Canarias materializa la colaboración público-privada con la calificación de 132 inmuebles protegidos en Gran Canaria
- La Consejería otorga a la empresa Santa Lucía Real Estate S.L la calificación definitiva de vivienda protegida con el compromiso de arrendarlas como VPO de promoción privada durante veinticinco años
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha hecho entrega este viernes de la calificación definitiva de vivienda protegida, por un periodo de veinticinco años, a un edificio de 132 inmuebles, propiedad de la empresa Santa Lucía Real Estate, S.L, ubicado en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana.
Rodríguez ha destacado que se trata de un ejemplo de la colaboración público-privada que su departamento quiere impulsar “para que el sector sume esfuerzos junto a las administraciones públicas y, a través de la inversión en activos inacabados, se puedan poner en el mercado un mayor número de viviendas”.
El consejero ha recibido hoy en la sede de la Consejería a la propietaria de la empresa promotora, Shaila Cogolludo, con la que ha mantenido un encuentro, al que también ha asistido el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil.
Pablo Rodríguez ha explicado que la emergencia habitacional hay que abordarla desde diferentes perspectivas. Por un lado, ha hecho referencia al decreto ley de medidas urgentes, que recoge iniciativas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y otras enfocadas a la promoción e impulso de la construcción de viviendas protegidas.
“Además de todas las políticas que impulsamos desde la administración pública, consideramos fundamental el apoyo del sector privado, porque los costes que supone la construcción y promoción de nueva vivienda, así como la puesta en el mercado de activos inacabados para dar respuesta a la demanda de todo el archipiélago es inasumible por parte de la comunidad autónoma”, ha señalado.
Por su parte, Shaila Cogolludo ha destacado el apoyo recibido por la administración pública y la asociación de promotores de Las Palmas, que les ha permitido rehabilitar el edificio, cuya construcción se inició en el año 2006 y fue suspendida por la crisis inmobiliaria que se produjo en los años posteriores.
La empresa, tras la adquisición del edificio, recibió una subvención del Instituto Canario de la Vivienda, por importe de 1.641.990 euros, con cargo al Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Esta ayuda corresponde a la línea destinada al fomento de la promoción de viviendas protegidas de promoción privada en régimen de arrendamiento.
Cogolludo ha explicado que se trata de un complejo residencial de 132 viviendas de una, dos y tres habitaciones, con cuatro inmuebles adaptados, 132 plazas de garaje vinculadas y 56 cuartos trasteros.
Replanteamiento de la estrategia en vivienda
Para concluir, el consejero ha hecho hincapié en que seguirán articulando medidas que favorezcan la implicación del sector privado y de particulares, para poner freno a las dificultades que atraviesa el archipiélago en materia de vivienda.
“En los próximos meses tendremos listo el concurso público sobre el derecho de superficie, que es un mecanismo que permite que, conservando la titularidad de suelo público, un tercero realice la construcción de viviendas asumiendo este su financiación y explotación para poner en el mercado viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible”, ha explicado, a la vez que ha informado de que se está ultimando el informe sobre los terrenos disponibles en cada una de las islas para proceder a la licitación de los mismos.
Al mismo tiempo, Pablo Rodríguez ha recordado que próximamente se presentará el nuevo planteamiento del programa de vivienda vacía, que aunque estuvo vigente en la pasada legislatura, no obtuvo el éxito esperado. “Replantearemos su estrategia para alentar a la puesta en el mercado de viviendas desocupadas, tanto por parte de grandes tenedores como de particulares, articulando medidas atractivas para que los propietarios tengan garantías para facilitar el acceso a estas”.
