“Cierra círculos, rompe espirales”
La alta tasa de paro, la adicción a las drogas, familias desestructuradas, la necesidad de contar con más infraestructuras de atención social como los comedores escolares, las ayudas que no llegan, la dejadez de las administraciones públicas… Estas son algunas de las causas que han ido generando una espiral de pobreza que parece imposible de romper y, por ende, un aumento de las personas en riesgo de exclusión social.
Y, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a ello. Tanto es así, que ya vemos como habitual a las personas que viven en la calle, que duermen en las playas, e incluso en el banco de enfrente de tu casa o en tu portal. Personas que han tocado fondo, que han perdido su dignidad ante una sociedad que pasa por su lado sin pararse a pensar quiénes son, quiénes eran y cómo es posible que hayan llegado a esa situación. Personas que lo han perdido todo.
Aunque los ayuntamientos no son los competentes para erradicar la pobreza, suelen ofrecer ayuda a través de los centros de atención social; una ayuda que es a todas luces insuficiente, ya que cuando estas personas salen del centro necesitan incorporarse al mercado laboral y rehacer sus vidas. Sin embargo, esto puede significar un gran reto para ellos, ya que han estado fuera de la sociedad incluso varios años, muchos con problemas de adicción, depresión, y con una baja autoestima. El fracaso a la hora de encontrar empleo les puede llevar, una vez más, a situaciones límites que les empuje a volver a dichos centros.
Creemos que las ayudas que ofrece el ayuntamiento, tanto económicas como de alojamiento, pueden llegar a ser una mala inversión si no somos capaces de romper el círculo vicioso en el que se puede caer cuando se ha perdido todo, cuando no se ven capaces de encontrar un empleo que les devuelva su dignidad y su independencia.
Los ayuntamientos tienen los recursos para cerrar el círculo de la reinserción social, solo nos queda desarrollar actuaciones que permitan, una vez finalizada la estancia en centros de atención social, que estas personas se incorporen al mercado laboral mediante contratos de formación, ya sea en la propia administración pública o en empresas con responsabilidad social corporativa que acepten ser colaboradoras.
Si tenemos los recursos y tenemos a los ciudadanos que necesitan de este tipo de ayuda, solo nos queda ponernos en marcha: establezcamos convenios con empresas con responsabilidad social corporativa para la contratación; analicemos las áreas, dentro del ayuntamiento, que permitan acoger a personas con contratos en formación; definamos el tipo de formación necesaria para cubrir esos puestos; pongamos en marcha los cursos, impartamos dichos cursos, con carácter obligatorio, a las personas acogidas en centros de atención social…
Y, ahora sí, podrán salir de los centros y recuperar su vida. Algunos tendrán suerte y la retomarán dónde la dejaron, otros partirán de cero, pero poder entrar en el mercado laboral les abrirá una puerta a la esperanza, y las administraciones públicas habrán contribuido a cerrar el círculo de la reinserción social, poniendo en sus manos la primera piedra para romper la espiral de pobreza que ya llevamos décadas sufriendo en nuestro país.
Desgraciadamente, son muchas las administraciones públicas que no están por la labor, como sucede con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que rechazó una moción que presentamos desde Ciudadanos para poner en marcha un protocolo de inserción laboral para los usuarios de los centros municipales de atención social. ¿La razón? Muy simple, si las ayudas son económicas, seguirán habiendo personas que dependan del político de turno: eso son votos. Cuando las ayudas son formativas, las personas se independizan de la administración, y eso no garantiza el voto. Triste, pero real.