NC exige que el edil de Policía asuma la indemnización al inmigrante victima de tortura y lesiones
- El Ayuntamiento de Mogán ha sido condenado a responder subsidiariamente del pago de más de 40.000 euros en indemnizaciones a la víctima
- Mencey Navarro suspendió de empleo y sueldo a cuatro policías en el mandato pasado por no cumplir una orden de precinto, y fue incapaz de adoptar medida alguna contra los agentes que han sido condenados
Nueva Canarias (NC) ha tenido conocimiento de la Sentencia dictada por la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, por las que condena a siete años de cárcel a dos policías locales por torturas y lesiones contra un ciudadano senegalés. Además el fallo obliga al Ayuntamiento de Mogán a responder como responsable civil subsidiario por importe de 43.682,55 euros, informa la formación nacionalista en nota de prensa.
En relación a esta cuestión, Nueva Canarias en Mogán ha expresado que “en el caso en el que el Ayuntamiento deba abonar este importe, ante el posible incumplimiento del pago por parte de los condenados, sea el concejal de policía local el que lo asuma con cargo a su patrimonio, dada su actuación negligente en este asunto”.
NC argumenta esta postura tras “el aparente y posible apoyo que el concejal de Seguridad y primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, parecía estar dando a los agentes procesados con su presencia en el desarrollo de las sesiones judiciales”.
Para NC, resultó sorprendente, tal y como expresó en una comunicado enviado a los medios de comunicación el pasado mes de noviembre, que el actual concejal de seguridad “actuase de esta manera”, ya que en la sesión plenaria del 20 de abril de 2014, fue uno de los portavoces que exigió al anterior alcalde la apertura de un expediente disciplinario contra los agentes implicados en esta agresión. Además, tal y como refleja el acta de dicha sesión plenaria, el concejal exigió que se actuase del mismo modo con todos los agentes, ya que era conocer de otro caso en el que se procedió a la apertura del correspondiente expediente, y se acordó la suspensión de empleo y sueldo de este.
“Sin embargo, desde el momento en el que Mencey Navarro se convirtió en el responsable de la gestión de la Seguridad del municipio, no hizo absolutamente nada por iniciar la tramitación administrativa del correspondiente expediente que, de forma interna, determinase que estos agentes actuaron o no con pleno sometimiento a la ley y al derecho”, afirma NC, y recuerda que el concejal de Policía “fue capaz de suspender de empleo y sueldo a otros cuatro agentes, a los que la justicia les acabó dando la razón por, según su opinión, haber incumplido una orden de precinto”, cuestión que se demostró incierta y que finalizó con el archivo de todos los expedientes que impulsó Mencey Navarro, señala la formación nacionalista.
Asimismo, el comunicado añade un dato, que en opinión de NC es muy significativo, y es que “la abogada que asistió a uno de los policías procesados, es la misma que defiende al primer teniente de alcalde de Mogán en la causa por la que se le investiga por la comisión de un posible delito de amaño electoral.
Para NC de Mogán, esta situación se vuelve un auténtico despropósito por las contradicciones en la que incurre concejal, pues por un lado se erigió como el defensor de los derechos de los inmigrantes y por otro parece apoyar a los policías que son condenados por darle una paliza a un ciudadano senegalés.
Desde NC, su portavoz en el municipio de Mogán, Isabel Santiago, aconsejó al concejal de Policía que fuese equidistante y que no se implicase tan descaradamente en un procedimiento judicial que afecta a la imagen de todo el cuerpo de Policía y que ponía en tela de juicio sus actuaciones como responsable político, pues cuando estaba en la oposición pedía la apertura de expedientes disciplinarios a estos agentes y cuando ha sido gobierno no ha hecho nada que permita esclarecer los hechos de forma interna y poder exigir responsabilidades administrativas si fuese necesario.
Por último, “NC espera y desea que el concejal no tenga la tentación de llegar a ningún acuerdo oculto con los agentes condenados para que sea el Ayuntamiento y no ellos, quien asuma el coste de las indemnizaciones que se incluyen en el fallo de la Sentencia”.
