El alcalde de Mogán puede ser inhabilitado por vulnerar derechos de la oposición
El auto dictado por el Juzgado de Instrucción Nº2 de San Bartolomé de Tirajana, el pasado 6 de abril de 2015, encuentra su justificación en la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los concejales de la oposición por parte del alcalde de Mogán, Paco González.
No es nuevo para Nueva Canarias (NC) y su portavoz Isabel Santiago -denunciante originaria del caso Góndola de presunta corrupción política- esta situación, pues lleva “padeciendo los continuos atropellos del mandatario municipal desde hace más de 10 años”, afirma el partido.
El juez sustenta la decisión recogida en el auto en tres sentencias dictadas por el TSJC. La primera de ellas tiene su origen en una demanda contenciosa, formulada por los cuatro portavoces de la oposición de Mogán, que constituyó el primer y más importante paso para encontrarnos en el punto en el que nos sitúa el presente auto judicial. En este caso, los portavoces cedieron su turno de intervención a la portavoz de Nueva Canarias, Isabel Santiago, cuestión esta aceptada por el alcalde, para acto seguido y de forma arbitraria, recular y dejar sin efecto lo que hacía un instante permitió.
Este auto refleja y sustenta su decisión en dos vulneraciones mas, cometidas por el alcalde y entendidas como tales por dos sentencias del TSJC.
Las tres sentencias concluyen que el alcalde vulneró los derechos fundamentales de los concejales, recogidos, consagrados y protegidos por el art. 23 de la CE.
Los delitos que el juez imputa al alcalde de Mogán son los tipificados en el art. 404 y 542 del Código Penal, relativos a la prevaricación administrativa continuada en el tiempo, y el relativo a impedir el ejercicio de los derechos cívicos. Así las cosas, las penas que recogen ambos tipos delictivos es la de inhabilitación de 7 a 10 años, o en el mejor de los casos de 4 años.
Para NC, este auto supone la constatación judicial de que el alcalde de Mogán “ha actuado de forma arbitraria en la toma de sus decisiones y con el más absoluto desprecio hacia los derechos constitucionales que asisten a los representantes de los ciudadanos”.
Si bien es cierto que el auto no es firme puesto que cabe interponer recurso de reforma y hay que esperar por la propuesta del fiscal, “es un triunfo para los que hemos sufrido las arbitrariedades del alcalde, y para la democracia en general, que un personaje como lo es el alcalde de Mogán, esté caminando por el filo de una navaja que puede dejarlo fuera de la escena política”, aclara NC.
NC reitera su satisfacción más absoluta por la decisión judicial, “pues finalmente viene a dar la razón a todas y cada una de las denuncias públicas realizadas por la portavoz de la formación nacionalista en relación a este asunto”. Sin embargo, Isabel Santiago recuerda que “es triste que pudiese ser por este caso, y no por las imputaciones del Góndola, por las que el alcalde del PP sea expulsado de la vida pública de Mogán”.
