Antonio Morales mantiene que “no podemos seguir creciendo en población”
Canarias ha experimentado un aumento poblacional sin precedentes. Este archipiélago, en el año 1900 tenía poco más de 300.000 habitantes y en las primeras dos décadas de este siglo ha pasado de 1,6 a 2,2 millones de habitantes, lo que supone un aumento de más del 30%. En los últimos 25 años, la población ha aumentado un 180% y un 102% en las islas en Lanzarote y Fuerteventura. En este mismo tiempo el País Vasco, que es una comunidad con población similar a la nuestra, aumentó solo en un 5%. Este fenómeno, si bien puede interpretarse como un indicador de prosperidad, plantea desafíos significativos que requieren una atención inmediata y estrategias de control y de desarrollo sostenible.
Además, Gran Canaria, y en especial su franja costera este, se encuentra en el epicentro de este crecimiento demográfico que plantea preguntas cruciales sobre la sostenibilidad y la capacidad de la isla para gestionar su incremento poblacional. Esta isla, con su diversidad geográfica y climática, ha sido durante mucho tiempo un destino deseado tanto por turistas como por aquellos que buscan establecerse en un entorno idílico, así como por las diversas oportunidades de negocio que genera. Sin embargo, este encanto natural se ha visto amenazado por un aumento demográfico que ha superado las capacidades de la isla para mantener un equilibrio ambiental. Aunque tenemos el 42% del territorio protegido, la densidad demográfica en Gran Canaria es de 544 habitantes por kilómetro cuadrado.
La huella ecológica y de carbono asociada al aumento de la población es uno de los mayores desafíos al que nos enfrentamos. El incremento en la demanda de recursos naturales, la expansión urbana y la elevación del consumo energético contribuyen directamente a la degradación ambiental. La fragilidad de los ecosistemas insulares hace que sea aún más vital abordar estos problemas con prontitud, antes de que las consecuencias ambientales se vuelvan irreversibles.
En estos momentos la huella ecológica de Canarias está muy por encima de la media mundial. Si todo el mundo consumiera recursos como se hace en las islas se necesitarían 3,84 planetas para cubrir esa demanda. Pero solo tenemos uno. El espacio urbano o periurbano supera el 24% del territorio, por cada 100 kilómetros cuadrados disponemos de 60 kilómetros de carreteras, el parque automovilístico supera los 880 vehículos por 1.000 habitantes -con las consiguientes cogestiones de tráfico-, el consumo de agua y de energía es brutal…
Este aumento desmesurado de población también tiene efectos sobre el descenso del PIB per cápita que estamos experimentando. Ya en 2016 un estudio de la Fundación DISA explicaba que el 70% del proceso de divergencia económica de Canarias respecto a la media europea viene explicado por la evolución (aumento) de la población. Incluso aunque consigamos hacer aumentar el PIB, si la población sigue creciendo a este ritmo nos vamos a seguir empobreciendo. Por eso los indicadores de pobreza estructural -que giran en torno a un tercio de la población- a los que no se les ha puesto remedio en décadas. Por eso los datos cada vez más alarmantes sobre la perdida de calidad en servicios universales como los sanitarios, educativos o de políticas sociales o sociosanitarias, con largas listas de espera, colas en las urgencias y en la resolución de las prestaciones, dificultad en el acceso a plazas residenciales, etc.
Otra de las consecuencias negativas más recientes que se está experimentando es la escasez de viviendas y su elevadísimo precio, tanto en alquiler como en compra. Esto es un impedimento para el desarrollo armonioso de la sociedad. La falta de una planificación urbana eficiente y el incremento de la demanda ha llevado a la congestión en áreas urbanas, afectando la calidad de vida de los residentes. Los aumentos desproporcionados en los precios de la vivienda están dejando a muchos ciudadanos y ciudadanas locales, en especial jóvenes, al margen de la posibilidad de acceder a un hogar digno.
