Maribe Doreste lleva al Parlamento la voz de los afectados por la Ley Turística y rompe con la Consejería de Turismo
La presidenta de la PALT denuncia la falta de diálogo institucional y acusa al Gobierno de Canarias de ignorar las propuestas de los propietarios en suelo turístico
La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribe Doreste, intervino esta semana en la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias, donde anunció la ruptura de relaciones institucionales con la Consejería de Turismo y Empleo que dirige Jéssica de León.
Durante su comparecencia, Doreste acusó al Ejecutivo autonómico de mantener “una falta de diálogo real” y de ignorar las propuestas trasladadas por los propietarios residentes en suelo turístico.
Un desencuentro tras la reunión entre Turismo y San Bartolomé de Tirajana
El anuncio de la PALT se produjo un día después de la reunión mantenida entre la consejera Jéssica de León y el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, en la que ambas administraciones analizaron las líneas del borrador de la nueva Ley de Ordenación del Turismo en Canarias.
El encuentro abordó cuestiones como la unidad de explotación, la residencialización y la seguridad jurídica en las zonas turísticas del Archipiélago, temas que también forman parte del debate que la Plataforma lleva defendiendo desde hace años.
Sin embargo, la organización considera que la Consejería “no ha mostrado una voluntad de consenso” e incluso ha “reproducido sin reconocimiento” parte de sus propuestas sobre el futuro marco normativo.
Críticas a la falta de coherencia y a la exclusión del diálogo
Durante su intervención parlamentaria, Doreste expresó su decepción con la gestión del Gobierno canario, afirmando que “no existe un verdadero respeto institucional ni transparencia en el proceso de elaboración de la nueva ley”.
La representante de la PALT lamentó que los encuentros mantenidos “no hayan servido para construir acuerdos” y criticó que el Ejecutivo “haya hecho públicos planteamientos idénticos” a los del colectivo “sin asumir las enmiendas ni las garantías propuestas por los propietarios”.
En este sentido, la presidenta recalcó que la plataforma “no se prestará a procesos que simulen participación ciudadana” y reivindicó “el derecho de los residentes a vivir en sus propiedades dentro del suelo turístico, sin ser tratados como infractores”.
La unidad de explotación, el eje de la disputa
El debate sobre la unidad de explotación turística sigue siendo el núcleo del conflicto.
Esta figura obliga a que un único operador gestione los complejos extrahoteleros, impidiendo que los propietarios que viven en ellos puedan ejercer libremente su derecho de uso o arrendamiento.
La PALT considera que este modelo “rompe la convivencia entre residentes y operadores turísticos” y defiende que, para ejercer la actividad turística, el explotador deba reunir el 100% de las unidades del complejo, tal como ocurre en otras comunidades autónomas.
Esperando una resolución judicial y política
El colectivo recuerda que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso que examina si el principio de unidad de explotación en Canarias se ajusta a la normativa europea.
Hasta que exista una resolución, la PALT mantendrá suspendida su participación en los foros impulsados por la Consejería de Turismo, apostando por la vía judicial y parlamentaria para defender lo que consideran “una legislación más justa, transparente y equilibrada”.
Un reto para la futura Ley de Ordenación del Turismo
La comparecencia de Maribe Doreste ha reactivado el debate político sobre la residencialización en suelo turístico y la necesidad de actualizar la legislación canaria para adaptarla a la realidad social de los municipios turísticos como San Bartolomé de Tirajana, donde conviven residentes y visitantes en un mismo entorno.
La nueva Ley de Ordenación del Turismo, aún en fase de redacción, tendrá que abordar este equilibrio entre el derecho a la vivienda y la sostenibilidad del modelo turístico canario, en un momento de máxima tensión entre administraciones y colectivos ciudadanos.
José Luis Navarro Pérez
Tengo 63 años, padre de dos hijos( uno aún sin incorporarse al mundo laboral a pesar de tener formación universitaria). Compré un bungalow en Campo Internacional en el 2010. Nos empadronamos en dicho inmueble y residimos en él, tras solicitar hipoteca, que aún no he amortizado. La antigüedad del inmueble es de 1985. Los propietarios adquirimos el inmueble con División horizontal (en la que se describe la propriedad, compuesta por 92 bungalows de uso privativo y con elementos comunes: zonas verdes, aparcamientos, zona de piscina con su cuarto de máquinas , aseos colectivos, sala de recepción, salón y cuartos de lencería y almacén y red pasillos;de las que somos propietarios , usuarios: y que mantenemos todos, con nuestras cuotas según por coeficientes de participación ).
Desde que compramos el complejo no estaba-ni está- en explotación turística, a pesar de que tenemos la capacidad de explotar, otorgada por el Patronato de insular de turismo.
