El agua y la supervivencia
La historia de Canarias y de Gran Canaria es también la historia del agua. Desde la llegada de los primeros canarios, nuestra vida ha estado ligada al aprovechamiento de este recurso que, desgraciadamente, se está volviendo cada vez más escaso. El agua en Canarias es el factor decisivo para hacer fructificar las enormes posibilidades naturales de nuestra tierra. Desde la creación del Cabildo de Gran Canaria, la gestión del agua ha constituido una competencia fundamental que se ha materializado en la construcción de presas y canales, en la distribución de agua para la agricultura, en la potabilización y la depuración.
Y hablar de agua es también hablar de energía pues la desalación, la depuración, así como su captación, transporte y distribución suponen un importante gasto energético. De la correcta gestión del binomio agua-energía y de que seamos capaces de encontrar soluciones técnicamente viables y medioambientalmente sostenibles para proveernos de este recurso a un coste razonable, va a depender una parte importante de nuestra soberanía hídrica, energética y alimentaria en un momento en el que el cambio climático está provocando que las sequías en nuestra isla sean cada vez más persistentes.
Desde que asumimos el gobierno del Cabildo en junio de 2015 y la mayoría progresista aprobó el programa de gobierno, la política hídrica ha sido una prioridad. Desde hace décadas Gran Canaria obtiene la inmensa mayoría del agua que se consume (principalmente en las zonas urbanas costeras) de la desalación del agua del mar, un proceso muy intensivo en consumo de energía. Para hacernos una idea, en 2015 el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC), solamente para desalar agua de mar en las instalaciones públicas de su propiedad, consumió más del 5% de la energía eléctrica puesta en la red en la isla. No obstante, si tenemos en cuenta todos los procesos necesarios para obtener agua, esto supone entre el 15 y el 20% del consumo energético total de nuestro territorio.
Por ese motivo, en el año 2016 pusimos en marcha el programa “Renovagua”, un plan de actuaciones para el aprovechamiento de energías renovables en las instalaciones del Consejo, dotado con 18 millones de euros, con el objetivo de producir 10 MW de renovables y reducir la dependencia energética y económica de las plantas de desalación y depuración de los combustibles fósiles. Queremos disminuir en un 40 % el uso de energías convencionales en la producción y distribución de agua, dejar de emitir 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y dejar de importar y consumir 4.670 toneladas de petróleo.
El pasado jueves 15 de octubre inauguramos la nueva instalación fotovoltaica de la desaladora de Bocabarranco, en el municipio de Gáldar. Junto con el sistema minihidráulico en la Estación de Bombeo de Aguas Depuradas de Cuesta La Arena en Arucas constituyen las primeras actuaciones culminadas del Plan Renovagua y está en ejecución y a punto de entrar en funcionamiento la planta fotovoltaica de la desaladora Arucas-Moya. Estos tres proyectos han supuesto una inversión cercana al millón de euros.
Contigua a la instalación renovable de la desaladora de Bocabarranco también presentamos el proyecto de ampliación y modernización de la depuradora de Guía-Gáldar, un gran proyecto dotado de más de 10 millones de euros que aumentará la capacidad de tratamiento de la planta de 3.000 metros cúbicos diarios de aguas residuales a 5.000, reduciendo los olores. Dispondrá del primer tanque de tormenta de la Isla para recoger excesos puntuales de caudal y evitar vertidos. Esta trascendental inversión nos conecta con otro de los pilares de la política insular de aguas, la mejora en la depuración de las aguas residuales.
La distribución de agua regenerada para su utilización en el riego es la mayor muestra de la economía circular aplicada a la gestión integral del agua. En este sentido, además de la inversión anteriormente reseñada, se está haciendo un importante esfuerzo, y en los primeros nueve meses de 2020 el Consejo Insular de Aguas ya ha producido un 31% más que en todo el año 2019, pasando de 3.886.569 metros cúbicos a más de 5 millones de metros cúbicos. En este momento se utiliza para riego en Gran Canaria casi un 50% del agua que se trata en nuestras EDAR.
Por supuesto, el agua es la base del desarrollo del sector primario y por lo tanto del proyecto de soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. Las persistentes sequías, que han reducido las lluvias hasta en un 75%, nos obligan, además de a seguir mejorando en la reutilización, a producir y bombear agua a cotas altas de la isla para permitir su distribución entre los agricultores. Esto supone un acto de reparación histórica ya que las primeras obras hidráulicas en la isla se hicieron para “trasvasar” el agua desde la cumbre a las zonas costeras en las que se concentraban la población y la agricultura de exportación.
En ese sentido emerge con fuerza el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Gran Canaria, que bombeará agua hasta la presa de Chira para almacenar la energía renovable sobrante en el sistema generando en este proceso un excedente de agua en torno a los 700.000 metros cúbicos por año, que a su vez se subirán hasta la Cruz de Tejeda para repartir el agua por toda la vertiente. Un agua que podrá ser utilizada por el sector primario y también para las reforestaciones y la lucha contra los incendios.
Hoy en día existen recursos hídricos en las zonas de medianías y cumbres que están siendo desplazados a zonas costeras -en virtud de unos derechos legales perfectamente vigentes – lo que está provocando un desequilibrio en la oferta. Para paliar ese desequilibrio estamos desarrollando un “Plan de riegos” en combinación con las actuaciones del programa “La Cumbre Vive” para dotar a las zonas de medianías y cumbres de los recursos hídricos necesarios.
Estamos desplegando redes radiales sobre las que posteriormente podrán conectarse las comunidades de regantes adquiriendo títulos de captaciones existentes, lo que permitirá disponer de caudales propios con los que ahora no contamos También estamos formalizando acuerdos de intercambio de aguas con titulares de aprovechamientos mediante los cuales se maximizarán los recursos disponibles en estas zonas, evitando los elevados porcentajes de pérdidas que se registran en su transporte desde las medianías a la costa.
Asimismo, se están desarrollando plantas depuradoras naturales (biodepuradoras) para el tratamiento de las aguas de los pagos diseminados por este territorio, lo que tiene efectos medioambientales beneficiosos, además de la posibilidad de servir como fuente de recarga y, en función de los resultados, de reutilización de dichas aguas. De esta manera se recuperan infraestructuras hidráulicas que quedaron en desuso, aun teniendo vida útil, para maximizar los recursos disponibles y el uso de la tierra cultivable con eficiencia energética.
El actual gobierno viene desarrollando desde 2015 un proyecto integral de cambio de nuestro modelo productivo, que denominamos ecoisla, que supone avanzar en soberanía energética, alimentaria e hídrica, en sostenibilidad, igualdad y bienestar social, con la generación de empleo de calidad como prioridad. La política de aguas es una pieza fundamental de esta estrategia, que conecta con la economía circular, el cambio climático, la producción sostenible de alimentos y la eficiencia y ahorro energéticos.
