Una demanda del Gobierno pone en jaque la gestión de los RRHH en Mogán
Tal y como acredita el acta de la mesa general de negociación, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, interpuso un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Mogán por entender que el acuerdo de Junta de Gobierno Local del 26 de diciembre del 2013, vulnera, en lo que a la asignación de productividades a funcionarios se refiere, el ordenamiento por el que se regulan las retribuciones a funcionarios públicos.
La demanda ha dado origen al procedimiento abreviado 223/2014, y en el que el Gobierno de Canarias, en ejercicio de sus atribuciones, pone de manifiesto que la concesión de productividades en Mogán no se ha efectuado en función de “circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo”.
Nueva Canarias opina que “la situación es compleja y puede perjudicar a los funcionarios, ya que, como afirma el letrado de la asesoría jurídica municipal, supondría que los empleados públicos tengan que devolver lo cobrado, según recoge el acta de la mesa general de negociación de Mogán.
La portavoz nacionalista Isabel Santiago dice que “este nuevo contencioso se suma a otro interpuesto ya por la misma Consejería contra las productividades concedidas por el grupo de gobierno de Mogán, en junio de 2012, y que fueron declaradas nulas por sentencia notificada al Ayuntamiento en julio de 2013”. Según Santiago, “este hecho pone en evidencia que ninguno de los concejales del PP de Mogán, que propusieron las diferentes productividades, ni prestan atención a los asuntos municipales, ni se preocupan sobre el modo en el que su incompetencia puede afectar a los trabajadores”.
NC destaca la gravedad de que a pesar de haber recibido una sentencia que declara la nulidad de las productividades de junio de 2012, el grupo de gobierno haga caso omiso a la resolución judicial, y siga procediendo del mismo modo, como si la cosa ni fuera con ellos, sin importarle lo más mínimo, la repercusión negativa en los trabajadores públicos. “Son los concejales del PP, los que deben afrontar el coste de las productividades y no los trabajadores municipales”, sentencia Santiago.
Según consta en un Oficio del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 24 de septiembre de 2014, se fija la celebración de la vista para el día 6 de julio de 2017 a las 10:00 horas, motivo este, por el que, desde Nueva Canarias, se entiende que “el grupo de gobierno del PP está pasando del tema olímpicamente”.
