PP y Vox: ¿quién representa a Canarias en el Senado?
El pacto electoral anunciado el 26 de octubre sitúa a personas propuestas por Vox en las candidaturas populares y abre un debate sobre la transparencia y el compromiso con las islas.
Gran Canaria y Tenerife merecen conocer qué criterios justifican estas designaciones y qué proyecto ofrecen sus aspirantes para representar al archipiélago.
La ciudadanía canaria merece saber quién aspira a representarla y por qué ha sido elegido para hacerlo. El acuerdo anunciado el 26 de octubre entre PP y Vox para las elecciones del 29 de noviembre sitúa esa exigencia en el centro del debate. La incorporación de personas propuestas por Vox a las candidaturas populares al Senado, presentadas como independientes, obliga a preguntar qué lugar ocupan las necesidades de Canarias en una negociación dirigida desde Madrid.
Las candidaturas son el primer compromiso de un partido con sus electores. Elegir a quienes pedirán el voto de Gran Canaria y Tenerife supone decidir qué experiencia, qué conocimiento y qué prioridades se ofrecen a sus habitantes. Cuando esa selección responde a un acuerdo entre direcciones estatales, corresponde explicar cómo se han tenido en cuenta los intereses de las islas.
Canarias tiene derecho a exigir una representación con criterio propio. Una representación capaz de escuchar a su ciudadanía y defender sus necesidades incluso cuando resulten incómodas para las estrategias de los partidos en Madrid.
PP y Vox en el Senado: las explicaciones que merece Canarias
En Gran Canaria, el acuerdo incorpora a Alba Moreno Santa, antigua directora de Comunicación del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y candidata de esa formación en Alcalá de Henares en 2023. Según la información publicada por Europa Press el 27 de octubre, ocupa el lugar inicialmente previsto para María del Mar Arévalo.
Para Tenerife, la misma agencia anunció la incorporación de García Paramio, candidato de Vox por León en 2023, en sustitución de José Carlos Acha. Ambas designaciones fueron descritas como parte del pacto nacional entre las dos formaciones.
La información posterior sobre las candidaturas publicadas el 28 de octubre menciona, sin embargo, a Acha en Tenerife. Esa discrepancia exige distinguir entre las incorporaciones anunciadas y la composición definitiva de las listas. La precisión resulta necesaria también cuando se formula una crítica política.
El propósito electoral del entendimiento es concentrar apoyos y mejorar las opciones de representación en el Senado. Vox renuncia a competir con candidaturas propias en determinados territorios y el PP incorpora aspirantes propuestos por esa formación. La lógica del acuerdo está explicada; lo que la ciudadanía canaria merece conocer es qué justifica la elección de esos perfiles para representar a sus islas.
La denominación de independientes tampoco basta como explicación. Los antecedentes profesionales y electorales vinculados a Vox forman parte de la información que los votantes deben conocer. Quien solicita la confianza de la ciudadanía debe presentar su trayectoria con claridad y explicar qué autonomía política está dispuesto a ejercer.
¿Con qué criterios se han escogido estos nombres? ¿Qué participación han tenido las organizaciones canarias? ¿Qué compromisos concretos se han asumido con Gran Canaria y Tenerife? Son preguntas sobre representación democrática que requieren respuestas públicas.
Una voz canaria propia para defender los intereses de las islas
El compromiso con Canarias se demuestra con conocimiento, trabajo y responsabilidad ante su gente. El lugar de nacimiento no garantiza ni impide ese compromiso. Una concepción abierta de la identidad canaria reconoce como parte de esta tierra a quienes contribuyen a ella y comparten su presente y su futuro.
Precisamente por eso, el arraigo político debe acreditarse. Quien aspire a representar a una isla debe conocer sus municipios, escuchar a sus colectivos y explicar qué prioridades llevará a las instituciones. Ese vínculo necesita continuidad y debe poder evaluarse después de las elecciones.
Desde una perspectiva nacionalista canaria, resulta fundamental que el archipiélago tenga capacidad para fijar sus prioridades y hacerlas valer. La representación de las islas debe construirse contando con su ciudadanía, con sus organizaciones y con la diversidad de sus realidades. Los acuerdos estatales deben explicar cómo respetan esa capacidad de decisión.
Para quienes viven en el sur y sureste de Gran Canaria, esa exigencia tiene un significado concreto. La vivienda, la movilidad, los servicios públicos y la relación entre el turismo y el bienestar de la población merecen compromisos claros. Quienes pidan el voto en Maspalomas, Mogán, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes o Ingenio deben explicar qué pueden impulsar desde sus responsabilidades y cómo rendirán cuentas de su trabajo.
También deben aclarar qué posición adoptarán cuando las prioridades de Canarias entren en tensión con las de sus direcciones políticas. Ahí se mide la utilidad de una representación propia: en la capacidad de defender a la ciudadanía que le ha otorgado su confianza.
El PP debe justificar los cambios acordados y Vox debe explicar la elección de sus propuestas. A las personas candidatas les corresponde presentar un proyecto para las islas y someterlo al juicio de sus habitantes. Ninguna etiqueta sustituye esa obligación.
Canarias merece ser escuchada antes de que se decidan los nombres que van a representarla. Su ciudadanía tiene derecho a participar, a exigir explicaciones y a elegir con toda la información. La confianza de un pueblo se solicita con respeto, se sostiene con compromisos y se responde ante él.
