El debate de la Ley del Suelo se llevará a cabo en la Universidad de verano de Maspalomas
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un expediente de modificación presupuestaria para financiar una subvención al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por importe de 20.070 euros, con el objetivo de incorporar el debate sobre la actualización de la Ley del Suelo de Canarias al programa de actividades previsto en la Universidad de Verano de Maspalomas, que se celebra el próximo mes de julio en la localidad grancanaria.
El curso tendrá como denominación ‘La Ley del Suelo ante los nuevos desafíos urbanísticos’, y se celebrará los días 8 y 9 de julio, bajo la dirección de José Suay Rincón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ex magistrado del Tribunal Supremo. El objetivo del curso es proponer una reflexión sobre la actualización de esta norma y su adaptación a las exigencias actuales.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha destacado el objetivo de “actualizar esta normativa, después de casi siete años de aplicación, a los nuevos retos que se han presentado en los últimos años y con la experiencia de su uso por parte de las administraciones, que nos permite afrontar con más información dicha actualización”. Miranda ha informado de que este proceso, iniciado a principios de año, “está contando con todos los actores principales de su aplicación, técnicos municipales, insulares y del Gobierno de Canarias, y profesionales y miembros de la sociedad civil, para después del verano acometer el debate político con todas las fuerzas con representación en el Parlamento de Canarias”.
Durante el curso, en el que participan especialistas en la materia procedentes de diferentes universidades de España, así como técnicos de administraciones de las Islas, se tratarán asuntos tales como el reto demográfico, la situación socio económica del medio rural, la sobrepoblación de otras áreas insulares, la incorporación de la Agenda 2030 y otras normas sobre sostenibilidad u otras propuestas sobre simplificación normativa, precisamente uno de los objetivos de la actualización de la Ley del Suelo.
