Maribe Doreste lleva al Parlamento la voz de los afectados por la Ley Turística y rompe con la Consejería de Turismo
La presidenta de la PALT denuncia la falta de diálogo institucional y acusa al Gobierno de Canarias de ignorar las propuestas de los propietarios en suelo turístico
La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribe Doreste, intervino esta semana en la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias, donde anunció la ruptura de relaciones institucionales con la Consejería de Turismo y Empleo que dirige Jéssica de León.
Durante su comparecencia, Doreste acusó al Ejecutivo autonómico de mantener “una falta de diálogo real” y de ignorar las propuestas trasladadas por los propietarios residentes en suelo turístico.
Un desencuentro tras la reunión entre Turismo y San Bartolomé de Tirajana
El anuncio de la PALT se produjo un día después de la reunión mantenida entre la consejera Jéssica de León y el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, en la que ambas administraciones analizaron las líneas del borrador de la nueva Ley de Ordenación del Turismo en Canarias.
El encuentro abordó cuestiones como la unidad de explotación, la residencialización y la seguridad jurídica en las zonas turísticas del Archipiélago, temas que también forman parte del debate que la Plataforma lleva defendiendo desde hace años.
Sin embargo, la organización considera que la Consejería “no ha mostrado una voluntad de consenso” e incluso ha “reproducido sin reconocimiento” parte de sus propuestas sobre el futuro marco normativo.
Críticas a la falta de coherencia y a la exclusión del diálogo
Durante su intervención parlamentaria, Doreste expresó su decepción con la gestión del Gobierno canario, afirmando que “no existe un verdadero respeto institucional ni transparencia en el proceso de elaboración de la nueva ley”.
La representante de la PALT lamentó que los encuentros mantenidos “no hayan servido para construir acuerdos” y criticó que el Ejecutivo “haya hecho públicos planteamientos idénticos” a los del colectivo “sin asumir las enmiendas ni las garantías propuestas por los propietarios”.
En este sentido, la presidenta recalcó que la plataforma “no se prestará a procesos que simulen participación ciudadana” y reivindicó “el derecho de los residentes a vivir en sus propiedades dentro del suelo turístico, sin ser tratados como infractores”.
La unidad de explotación, el eje de la disputa
El debate sobre la unidad de explotación turística sigue siendo el núcleo del conflicto.
Esta figura obliga a que un único operador gestione los complejos extrahoteleros, impidiendo que los propietarios que viven en ellos puedan ejercer libremente su derecho de uso o arrendamiento.
La PALT considera que este modelo “rompe la convivencia entre residentes y operadores turísticos” y defiende que, para ejercer la actividad turística, el explotador deba reunir el 100% de las unidades del complejo, tal como ocurre en otras comunidades autónomas.
Esperando una resolución judicial y política
El colectivo recuerda que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso que examina si el principio de unidad de explotación en Canarias se ajusta a la normativa europea.
Hasta que exista una resolución, la PALT mantendrá suspendida su participación en los foros impulsados por la Consejería de Turismo, apostando por la vía judicial y parlamentaria para defender lo que consideran “una legislación más justa, transparente y equilibrada”.
Un reto para la futura Ley de Ordenación del Turismo
La comparecencia de Maribe Doreste ha reactivado el debate político sobre la residencialización en suelo turístico y la necesidad de actualizar la legislación canaria para adaptarla a la realidad social de los municipios turísticos como San Bartolomé de Tirajana, donde conviven residentes y visitantes en un mismo entorno.
La nueva Ley de Ordenación del Turismo, aún en fase de redacción, tendrá que abordar este equilibrio entre el derecho a la vivienda y la sostenibilidad del modelo turístico canario, en un momento de máxima tensión entre administraciones y colectivos ciudadanos.