Para lograr un desarrollo sostenible, es imperativo abordar de frente estas preocupaciones. En primer lugar, es esencial implementar políticas que regulen el crecimiento poblacional. La planificación urbana debe priorizar la conservación de espacios naturales y limitar la expansión urbana descontrolada. Establecer límites a la construcción en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental y promover la rehabilitación de zonas urbanas existentes son pasos cruciales.
Además, la isla debe enfocarse en la adopción de fuentes de energía renovable y la implementación de prácticas sostenibles en todos los sectores. Fomentar la movilidad sostenible, invertir en infraestructuras verdes y promover la eficiencia energética son medidas clave para reducir la huella de carbono. La conciencia ambiental también debe ser fomentada entre la población, incentivando prácticas más ecológicas en el día a día.
La apuesta real por el turismo sostenible debe ser una prioridad. El éxito turístico no puede estar basado en un crecimiento sin límites. Es imposible por la escasez del territorio y la limitación de los recursos. La solución pasa necesariamente por un turismo que pase más tiempo de estancia media en la isla y que genere más gasto el tiempo que permanezca entre nosotros.
Ahora bien, que sea urgente abordar con premura y seriedad la cuestión poblacional en Canarias no debe llevarnos a dar pábulo a discursos racistas, xenófobos o anti-inmigración. Porque lo cierto es que según los datos del INE, de los 292.542 extranjeros casi la mitad (134.837) son de países comunitarios, 84.660, proceden de América (sudamérica en su mayoría) y los africanos son tan solo 26.579. Y en esta estadística estamos dejando fuera a los residentes que proceden de otras regiones del Estado español, que suponen también un importante contingente de residentes en Canarias.
Pero al tiempo que ocurre esto, hay zonas de la isla (medianías y cumbres) que tienen problemas de despoblación, e incluso islas enteras como La Palma, que pierde población y la que tiene está cada vez más envejecida. Como vemos es una realidad compleja de gestionar, de ahí que en muchas ocasiones hablemos de reto demográfico.
En conclusión, el crecimiento poblacional en Gran Canaria y en toda Canarias plantea desafíos significativos para la sostenibilidad ambiental, social y económica del archipiélago. La huella ecológica y de carbono ha alcanzado niveles preocupantes y es imperativo tomar medidas para revertir esta tendencia. La adopción de políticas que regulen el crecimiento, la promoción de prácticas sostenibles y la educación ambiental son pasos esenciales hacia un desarrollo sostenible que garantice un adecuado nivel de vida para nuestra población.
Urge plantar cara a esta situación. Se han puesto parches en muchas ocasiones, como con la aprobación de las Directrices de Ordenación General, que no han servido para mucho. También en 2005 Paulino Rivero forzó en el Congreso de los Diputados de España la creación de una comisión bilateral para analizar la preocupante evolución de la población en las islas que se diluyó como un azucarillo. En 2008, el Parlamento de Europa aprobó un informe, sin ningún resultado, en el que se insistía en que la Unión Europea debería prestar especial atención a las Regiones Ultraperiféricas en asuntos como la inmigración y el crecimiento demográfico. En 2022 el Gobierno central impulsó un grupo de trabajo para abordar de manera específica el reto demográfico en Canarias y aún no se ha reunido ni una sola vez, ni parece que vaya a hacerlo casi dos años después.
En septiembre de 2022 se creó igualmente una comisión en el Parlamento de Canarias para analizar el reto demográfico y el equilibrio poblacional. Se empezó a reunir en noviembre de ese mismo año, durante unos meses hasta el final de la legislatura anterior, y se ha vuelto a renovar en esta, con la oposición de Vox. Su dictamen y propuestas deben ser prioritarias. No se puede dilatar más la búsqueda de alternativas a una situación que puede producir un colapso en las islas por la sobrecarga demográfica, tal y como nos advierten muchos expertos.
Antonio Morales Méndez, Presidente del Cabildo de Gran Canaria
