Canarias se moviliza contra el desmantelamiento de la Sanidad Pública
Las cinco organizaciones sindicales que representan en Canarias a los trabajadores de la Sanidad Pública, y que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad -CEMSATSE, Intersindical Canaria, SEPCA, CCOO y UGT- con una propuesta conjunta abierta a la participación de todas las organizaciones, uniendo a trabajadores-as y usuarios de la Sanidad Pública, vamos a celebrar el próximo jueves 14 de mayo una Marcha Blanca en las siete islas. En Las Palmas de Gran Canaria partirá a las 18:00 horas desde la Plaza de las Ranas, finalizando en la Delegación del Gobierno en la Plaza de La Feria con una actuación musical y la lectura del manifiesto.
La idea es aunar fuerzas y apoyos en defensa de nuestra sanidad pública, con un planteamiento de unidad sindical que sume, buscando la más amplia participación de toda la sociedad. Reclamamos un verdadero compromiso por la sanidad pública de calidad, tanto al Gobierno en funciones, como a quien ocupe la Presidencia y la Consejería de Sanidad tras las elecciones y, por supuesto, por parte del Estado. Canarias tiene unos indicadores socioeconómicos dramáticos, con un 33% de la población bajo el umbral de la pobreza y la cesta de la compra más elevada del contexto europeo en relación con los bajos salarios, sobre todo para aquellos alimentos denominados saludables a los que un amplio segmento de población tiene que renunciar o reducir al mínimo.
El Gobierno de Canarias, lejos de llevar a cabo la implantación de medidas para corregir las desigualdades sociales, aplica recortes en Sanidad y Servicios Sociales siendo, con un 26,6%, el segundo de todo el Estado que más ha reducido el gasto percápita en sanidad, lo que ha llevado a la reducción de plantillas, al aumento de la jornada laboral, la reducción salarial, al aumento indiscriminado de las cargas de trabajo y a unos índices del síndrome del “profesional quemado” situados en niveles altísimos, etc.
En cuanto a la asistencia, estos recortes han provocado unas urgencias hospitalarias y extrahospitalarias colapsadas, largas listas de esperas quirúrgicas, para el especialista y para pruebas complementarias, cierre de camas, obras paralizadas, no reposición de aparataje, etc.
Como trabajadores de la Sanidad Pública en defensa de la ciudadanía e impulsores de la Salud exigimos que se impulse por parte de los poderes públicos una gestión orientada al fortalecimiento y no al desmantelamiento de este servicio esencial.
El déficit de financiación por parte del Estado hacia la Sanidad Pública Canaria se ha elevado este año a 2.412 millones de euros. Una cantidad equivalente a todo un ejercicio de presupuesto del Servicio Canario de la Salud. Además, es urgente modificar el sistema de financiación del Estado con Canarias, ya que se están restando a las islas 800 millones anuales con respecto a la media de lo que reciben las comunidades autónomas. Si nos comparamos con la mejor financiada, este déficit se eleva hasta los 1.700 millones. Lo que nos lleva al precipicio y a un colapso que ya estamos empezando a sufrir. Constantemente hemos demandado una mejor gestión de los centros públicos y que se modifique la política de recortes, especialmente sangrante en la eliminación de empleos y en la falta de contratación del personal necesario, que está infradotado en relación a la media del Estado. Solo el inmenso esfuerzo de los profesionales, abandonados por gran parte de los gestores y políticos en el poder, permite mantener nuestra sanidad con los actuales niveles de calidad.
Las mareas ciudadanas han cobrado fuerza para exigir el cese de las políticas de austeridad que en la práctica suponen el desmantelamiento del ya precario de por sí Estado del Bienestar.
La mayoría de la población de Canarias no puede hacer frente a sus necesidades básicas. En las islas aumenta la desigualdad, de modo que las personas más ricas tienen doce veces más riqueza que los más pobres, lo que significa una acumulación de la riqueza en menos personas.
El 74%, es decir, tres de cada cuatro personas, acusan algún indicador de exclusión social. La situación de pobreza severa se ha duplicado en cinco años, estamos a la cola en condiciones de vida adecuadas. Se han perdido quinientos empleos en el área de asistencia social. Tenemos 58.000 hogares sin ingresos, lo que en sí es un dato impactante.
En estos últimos años ha aumentado la demanda de servicios sociales en un 40% y se reduce el personal un 20%, lo que significa que la atención pierde calidad y no llega adonde debería, ni siquiera a todas las personas en riesgo de exclusión social. Ha disminuido la financiación, tanto en el Gobierno como en los cabildos y ayuntamientos, con un aumento muy preocupante de la privatización de estos servicios.
Por estas y otras razones, le invitamos a participar en la Marcha Blanca. La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.
No estamos dispuestos a renunciar a esta conquista social: la obtención del derecho a la atención sanitaria. Una de las conquistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión. Estamos convencidos y lo demostramos con datos técnicos, de que los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Por eso hemos tenido y en gran parte tenemos todavía, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, que no podemos permitirnos el lujo de perder.
Bernardo Medina Rodríguez, presidente de la Junta de Personal del Área de Salud de Gran Canaria