Canarias cambia el acceso a la vivienda pública: exigirá 12 años de residencia y elimina los sorteos
- El nuevo decreto prioriza el arraigo y sustituye el azar por un sistema de baremación social, económica y familiar
- El Gobierno de Canarias digitaliza el registro de demandantes y amplía los cupos para jóvenes, mayores y colectivos vulnerables
El Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo decreto que transforma el sistema de acceso a la vivienda pública en el archipiélago. La norma elimina el tradicional sistema de sorteo para adjudicar viviendas protegidas e introduce un modelo basado en criterios sociales, económicos y familiares. Entre las principales novedades destaca la exigencia de acreditar al menos doce años de residencia en Canarias para poder optar a una vivienda pública.
Adiós al sistema de sorteo en la vivienda pública
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y del sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública. La norma, impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, introduce un cambio estructural en la forma en que se asignan estas viviendas.
Hasta ahora, muchas promociones se adjudicaban mediante sorteos entre las personas inscritas en el registro. Con el nuevo modelo, ese sistema queda eliminado. A partir de ahora, las viviendas se asignarán mediante un proceso de baremación que evaluará la situación económica, social y familiar de cada solicitante.
Según explicó el consejero, el objetivo de esta modificación es que el acceso a la vivienda protegida deje de depender del azar y pase a regirse por criterios objetivos que permitan priorizar a las personas con mayor necesidad habitacional.
Un requisito de arraigo: 12 años viviendo en Canarias
Uno de los cambios más relevantes introducidos por el decreto es la incorporación de un requisito de arraigo para acceder a la vivienda pública. Las personas solicitantes deberán acreditar al menos doce años de residencia continuada en Canarias o quince años en el caso de residencia discontinua.
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico busca garantizar que las viviendas públicas se destinen prioritariamente a personas que llevan años viviendo en el archipiélago y que mantienen una vinculación estable con el territorio.
El Gobierno regional defiende que esta exigencia responde a la necesidad de proteger la función social del parque público de vivienda en un contexto marcado por la presión demográfica y el incremento de la demanda residencial en las islas.
Más oportunidades para jóvenes y colectivos vulnerables
El nuevo decreto también introduce cambios en los cupos reservados dentro de las promociones públicas de vivienda, con el objetivo de ampliar las oportunidades para determinados colectivos.
Las nuevas promociones deberán reservar un 20% de las viviendas para jóvenes de hasta 35 años, duplicando el porcentaje anterior. Asimismo, se establece un 10% para personas mayores de 65 años y otro 10% para personas con limitaciones funcionales.
En el caso de las víctimas de violencia de género, el cupo reservado pasa a situarse en el 8% de las viviendas. Además, se incorpora una reserva del 1% para personas migrantes retornadas al archipiélago.
Estas medidas buscan reforzar la dimensión social de la vivienda pública y adaptar su adjudicación a las diferentes realidades familiares y personales que existen actualmente en Canarias.
Inscripción más rápida y digital en el registro de vivienda
Otro de los cambios importantes introducidos por la nueva normativa es la simplificación del proceso de inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida.
Hasta ahora, las personas interesadas debían solicitar cita previa y acudir presencialmente a presentar la documentación necesaria. Con el nuevo sistema, el procedimiento podrá realizarse de forma telemática mediante una declaración responsable en la que el solicitante confirme que cumple los requisitos establecidos.
Posteriormente, la administración verificará la información aportada. El Gobierno de Canarias considera que esta medida permitirá agilizar los trámites, reducir los tiempos de gestión y facilitar el acceso al registro a un mayor número de ciudadanos.
Un cambio en plena crisis de vivienda en Canarias
La aprobación de este decreto se produce en un contexto marcado por la creciente preocupación social por el acceso a la vivienda en el archipiélago. El aumento de los precios del alquiler, la escasez de vivienda disponible y la presión demográfica han situado este asunto entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.
El Ejecutivo autonómico sostiene que la reforma busca mejorar la transparencia, la equidad y la eficacia del sistema de adjudicación, garantizando que las viviendas públicas se asignen a quienes realmente las necesitan.
