¡Claro que hay que judicializar la vida política!
No sabemos muy bien a qué viene esto de “no querer judicializar la vida política”, salvo que existan motivos alejados del interés general más próximos al oscurantismo y a la trapisonda. Lo decimos por los comentarios sobre las posibles “irregularidades perpetradas” por el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, denunciadas en bloque ante la fiscalía por los partidos que conforman la oposición tirajanera, NC, PSOE y Compromiso por SBT, y acusadas de presunta “prevaricación administrativa” por David Delgado, portavoz municipal del PSC-PSOE.
Comentarios enhebrados en los aledaños e interiores de la biblioteca municipal tirajanera, convertida por obra y gracia de la involución político electoralista local -mira tú qué cosas- en oficinas municipales, en vez de refugio y protectorado del saber y querer aprender de propios y extraños; dimes y diretes que se encuentran muy distantes del “no poder alegar desconocimiento, una vez leído en el pleno ordinario de la corporación el informe negativo de la interventora”.
Y para que nadie dude de nuestra intención, diremos lo mismo que uno de los interesados: “A quién Dios se la dé, San Pedro se la bendiga”, y si el mandatario sureño ha metido la pata, o no, que sea la justicia, y no las réplicas monocromáticas, quien lo dictamine cuanto antes, por el bien de ella y por el de todos; lo de dejarnos con la duda, o mal parados, forma parte de los tiempos donde, precisamente, los caciques campaban a su antojo. No seremos nosotros -que no tenemos otro interés que el de informar- los que aboguemos por institucionalizar el silencio.