Yolanda Díaz presenta las líneas de actuación de Trabajo para la XV Legislatura, centrada en la reducción de la jornada laboral
La reducción hasta las 37,5 horas de trabajo a la semana permitirá “mejorar la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, el reparto equilibrado de las tareas de cuidados, la formación, el ocio o la participación social”.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, compareció a petición propia en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados para avanzar los ejes fundamentales de su departamento para la presente legislatura.
La titular de Trabajo hizo, además, un balance de su gestión que ha sintetizado en un hito: el récord histórico de afiliación en el tercer trimestre de 2023 que alcanzó los 21.265.900 de ocupados y ocupadas en España en un entorno internacional de inestabilidad y de incertidumbre económica.
“Reducir el desempleo hasta aproximarlo a los valores medios de la Unión Europea tiene que ser la gran tarea colectiva del conjunto de la sociedad española”, ha sintetizado Yolanda Díaz.
Objetivos de la legislatura
A apenas tres días vista de que una Mesa de Diálogo Social específica comience sus trabajos, Yolanda Díaz ha asegurado que la XV Legislatura será la de la reducción del tiempo de trabajo, hasta las 37,5 horas a la semana sin merma de las retribuciones salariales para “mejorar la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, el reparto equilibrado de las tareas de cuidados, la formación, el ocio o la participación social”.
La medida beneficiará a unos 12 millones de personas asalariadas del sector privado y contribuirá a mejorar la productividad y reducir la cultura del presencialismo en el puesto de trabajo después de 40 años de que la jornada se fijase en un máximo de 40 horas.
Otro de los ejes de la legislatura será abordar la transformación del Estatuto de los trabajadores de 1980 para avanzar en una nueva norma básica: el Estatuto del Trabajo del siglo XXI para adecuar un marco legislativo obsoleto a los desafíos y retos del mercado de trabajo actual teniendo especialmente en cuenta las nuevas tecnologías a la hora de desarrollar y gestionar las relaciones laborales.
Es fundamental el desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución Española para avanzar en la democratización de las empresas.
En cuanto al desempleo asistencial, se mejorará la protección al ampliar la cobertura a colectivos como el de los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, los eventuales agrarios o las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, la inmensa mayoría mujeres que vienen a trabajar a España, cotizan al desempleo, pero que hasta ahora están excluidas del sistema. Además, se incrementará la cuantía del subsidio, y muy importante, se eliminará el mes de espera en el acceso al subsidio, una medida fundamental para las personas desempleadas que se acogen a esta última red de protección.
La percepción del subsidio será compatible con el trabajo por cuenta ajena durante un periodo determinado para facilitar el acceso al empleo.
Son medidas que decayeron con la no convalidación del Real Decreto-Ley 7/2023. “El Ministerio no renuncia a proteger a las personas que más lo necesitan y que por lo tanto volvemos a iniciar el proceso para volver a traer al Congreso una reforma que consideramos imprescindible, una reforma que será objeto de dialogo social con las organizaciones empresariales y sindicales” ha explicado Díaz.
También se podrá volver a disfrutar del desempleo con tan solo 10 peonadas, una medida fundamental para afrontar los problemas del campo y que ha decaído con la no convalidación de la norma.
En cuanto a la regulación del despido, se impedirá el despido automático tras una invalidez sobrevenida y se va a adaptar a los términos de la Carta Social Europea para que, efectivamente, la extinción de un contrato laboral repare los daños causados.
En el ámbito de la Prevención de riesgos laborales, tras la aprobación de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 que cuenta con el apoyo de organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y las comunidades autónomas, se va a convocar de manera inmediata la Mesa de Diálogo Social que permita actualizar la legislación laboral al respecto y garantizar la salud laboral de dos actividades fuertemente feminizadas: los servicios de ayuda a domicilio y las empleadas de hogar.
