Canarias aprueba un nuevo decreto para agilizar la valoración del grado de discapacidad
El Gobierno autonómico elimina trámites presenciales en determinados casos y amplía la atención prioritaria a menores de hasta 18 años
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este martes 29 de julio de 2025 el proyecto de Decreto que regula los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en el archipiélago. La nueva normativa permitirá simplificar trámites administrativos, reducir los plazos de resolución y mejorar el acceso a derechos para colectivos vulnerables.
¿Qué regula el nuevo decreto?
La norma regula los procedimientos administrativos para el reconocimiento del grado de discapacidad en Canarias, contemplando como principal novedad la posibilidad de emitir una valoración automática en casos específicos. Se incorporará un anexo con un listado de patologías que, tras su acreditación, permitirán conceder de forma directa un grado de discapacidad del 33 %, 65 % o 75 %, sin necesidad de valoración presencial.
¿Quién impulsa esta iniciativa?
El decreto ha sido impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en cumplimiento del marco estatal establecido por el Real Decreto 888/2022. La norma fue aprobada este martes por el Consejo de Gobierno y será convalidada en el Parlamento de Canarias tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
¿Cuándo entra en vigor?
El decreto entrará en vigor tras su publicación oficial en el BOC y posterior convalidación parlamentaria. Desde ese momento, comenzarán a aplicarse las nuevas medidas previstas en la normativa.
¿Dónde se aplicará?
El nuevo sistema se implementará en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Uno de sus objetivos principales es garantizar la igualdad en el acceso al procedimiento en todas las islas, evitando desequilibrios entre las islas capitalinas y las no capitalinas.
¿Por qué se aprueba esta reforma?
El objetivo es mejorar la eficiencia del proceso administrativo, reducir las listas de espera y garantizar el acceso igualitario a los derechos derivados del reconocimiento del grado de discapacidad. Además, la reforma responde a la necesidad de adaptar la normativa al nuevo baremo estatal (BAREDI), que incorpora criterios médicos, psicosociales y ambientales.
¿Cómo se aplicarán las medidas?
El decreto incluye una serie de procedimientos automatizados y refuerza la coordinación entre distintas áreas del Gobierno. Por ejemplo, contempla la emisión automática de la tarjeta de estacionamiento vinculada al anexo de patologías, evitando trámites adicionales. También se establece una cooperación entre la Dirección General de Discapacidad y el Servicio Canario de Salud para el uso de personal sanitario en los informes, lo que contribuirá a reducir la carga sobre los equipos de valoración.
Además, se establece una coordinación específica con la Consejería de Educación para los casos que afectan a menores, así como con los colegios profesionales, que podrán prestar apoyo técnico en la elaboración de informes.
Ampliación de prioridades para menores
Una de las novedades más relevantes es la ampliación del tratamiento prioritario para menores, que hasta ahora solo se aplicaba de 0 a 6 años. A partir de la entrada en vigor del decreto, la prioridad se extenderá hasta los 18 años. Esta medida permitirá atender no solo aspectos médicos, sino también condicionantes sociales graves, con el fin de facilitar el acceso de los menores a becas, recursos educativos o adaptaciones en su entorno.
Estructura del decreto
La norma se estructura en cuatro títulos que abordan el objeto y ámbito de aplicación, las competencias de los equipos de valoración, el procedimiento y la revisión. Se incluyen además cuatro disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, cuatro disposiciones finales y un anexo con el catálogo de patologías vinculadas a la concesión automática de grados de discapacidad.