La Explotación turística que se hacía antes, a través de un agente explotador externo(Que previamente a la compra y venta de los bungalows- año 2010- ya había perdido registralmente la existencia de tal sociedad y el ejercicio de su actividad )bajo ella modalidad de una unidad de explotación, acabó cuando las sociedades propietarias deciden vender la finca (con autorización o la inacción de las administraciones públicas y el cuerpo de los notarios y registradores): Es entonces cuando ,mediante la aceptación de de Obra Nueva, otorgada notarialmente y con constancia en escritura (en julio del 1998) se le da a la finca la naturaleza y funcionamiento en Régimen de Propiedad Horizontal(Ante Notario en febrero de 2010).
A partir de ese momento la finca dividida en predios independientes , a iniciativa de las dos sociedades propietarias existentes, se comienza a vender a múltiples propietarios de manera independiente. En la escritura de cada una de estos bungalows vendidos se incorpora(en el acto y firma de la compra venta) su referencia catastral individual y los artículos que conforman el Estatuto que regulará la vida , derechos y obligaciones de cada uno de los nuevos propietarios).
Fue la irresponsabilidad de las sociedades vendedoras el no comunicar y solicitar debidamente al Patronato Insular de Turismo, el cese de la explotación Turística bajo el modelo de Unidad de Explotación y la solicitud de dar turística y a la suspensión del permiso-licencia otorgado para el ejercicio de dicha actividad . Solicitud que hemos(la comunidad de propietarios) comunicado y trasladado reiterada y oficialmente a dicho Patronato Insular de Turismo, sin obtener respuesta favorable.
Desde que compramos lo propietarios hacemos uso residencial de la finca inmueble urbana, como primera o segunda residencia. Lógicamente hemos invertido con fondos propios a mantener y mejorar las instalaciones comunes.
Cada uno pagamos los impuestos relacionados ( municipales y otros) y la mayoría de los propietarios estamos empadronados en el complejo residencial del que se habla en este documento comentario .
Me parece irregular y contraria a nuestros derechos ,como propietarios legales ,a las pretensiones de la Consejería de Turismo Regional e Insular.
Es más, igual que muchos otros propietarios en las zonas turísticas de esta nuestras islas , estamos viviendo momentos de gran estrés psicológico y emocional, ante estas pretensiones de los Administraciones públicas (con la complicidad real que supone el silencio de los notarios, registradores y bancos que han estado,y están, implicados en estas miles de compraventas de estos miles de apartamentos y bungalows.
Me resulta incompresible como se pueda otorgar legitimidad a este intento de que otros decidan sobre el uso y derecho de propiedad de nuestras viviendas.
Agradezco y apoyo el trabajo altruista de asociaciones como la PALT, al defender los derechos de miles de propietarios,afectados por esta ley o norma, impulsada unilateralmente por la Consejería Regional de Turismo; que no cuenta con nuestras opiniones y no respeta nuestros derechos como propietarios de estos inmuebles afectados.
Nuestra constitución no permite que nos roben nuestro derecho a residir en nuestra propiedad ni a que nos suplante nuestro derecho a decidir sobre el uso de la misma.
No procede y no es justo que nos responsabilicen a los propietarios por la falta de acceso a una vivienda que padecen de muchos ciudadanos. Es el Estado, con sus recursos y competencias legislativas y ejecutivas medios los que deben planificar para satisfacer ese derecho a acceder a una vivienda. Señores y señoras del cuerpo de funcionarios técnicos de la administraciones públicas implicadas, no consientan( como servidores de la función público) que se se transformen , modifiquen ,mal interpreten nuestros derechos de sobre nuestra propiedad recogidos en la Constitución. No autoricen ni permitan cualquier actuación ,a iniciativa unilateral de los representantes temporales del poder Ejecutivo y legislativo, encaminada a modificar, alterar o mal interpretar a la naturaleza y cualidades de nuestras propiedades.(Adquiridos,asignados y otorgados según lo establecido,existente y caracterizado en el ordenamiento y planeamiento urbano del momento en que se concedió y se dió autorizaron a la ejecución los proyectos de edificación y se concedieron la primeras licencias de ocupación. Es de justicia que actúen conforme a la legalidad y la regulación territorial y de planeamiento urbanístico de entonces. No deseo que ningún ciudadano, politico, funcionario, trabajador de la banca o del cuerpo de notarios y registradores… que tengan que vivir con la incertidumbre económica, emocional y la inseguridad jurídica ,por la que muchos y muchas estamos pasando a consecuencia de estas pretensiones unilaterales de la Consejería regional de turismo, que no cuenta ,tampoco, con el Apoyo y respaldo de las señorías de nuestro Parlamento canario.