La Economía Social seguirá ocupando un espacio central en la acción el ministerio con el PERTE de la Economía Social y los Cuidados, un proyecto estratégico con un presupuesto de más de 1.700 millones de euros y la implicación de diez Ministerios. Además, se aprobará la Ley Integral de Impulso de la Economía Social y verá la luz la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, para que nuestro tejido productivo proteja a las personas, la democracia y los objetivos ambientales.
Mujeres y jóvenes
Yolanda Díaz ha destacado que, en los últimos cuatro años, “las grandes protagonistas de la generación de empleo son las mujeres: suponen el 60% de los nuevos puestos de trabajo creados en los últimos cuatro años”. Son cerca de 10 millones de ocupadas, la cifra más alta de la serie histórica” y ha añadido que “me siento muy orgullosa de esta feminización de nuestro mercado de trabajo, una tendencia imparable hacia la igualdad.
Las personas jóvenes también han sido un colectivo clave en la transformación del mercado laboral. En los últimos tres años, los menores de 30 años ocuparon 1 de cada 3 nuevos empleos: 331.100 empleos más, a un ritmo del doble de la media.
Con todos estos elementos, Díaz ha asegurado que aun es pronto y “necesitamos más tiempo para cerrar las cicatrices de la austeridad”.
Empleo de más calidad
La creación de empleo se incrementa en las actividades de mayor valor añadido, como en las áreas de la información y las comunicaciones donde crece al 25% frente al 2% de aumento del empleo en la hostelería.
“Estamos en un intenso proceso de transformación que avanza creando mejores empleos y salarios y con una estructura económica más sólida y equilibrada”, ha enfatizado la vicepresidenta segunda del Gobierno.
Además, otro aspecto significativo es que en los últimos años crece especialmente el empleo da alta cualificación, el de personas que ocupan los puestos de mayor responsabilidad: el grupo 1 de cotización, de titulados y tituladas con una licenciatura o una ingeniería se ha incrementado un 30% en los últimos cinco años, casi triplicando el aumento de la afiliación general.
La gran transformación del mercado laboral la protagoniza la estabilidad en el empleo con la aplicación de la Reforma Laboral: 15 millones de personas trabajan en España con una relación laboral de carácter indefinido, la marca más alta de nuestra historia.
Otro punto de inflexión de nuestro mercado laboral ha sido el de reducir la temporalidad que, en el sector privado, ya se sitúa en el 14,2%, por debajo de la temporalidad general de la Unión Europea del 14,5%.
Política salarial
Frente al modelo de la devaluación salarial de la crisis financiera, el cambio de modelo por el que ha apostado el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sido el de impulsar los salarios, bajos en términos relativos con nuestro entorno europeo.
Este objetivo se ha impulsado con una doble palanca: el refuerzo de la negociación colectiva, con la Reforma Laboral y mediante el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Con el último acuerdo con las organizaciones sindicales se elevará, para este 2024, un 5% hasta los 1.134 euros en 14 pagas. Es un 54% más que en 2018.
La subida del SMI permite reducir la desigualdad, porque la diferencia entre los que más y menos cobran se ha reducido un 20%; la brecha salarial de género, que ha caído un 25% desde 2018 y la pobreza laboral.
Las sucesivas subidas del SMI se han sincronizado con un cambio en el IRPF que se practica a estas rentas para que los incrementos se incorporen a la renta neta de las personas que lo perciben.
Tal y como ha explicado Díaz, “por primera vez en nuestra historia, una crisis no provoca un incremento de la desigualdad”.
Protección más eficaz para las personas desempleadas
Frente a las políticas de recorte de la crisis financiera, que implicaron un déficit acumulado de 76.000 millones de euros, hemos cerrado 2023 con un superávit de 5.500 millones de euros, gracias a la mejora de la recaudación por la creación de empleo.
Un superávit que cobra aun más valor si tenemos en cuenta que, por una parte, se ha alcanzado una tasa de cobertura del 71%, el valor más alto en 14 años y, además, se ha revertido el recorte que suponía la rebaja del 60% al 50% de la base reguladora para el cálculo de las prestaciones a partir del sexto mes