NC denuncia que el Ayuntamiento de Mogán permite la actividad de una cafetería sobre dominio público
Nueva Canarias en Mogán se hace eco de la recogida de firmas de los vecinos de la zona, solicitando al Ayuntamiento que actúe ante el desarrollo de una actividad que genera muchos ruidos hace mas de un año. La formación nacionalista, además de denunciar la permisividad del Consistorio moganero, exige a Pino González, presidenta de la Junta de Gobierno que determinó el cierre el pasado día 7 de agosto, que haga cumplir los acuerdos adoptados.
Según consta en el acta de la Junta de Gobierno celebrada el pasado siete de agosto de este año, el gobierno Ciuca-PSOE acordó “denegar conformidad, validez y eficacia a la comunicación previa para apertura de la actividad clasificada para bar cafetería” ubicada en la calle Graciliano Afonso de Arguineguín, rechazando así, la apertura de este establecimiento dado que no se han subsanado las deficiencias detectadas por los técnicos en el proyecto, informa Nueva Canarias en un comunicado.
La formación nacionalista ha tenido acceso a varios escritos presentados por los vecinos de la zona, que llevan denunciando las molestias por ruidos que genera el desarrollo de la actividad de cafetería desde hace más de un año. Según Nueva Canarias, “las firmas recogidas por los ciudadanos afectados, denunciando los perjuicios que les ocasiona esta actividad en todos sus escritos, las advertencias reiteradas de inactividad del Ayuntamiento antes las denuncias presentadas, el incumplimiento por parte de la Policía Local de las resoluciones administrativas que obligaban al propietario a retirar todo el mobiliario de la zona pública, ponen en evidencia el poco interés del gobierno de Mogán que lidera Onalia Bueno, en atender las denuncias vecinales”.
Otro dato importante, es que “la actividad de cafetería se desarrolla sobre una terraza pública, cuya concesión ha sido autorizada por el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, según consta en una resolución del 3 de abril de 2017, con el visto bueno de la demarcación de costas de Canarias a favor del Ayuntamiento de Mogán y no del particular que actualmente la explota ilegalmente”, añade NC en la nota de prensa.
Esta autorización de uso público al Ayuntamiento de Mogán le implica que “si es un particular el que quiere optar a la ocupación de la misma”, el Consistorio debe iniciar un concurso público, cosa que no ha ocurrido. Más bien es todo lo contrario, “el Ayuntamiento mira para otro lado y permite que un particular, que carece de licencia de apertura, use una plaza pública y desarrolle una actividad que perjudica a los vecinos de la zona”, afirma Nueva Canarias. En este sentido, existe un decreto dictado por el concejal de Urbanismo, Mencey Navarro (nº 7728/2917 de septiembre de 2017), en el que ordena la retirada de las mesas y sillas en el plazo de 48 horas, así como que será la policía quien se encargue de ejecutar esa medida si el particular no atiende el requerimiento.
Según acreditan los escritos de denuncia de los vecinos, nadie ha dado orden de ejecución a la Policía Local para que retiren las mesas y las sillas, “convirtiéndose en cómplices de este claro incumplimiento de la legalidad, y de las propias resoluciones administrativas del Ayuntamiento de Mogán”, sostiene la portavoz nacionalista Isabel Santiago.
Desde Nueva Canarias se pone el acento en una cuestión más, y es que en “la resolución del viceconsejero Jesús Romero Espeja, se requiere al Ayuntamiento de Mogán para que certifique que la terraza y el forjado de la misma, pueden soportar el peso de la actividad que el Ayuntamiento de Mogán, y no un particular, vaya a desarrollar en la misma, este extremo no consta en el expediente que se haya cumplido, por lo que además de permitir un uso ilegal de la terraza pública, se está poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios”.
Nueva Canarias, a través de su portavoz en Mogán, Isabel Santiago, ha requerido a la socialista Pino González, que fue la presidenta de la Junta de Gobierno que acordó el cese de la actividad, a que dé cumplimiento a los acuerdos adoptados y defienda los derechos de los vecinos, pues en el día de hoy, “han presenciado como se desarrollaba una celebración organizada por el bar que carece de permiso público para ocupar la terraza, y cuya licencia de apertura ha sido rechazada por el gobierno Ciuca-PSOE”.
Según expresó Isabel Santiago, este hecho es un elemento más que confirma que “el gobierno de Onalia Bueno solo trabaja para los amigos y los simpatizantes, generando vecinos de primera con todos los derechos y vecinos de quinta sin derecho alguno, olvidando que su obligación es la defensa del interés general”.
