Drago Canarias denuncia las irregularidades del sistema de contratación de enfermería en el Servicio Canario de Salud
El partido se reunió con el colectivo ECUPEC para analizar un modelo que penaliza a los profesionales por no atender llamadas telefónicas laborales
El partido Drago Canarias ha denunciado las irregularidades y penalizaciones que sufren los profesionales de enfermería en los procesos de llamamiento y contratación del Servicio Canario de la Salud (SCS), tras mantener una reunión con el colectivo Enfermería Canaria Unida por el Cambio (ECUPEC).
Durante el encuentro, ambas partes abordaron las deficiencias de un sistema que realiza las contrataciones mediante llamadas telefónicas, penalizando a quienes no atienden el teléfono en el momento del contacto, sin considerar las circunstancias personales o profesionales.
Penalizaciones por no responder llamadas laborales
Según explicaron desde ECUPEC, el sistema actual del SCS implica que las llamadas para ofrecer contratos pueden producirse a cualquier hora del día, incluso durante la jornada laboral o en momentos de atención sanitaria urgente.
Si el profesional no contesta, se le impone una sanción que puede suponer hasta diez días hábiles sin ser contratado, lo que genera una situación de incertidumbre permanente.
Estas penalizaciones se aplican independientemente del motivo: estar sin cobertura, conduciendo, atendiendo una emergencia, cuidando a un familiar o incluso participando en una reanimación médica.
El colectivo también denunció que rechazar un contrato puede acarrear suspensiones de hasta seis meses o un año en la lista de empleo, aunque el motivo esté plenamente justificado, como la falta de vehículo para desplazarse o la falta de la especialidad requerida. En casos de reiteración, la consecuencia puede llegar a ser la expulsión definitiva de la lista.
El 70% del personal de enfermería en Canarias es temporal
La portavoz nacional de Drago Canarias, Carmen Peña, expresó su preocupación por “el 70% de temporalidad que afecta al personal de enfermería del Servicio Canario de Salud”, recordando que la Unión Europea establece un máximo del 8% de temporalidad en las administraciones públicas.
Peña calificó la situación como “una anomalía estructural que precariza a miles de profesionales” y pidió “un modelo de contratación transparente, justo y humanizado, que no penalice la disponibilidad personal ni la vocación sanitaria”.
Por su parte, el responsable del Bloque de Políticas Públicas de Drago Canarias, Luis de la Barrera, afirmó que “la Consejera de Sanidad, Esther Monzón, parece querer acabar con la temporalidad mediante sanciones, suspensiones y expulsiones, lo que solo agrava la fuga de talento hacia el sector privado o hacia otros países europeos”.
Propuestas de ECUPEC y Drago Canarias para reformar el sistema
Durante la reunión, ECUPEC presentó un conjunto de medidas que cuentan con el apoyo de Drago Canarias y que buscan corregir las deficiencias del actual modelo de contratación.
Entre las principales propuestas se incluyen:
- Prohibir sanciones por rechazar contratos por motivos justificados.
- Crear una plataforma electrónica de gestión de llamamientos con notificaciones por escrito.
- Configurar listas específicas por zonas geográficas y especialidades.
- Aumentar las plantillas indefinidas para reducir la temporalidad por debajo del 8%, conforme a la normativa europea.
- Ejecutar las ofertas públicas de empleo (OPE) en tiempo y forma, evitando acumulaciones de convocatorias.
- Permitir la congelación temporal en listas por motivos personales, familiares o académicos.
- Establecer plazos razonables de aceptación, con 24 horas para contratos cortos y hasta un mes para los de larga duración.
- Incentivar la cobertura de puestos difíciles mediante una mayor puntuación en los procesos de selección.
Una llamada al cambio en la gestión sanitaria
Tanto Drago Canarias como ECUPEC coincidieron en que el modelo actual de contratación “es incompatible con una gestión sanitaria moderna y respetuosa con los derechos laborales”.
Ambas organizaciones instaron al Gobierno de Canarias a abrir un proceso de diálogo con los colectivos profesionales, que permita diseñar un sistema más justo, digitalizado y acorde a los estándares de gestión pública exigidos por la Unión Europea.
