Antonio Morales afirma que Gran Canaria depura el 99% de sus aguas fecales
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, desmintió hoy que el problema de la falta de depuración de aguas sea generalizado en Canarias, ya que Gran Canaria depura el 99 por ciento de sus aguas fecales y vierte al mar solo aguas ya tratadas, agua limpias sobrantes de las usadas para regar.
Este porcentaje de depuración se ha alcanzado gracias a la concienciación y el esfuerzo inversor iniciado en Gran Canaria en los años ochenta, explicó el presidente insular, quien agregó que la isla prosigue con su política de inversiones dada la antigüedad de las plantas, la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías, las nuevas necesidades o, por ejemplo, la materialización de la política energética del Cabildo a través del programa Renovagua para implantar energías renovables a los ciclos del agua con 22 millones de euros.
Pero aparte, el Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, que tiene encomendada la gestión del agua de catorce municipios más una parte de otros tres, alcanza a 17 en total, e invierte cada año 11 millones en gestionar 22 millones de metros cúbicos de agua, 180.000 euros en el análisis de aguas que traslada al Gobierno canario, y 100.000 euros en vigilancia y control del agua vertida al mar. Las inversiones en marcha alcanzan los 45 millones de euros.
Por este motivo, Antonio Morales rechazó que la gestión de las aguas sea “nefasta en Canarias en general”, ya que no se tratan de igual manera en todos sus rincones. Ello no significa, apostilló, que haya que generar partidas extraordinarias para quien no haya realizado las inversiones necesarias porque para ello existen instrumentos como el Fdcan, al que Gran Canaria también se ha adherido para algunas de sus mejoras.
Un informe de consenso científico, absolutamente necesario
En cualquier caso, tras la polémica generada por la aparición de las microalgas, de su posible vinculación a los vertidos de Tenerife -que vierte diariamente 57 millones de litros de aguas fecales al mar-, la posible afección a la salud y a la biodiversidad, y también por la repercusión internacional de las noticias en países como Canadá, Alemania o Reino Unido, entre otros, el presidente del Cabildo de Gran Canaria pidió hoy al Gobierno canario un informe definitivo y de consenso científico que aclare la situación y acabe con la controversia científica. En Gran Canaria, además, afecta a su proyecto de generar una industria basada en la economía azul y la biotecnología marina.
Y es que distintas voces autorizadas, catedráticos y científicos, apuntan en direcciones contrarias, por lo que es necesario crear una mesa en la que se sienten distintas partes para que concluyan con un pronunciamiento técnico único.
Morales considera imprescindible que quede aclarado si las microalgas están relacionadas o no con los vertidos fecales, y si afectan a la salud y en qué medida –no es lo mismo rozarlas que una exposición constante-, y un protocolo de actuación porque, dado que de todas formas están relacionadas con el cambio climático, potenciadas o no por las aguas fecales, estos episodios se repetirán cada año.
En definitiva, sintetizó, es necesario establecer el mecanismo de control, seguimiento y eliminación, ya sea por dispersión o succión.
Un hecho gravísimo sin actuación de la Fiscalía
En cuanto a los vertidos de aguas fecales en Tenerife, lo considera un hecho gravísimo por cuanto en sí mismo afecta a la salud pública y a la flora y fauna del mar de Canarias, que en cuarenta años ha perdido el 90 por ciento de sus peces. Se trata de “sanear, no de contaminar”, máxime cuando la industria turística está vinculada en un 35 por ciento al PIB de forma directa e indirectamente al 80 por ciento de la economía isleña.
“No nos imaginamos lo que hubiera sucedido si Gran Canaria tirara al mar 57 millones de litros de aguas fecales al día, aquí se rebosa una alcantarilla y tenemos abierto un expediente de la Fiscalía”, agregó Morales, quien consideró por ello necesario que, al igual que en esta isla, se impliquen la Fiscalía de Medio Ambiente, el Seprona y el propio Gobierno de Canarias, que tiene las competencias de autorizaciones y vigilancia de los vertidos de aguas al mar.
Las cifras del Consejo Insular de Aguas
El Consejo Insular de Aguas tiene encomendado la gestión de las instalaciones de depuración de Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, La Aldea, Mogán, Moya, Guía, Tejeda, Teror, Valleseco, Valsequillo y San Mateo, además de la depuradora de Jinámar, a la que llegan aguas residuales de la capital, Santa Brígida, Telde y Valsequillo.
En definitiva, la labor de depuración del Cabildo alcanza a 17 municipios, lo que supone gestionar 101 instalaciones, entre estaciones de bombeo y 26 depuradores de distintas dimensiones, 22 millones de metros cúbicos al año y la depuración de 13 millones de metros cúbicos al año, la mitad es usada para riego agrícola y la otra mitad se vierte limpia al mar.
La depuración de los municipios del sureste la gestiona su Mancomunidad, Telde y San Bartolomé de Tirajana la tienen en manos de Canaragua, mientras que Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida la realizan a través de Emalsa. El presidente destacó la enorme colaboración entre todas las instituciones para el trasvase de agua y la cooperación en todo lo necesario para que los beneficios del sistema alcancen por igual a toda la isla.
Entre las mejoras acometidas en los últimos años, Morales destacó las de Barranco Seco con 423.000 euros en 2015, pilas de desalación en 2016 por 200.000 y la renovación de membranas este año por 200.000. Asimismo, se han instalado rejas de alivio en varias depuradoras (140.000 euros), el Cabildo ha mejorado las líneas de deshidratación de fangos por otros 200.000, y se acaba de adjudicar la mejora del saneamiento de la Cruz de Tejeda por 184.000 euros.
Las obras menores, de suministros de electrobombas, caudalímetros y seguridad, entre otros conceptos, suman 1,5 millones de euros, aparte de los 22 millones del Plan Renovagua y otras inversiones en vías de ejecución que suman 45 millones, incluidos el emisario subramirno de Bocabarranco por 5 millones, la ampliación de la depuradora de Guía y Gáldar por 4 millones y la de Jinámar por 4,6 millones, concluyó.
