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Canarias ve en la Estrategia Europea de Vivienda una vía para adaptar soluciones al territorio

El Gobierno de Canarias considera que la nueva Estrategia Europea de Vivienda Asequible aprobada esta semana por la Comisión Europea abre una oportunidad para que regiones tensionadas, como el Archipiélago, desarrollen políticas públicas ajustadas a sus particularidades territoriales y socioeconómicas. El Ejecutivo regional destaca que la iniciativa reconoce el carácter estructural de la crisis habitacional e impulsa herramientas que pueden resultar decisivas para avanzar en soluciones locales.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL TERRITORIO INSULAR

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha valorado este nuevo marco estratégico europeo como un paso decisivo para orientar políticas comunes hacia la mejora del acceso a la vivienda y para respaldar financieramente a los territorios más afectados. Según explicó, aunque la Unión Europea no posee competencias directas en materia de vivienda, la Estrategia articula de forma coherente distintas herramientas comunitarias, como ayudas de Estado, políticas de competencia, energía o financiación del Banco Europeo de Inversiones, con el fin de aliviar la presión residencial existente en numerosas regiones.

Rodríguez subrayó que este nuevo enfoque europeo supone un punto de inflexión al reconocer que la crisis habitacional responde a causas estructurales que requieren una intervención amplia y sostenida en el tiempo. Señaló que “no se trata de una norma de aplicación directa, sino de un marco que fija prioridades e influye en futuras decisiones comunitarias, especialmente en materia de financiación y legitimación de políticas regionales”.

CANARIAS, UN TERRITORIO AFECTADO POR LA TENSIÓN RESIDENCIAL

El consejero remarcó que Canarias encaja plenamente en el diagnóstico elaborado por la Comisión Europea. Indicó que la condición insular, el reducido suelo disponible y la necesidad de preservar el entorno natural forman parte de las limitaciones que condicionan la construcción. A ello se suma la presión derivada de la actividad turística, que incide directamente en la oferta residencial.

Según expuso Rodríguez, esta combinación genera dificultades para la emancipación juvenil, problemas de alojamiento para trabajadores esenciales y precios elevados tanto de alquiler como de compra. Por ello, considera fundamental que las islas se posicionen como territorio demostrador, capaz de implementar soluciones regulatorias y financieras específicas.

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO A LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS

El Gobierno de Canarias considera que la Estrategia carece, en esta fase inicial, de una referencia directa a las Regiones Ultraperiféricas, pese a sus singularidades territoriales, económicas y sociales. Rodríguez confía en que estas especificidades puedan incorporarse en el desarrollo legislativo posterior que impulse la Comisión Europea para reforzar el alcance real de la iniciativa.

PROPUESTAS SOBRE LIMITACIONES DE COMPRA DE VIVIENDA

De forma paralela, Canarias ha planteado a las instituciones europeas la necesidad de estudiar posibles limitaciones a la compra de vivienda por parte de personas extranjeras no residentes. El consejero sostiene que esta medida busca proteger la función social de la vivienda en territorios vulnerables, y recuerda que ya existen referencias en ciudades europeas como Berlín o Ámsterdam que permiten restringir el acceso a la propiedad a quienes no acrediten residencia efectiva durante un periodo determinado.

Rodríguez defiende que esta propuesta es compatible con el mercado interior europeo y responde a la necesidad de garantizar que el acceso a la vivienda permita desarrollar un proyecto de vida en el territorio de origen.

TRABAJO CONJUNTO EN LA ESTRATEGIA EUROPEA

El Gobierno de Canarias continuará trabajando para que el Archipiélago mantenga una participación activa en el desarrollo de esta Estrategia Europea de Vivienda Asequible y para que las especificidades territoriales de las islas sean tenidas en cuenta en futuras decisiones legislativas y financieras. El Ejecutivo regional defiende que el nuevo marco europeo representa una oportunidad para ampliar la inversión pública y privada, movilizar vivienda existente y responder a las demandas de los colectivos más afectados por la crisis habitacional.

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