Democracia y cambio climático
Estos días, en el Foro de Davos, hemos visto las dos caras de la moneda del cambio climático: una generación caduca y un sistema capitalista que intenta perpetuar sus medidas de manera irresponsable con el planeta y la especie humana, representado en Donald Trump que habla desdeñosamente de “profetas del Apocalipsis”, y enfrente, una generación joven, que se está organizando, reclamando un cambio en profundidad para que los ataques despiadados al medioambiente se frenen, y las próximas generaciones puedan sobrevivir con dignidad y justicia, con calidad de vida, sobre el planeta, representado por la joven activista sueca Greta Thumberg.
Paralelamente a este debate en las alturas, a nivel de Estado el nuevo Gobierno de coalición progresista ha decretado el estado de emergencia contra el cambio climático, que ya en Canarias se hizo desde el pasado mes de agosto. A la par, en el último pleno del Parlamento de Canarias, a través del diálogo y el consenso, hemos mejorado y aprobado por unanimidad la citada declaración hecha por el Gobierno.
Las medidas a adoptar pasan a ser un compromiso de los siete grupos parlamentarios (PSOE, CC, PP, NC, ASG, Cs y Sí Podemos Canarias). Creo que esta decisión responsable de la totalidad de los grupos parlamentarios es una buena noticia para la sociedad canaria. Ante los grandes temas, llegamos a consenso. Ahora falta pasar de las palabras a los hechos, que el tiempo apremia.
Los efectos del cambio climático deberán enfrentar medidas de mitigación de los efectos y de adaptación a la nueva situación y ofrecer seguridades. Y, de manera especial, tener claro el rumbo de hacia dónde queremos caminar, qué medidas habrá que adoptar teniendo además en cuenta la transversalidad de las mismas.
Los cuatro pilares que debieran sustentar este acuerdo son, en primer lugar, la participación de la ciudadanía, información y formación, favoreciendo los cauces de participación, con el objetivo del empoderamiento ciudadano. La figura del político conseguidor y desmovilizador está ya caduca y la ciudadanía reivindica participación en la toma de decisiones, poder manifestar las discrepancias, dialogar y llegar a acuerdos. El empoderamiento ciudadano es el mejor antídoto frente a las regresiones que nos amenazan.
En segundo lugar, de poco vale adoptar acuerdos y que la ciudadanía participe y sea corresponsable, si la maquinaria administrativa continúa tan lenta como habitualmente lo es. Una declaración de emergencia hecha por el Gobierno, siendo consecuentes, exige y posibilita que se agilicen los trámites burocráticos, que todo el Gobierno se corresponsabilice de forma transversal en el asunto y que se pueda actuar diligentemente como requiere la situación de emergencia que se ha declarado.
En tercer lugar, y no por ello menos importante, la política territorial se tiene que poner al servicio de la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y a la prevención, y para ello es imprescindible no continuar deteriorando aún más nuestro territorio.
Por último, tendremos que respondernos a la pregunta de ¿qué modelo energético queremos en Canarias para este siglo XXI, que ponga las luces largas y mire, no a una legislatura sino a un par de generaciones?
Todos somos conscientes de que estamos asistiendo a un importante cambio de Era en la Historia de la Humanidad; por primera vez, desde el descubrimiento del fuego como fuente de luz y de energía, estamos abandonando la Edad del Fuego y nos introducimos en la Era de las energías renovables.
Por eso el acuerdo sobre el modelo energético, que marca nuestras vidas, que marca la producción y la movilidad, es el fundamental de los acuerdos.
Algunos consideran un objetivo deseable llenar nuestras islas de aerogeneradores, de alto coste económico y gran impacto visual en el paisaje. Aerogeneradores que seguirán siendo propiedad de los mismos que producían energía eléctrica con combustibles fósiles, importados de cualquier lugar del planeta. Y que ahora alargan la mano y se apropian de nuestros vientos alisios.
O, por aquello de la diversificación, esos mismos defienden la instalación de grandes parques solares, que consumen terreno, y que siguen siendo propiedad de los mismos que las centrales de fuel o los aerogeneradores. No han tenido más que alargar la mano y hacerse con la propiedad de los rayos solares.
La transición hacia un nuevo modelo energético para estas islas tiene que poner en cuestión el modelo de propiedad de la producción de la energía y decidir quién vaya a ser el dueño de los contadores.
La ciudadanía empoderada tiene que ser la protagonista del autoconsumo.
El viento, el sol, los mares y los volcanes no pertenecen a ningún grupo empresarial; pero con las fuentes de la energía, como con las semillas, está pasando lo mismo: pretenden convertirse en los dueños para que la sociedad cautiva contribuya obligatoriamente a que esos pequeños grupos sigan enriqueciéndose a costa de nuestros bolsillos y de la naturaleza, patrimonio común de todos.
En definitiva, esta transición hacia un nuevo modelo tiene que garantizar mayores cotas de justicia social, propiciando un conjunto de medidas que deben tener como objetivo la reducción de las desigualdades sociales creadas por el cambio climático. No nos olvidemos de los millones de refugiados climáticos que ya están engrosando los movimientos migratorios.
En particular, se debe asegurar que los costes económicos de la transición sean repartidos de manera progresiva, buscando trasladarlos preferentemente a los colectivos con mayor capacidad para afrontarlos, así como a aquellos que más se hayan beneficiado en el pasado del actual modelo energético, y evitando trasladar dichos costes a los colectivos menos favorecidos.
En conclusión, democratizar la propiedad de la energía y fomentar una cultura ciudadana de ahorro y eficiencia energética así como de corresponsabilidad medioambiental en el camino de una transición justa.
