El Gobierno de Canarias recurre ante el TC la reforma de las administraciones locales
El Gobierno de Canarias ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad contra Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que parte de la modificación efectuada en 2011 del artículo 135 Constitución Española para consagrar la estabilidad presupuestaria como principio rector de las actuaciones de todas las Administraciones Públicas, y de su desarrollo por medio de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Con la aprobación de esta Ley, el Gobierno de España y las Cortes Generales han usado la reserva de competencia sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y hacienda general y deuda, para establecer controles legales sobre las administraciones locales que, en opinión del Gobierno de Canarias, no resultan admisibles constitucionalmente por comprometer la autonomía local, así como por invadir competencias autonómicas, tanto en determinados sectores, como en materia de régimen local, contenidos en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Pese a los argumentos esgrimidos por la propia norma en su exposición de motivos, vinculados a la mejora de la organización, competencias y eficiencia de las administraciones locales, el Gobierno de Canarias considera que el objetivo real que se persigue el Gobierno de España con esta Ley de Racionalización es modificar el modelo de Estado reduciendo el papel de los ayuntamientos, tan importantes por su cercanía a los ciudadanos, sobrecargando a las comunidades autónomas con competencias hasta ahora municipales y propiciando la privatización de servicios en beneficio de empresas privadas y perjuicio de la ciudadanía. Todo ello, sin tener en cuenta los límites constitucionales establecidos y que todos los niveles de la Administración Pública están obligados a respetar.
Por ello, el Gobierno de canarias insta al Tribunal Constitucional con este recurso la depuración de los preceptos de la Ley que menoscaban la autonomía local, garantizada constitucionalmente, así como aquéllos que invaden competencias de Canarias.
Concretamente, el Ejecutivo canario considera que la Ley de Racionalización lesiona con especial incidencia competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en tres materias: sanidad, educación y servicios sociales, al estar éstas incluidas en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Canarias entre las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma.
Hay que recordar que esa Ley ha sido aprobada sin negociación y está contestada desde distintos sectores, tanto por los problemas de aplicación que está teniendo, como por entender que desborda el marco constitucional de la autonomía local y autonómica. La norma, ha sido recurrida ya por diputados y senadores, así como por entidades locales y otros gobiernos autonómicos, alguno de ellos gobernado por el Partido Popular.
La aplicación práctica de esa reforma estatal resulta tan farragosa, a criterio del Gobierno de Canarias, que causa inseguridad jurídica a las administraciones locales, a los ciudadanos y las empresas prestadoras de servicios.
Además de las consideraciones jurídicas expuestas en el recurso de inconstitucionalidad, el contenido de la Ley afectará a la prestación de servicios públicos básicos para los ciudadanos, principalmente en el área social y con incidencia en el empleo, lo cual es doblemente grave en una situación como la que padece el país. No sólo servicios sociales, sino otros como el transporte, el asesoramiento a los consumidores o el empleo y la formación se verán limitados por la nueva norma estatal.
