Autónomas denuncian impagos de la Concejalía de Igualdad de Las Palmas de Gran Canaria
Las afectadas acusan al área municipal de vulnerar la ley de pagos y ejercer “violencia institucional” por retrasos que se prolongan desde 2024
Varias profesionales autónomas de Gran Canaria han denunciado públicamente que la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene impagos desde 2024 por trabajos contratados y ejecutados en campañas y eventos oficiales. Las afectadas aseguran que la situación, prolongada durante casi un año, constituye una forma de “violencia administrativa” que las ha llevado al endeudamiento y la precarización.
Una deuda que se prolonga desde 2024
Las reclamaciones se centran en facturas correspondientes a proyectos encargados por la Concejalía de Igualdad, entre ellos los vinculados al Día Internacional contra la Violencia de Género (25N) y diversas campañas institucionales desarrolladas durante 2024.
Según las afectadas, el Ayuntamiento no ha cumplido el plazo legal de 30 días naturales para abonar los servicios contratados, generando una situación de incertidumbre económica. “Nos han estado dando largas durante meses”, señalan las trabajadoras, que continúan afrontando cuotas de autónomos e impuestos sin haber recibido los pagos pendientes.
Gastos asumidos por las productoras ante la falta de previsión
En uno de los casos denunciados, la productora encargada de ejecutar las actividades del 25N tuvo que adelantar la totalidad de los costes del evento, incluyendo seguridad, ambulancias, equipos de sonido, generadores eléctricos y personal técnico.
Ante la falta de previsión presupuestaria del Ayuntamiento, la entidad tuvo incluso que facturar a través de otra empresa para poder mantener sus compromisos con la misma administración. “Esta práctica, habitual pero insostenible, refleja el desajuste entre la voluntad institucional y la realidad económica de las profesionales que sostienen estos proyectos”, apuntan.
Silencio institucional y consecuencias laborales
Casi un año después de la realización de los servicios, las facturas continúan sin ser abonadas ni existe una fecha estimada de pago. Las trabajadoras aseguran que la respuesta de la Concejalía ha sido el silencio y la falta de información clara.
Además, denuncian que el estrés generado por esta situación ha llevado a varias administrativas del área a darse de baja, evidenciando un problema de gestión interna. “La parálisis administrativa está afectando tanto a las trabajadoras externas como al propio personal de la Concejalía”, explican.
Una denuncia por violencia institucional
Las firmantes del comunicado —María Buenadicha Gómez, Rita Vera, Andrea Farah Gaeta y Patricia Rivero— consideran que esta situación constituye una forma de violencia institucional y administrativa. En su declaración, afirman que el feminismo institucional no puede sostenerse sobre la precarización de las mujeres trabajadoras ni sobre el impago de los proyectos que lo representan.
“Reivindicamos que el feminismo institucional no puede construirse a costa del sacrificio económico y emocional de las mujeres trabajadoras, ni mucho menos dejar impagadas las labores que hacen posible campañas tan relevantes”, sostienen.
Exigen una solución inmediata
Las profesionales exigen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pago urgente de las facturas pendientes y un compromiso real con la mejora de las condiciones laborales en los proyectos de igualdad.
“Exigimos una solución inmediata, el pago urgente y un compromiso real con las condiciones laborales de quienes sostienen los proyectos de igualdad desde el terreno. No hay políticas públicas feministas sin justicia económica y respeto hacia quienes las hacen posibles”, concluyen las afectadas.
