó como responsable de la asesoría jurídica municipal, y poco después, el 30 de noviembre, el pleno del Ayuntamiento la nombró presidenta de la Mesa de Contratación, a propuesta del gobierno Ciuca-PSOE, a la vez que se expulsó a la oposición de este órgano de contratación, informa Nueva Canarias en una nota de prensa
La formación nacionalista aclara que según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 249, de fecha 31 de diciembre de 2015, y número 223, de fecha 23 de noviembre de 2017, la funcionaria ostentó el cargo de administradora única de la empresa Daliale IP,S.L, hasta el 15 de noviembre de 2017, y hasta la actualidad mantiene el de socia única de la misma entidad.
Y añade que estos datos ponen de manifiesto que la funcionaria durante nueve meses, compaginó su situación de funcionaria interina del Ayuntamiento de Mogán, con los dos cargos en la empresa Daliale IP, S.L, sin haber solicitado la declaración de compatibilidad al pleno municipal. “Esta situación supone una vulneración flagrante y grosera de la ley 53/1984 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como de la nueva ley de contratos del sector público”.
La ley 53/1984 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, establece la imposibilidad de compaginar la actividad privada con el desempeño de un puesto de funcionario, y es que la ley obliga a que la funcionaria afectada elija entre un puesto u otro. Asimismo, la nueva ley de contratos veta y persigue cualquier situación que genere un conflicto de intereses que pueda afectar al desarrollo objetivo e imparcial del trabajo de un funcionario, explica la nota.
Desde Nueva Canarias, que ha recordado que se opuso al nombramiento de esta funcionaria como presidenta de la Mesa de Contratación, dada su falta de experiencia en la administración local, y porque en el expediente “no se acreditaba suficientemente que no hubiese en la plantilla municipal ningún funcionario de carrera con la cualificación suficiente para ostentar dicho cargo, tal y como establece la nueva ley de contratos del sector público, que prima a los funcionarios de carrera frente al resto, para formar parte de esta mesa de contratación”, se ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Mogán, a medio del cual se solicita la apertura del correspondiente expediente disciplinario a la funcionaria, al igual que ya ocurrió con otro funcionario municipal, Salvador Álvarez León actual interventor, cuyo expediente disciplinario aun no ha sido resuelto a pesar de haber transcurrido ocho meses desde su inicio. Igualmente se solicita que “sea revocados los nombramientos de la funcionaria y deje de desempeñar las tareas en dos puestos claves de la administración”.
Para Nueva Canarias, la alcaldesa Onalia Bueno, y el concejal de contratación Artemi Artiles, deben actuar de forma inmediata, y separar de su puesto a esta funcionaria, ya que está interviniendo en todas las mesas de contratación que celebra el Ayuntamiento, “lo que pone en riesgo la imparcialidad y la objetividad que se le exige a cualquier funcionario público”. En este sentido, la portavoz nacionalista, Isabel Santiago, ha manifestado que es la segunda vez que fallan todos los controles que fija la ley, y que les atribuye a los responsables municipales, para detectar situaciones contrarias a derecho, en las que un funcionario ostenta a la vez cargos en empresas privadas y un puesto en la administración pública.
La concejala de Nueva Canarias espera que se depuren todas las responsabilidades y se abra el correspondiente expediente disciplinario para garantizar que la defensa del interés general, y no el privado y partidista sea aquel por el que se trabaja en Mogán. Además, Santiago insiste en que estas actitudes y estos modo de proceder “lesionan la objetividad de la mesa, pues la funcionaria además de poder incurrir en causas de incompatibilidad, participó activamente en el proceso electoral del 2015 junto a Compromiso por Mogán”, formación que concurrió a las elecciones al Cabildo de Gran Canaria junto a Ciuca, y cuya presidencia local ostenta un familiar directo, y que ahora se perfila como socio electoral de Onalia Bueno.
