Adiós al sorteo: Canarias cambia las reglas para acceder a la vivienda pública
El nuevo decreto elimina el azar en la adjudicación y exige hasta 10 años de residencia para optar a una vivienda protegida
El acceso a la vivienda pública en Canarias deja de depender del azar. El Gobierno autonómico ha aprobado el proyecto de decreto que transforma por completo el sistema de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública, sustituyendo el sorteo por un modelo basado en criterios objetivos de baremación y reforzando de forma decisiva los requisitos de residencia y arraigo en el Archipiélago.
El fin del sorteo como criterio de acceso
Durante años, cuando la demanda superaba a la oferta, el sorteo fue el mecanismo principal para adjudicar viviendas protegidas. Con el nuevo decreto, ese modelo queda atrás. La norma establece un procedimiento de adjudicación sustentado en criterios objetivos, que valoran la situación social, económica y familiar de las personas demandantes, con el objetivo de priorizar a quienes presentan mayores dificultades de acceso a una vivienda digna.
Este cambio supone una modificación estructural del sistema, orientada a dotar de mayor coherencia y justicia al reparto de un recurso limitado como es el parque público de vivienda.
La residencia en Canarias, requisito clave
Uno de los aspectos centrales del nuevo marco normativo es el refuerzo de los requisitos de arraigo. Para acceder a una vivienda protegida de promoción pública será obligatorio acreditar una residencia continuada en Canarias de al menos 10 años. En los casos de residencia discontinua, el periodo exigido se amplía hasta los 15 años.
Además, la norma contempla la necesidad de residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción, con el fin de garantizar que las viviendas públicas atiendan prioritariamente a la población con arraigo efectivo en el territorio.
De un sistema aleatorio a uno basado en necesidades
El modelo de baremación permitirá ordenar las solicitudes en función de criterios objetivos previamente definidos, dejando atrás un sistema en el que personas con situaciones muy distintas podían tener las mismas opciones en un sorteo. La finalidad es que el acceso a la vivienda protegida responda a necesidades reales y contrastadas, y no a la simple probabilidad.
Un cambio con impacto social
El nuevo decreto se enmarca en una revisión más amplia de la política de vivienda pública en Canarias, con el objetivo de reforzar la transparencia, la equidad y el carácter social del sistema. El texto normativo ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y continuará ahora su tramitación administrativa hasta su aprobación definitiva.
