El Pleno de Santa Lucía aprueba por unanimidad la cesión del suelo municipal al Gobierno canario para viviendas sociales
El pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía aprobó este jueves ceder suelo municipal al Instituto Canario de Vivienda para incrementar el parque público de viviendas sociales y que Santa Lucía se incorpore al Plan 20.000 del Gobierno del Estado. La propuesta del Grupo de Gobierno contó con el apoyo de todos los concejales y concejales asistentes a la sesión plenaria. La mayoría del pleno también rechazó la recusación al alcalde presentada por el concejal de Agrupación de Vecinos Juan José Ramos y la propuesta presentada por este grupo político de revisión de las subidas de tarifas del agua desde el año 2008.
El alcalde Santiago Rodríguez acusó a Agrupación de Vecinos de “crear una falsa expectativa en la ciudadanía, haciéndoles creer que se les puede devolver el dinero de la subida del agua, algo que no puede ser y que, por tanto, es una política repudiable porque se engaña a la gente con falsos mensajes en las redes, en los medios y en grupos de whatsapps”. La moción presentada por Agrupación de Vecinos planteaba la revisión “de oficio de las modificaciones posteriores a 2008, inclusive, de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua a domicilio, por haber sido aprobadas subidas de precios sin previa autorización del Gobierno de Canarias”.
El concejal de Recaudación Marcos Rufo, manifestó que “la revisión del precio del agua constituye una tasa que no precisa de la aprobación de la Comisión Regional de Precios del Gobierno canario, tal y como se recoge en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del año 2013”. El edil de Agrupación de Vecinos aludió a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019. Rufo replicó que “también hay una sentencia de este año 2020 del Tribunal Supremo que ratifica que las tasas municipales como la del agua no deben de pasar por la Comisión Regional de Precios”. En la misma línea se manifestó el concejal de Nueva Canarias, Roberto Ramírez, que señaló que “la actitud irresponsable de Agrupación de Vecinos, diciendo en los medios de comunicación que la ciudadanía podría recibir el dinero de las subidas del agua si reclamaban, ha provocado ya más de 300 solicitudes en el departamento de Rentas, lo que perjudica tanto a los trabajadores como a la ciudadanía, que pierde el tiempo y se crea unas expectativas falsas por culpa de ustedes.” El portavoz del PSOE, Julio Ojeda, señaló que “tras ver la moción de Agrupación de Vecinos y escuchar la explicación del concejal Marcos Rufo creo que es necesario que se realice un informe jurídico para explicar bien esta situación”. El concejal de Agrupación de Vecinos se sumó a la petición del informe jurídico. El portavoz de Fortaleza, Pedro Sánchez, señaló que “las sentencias que hemos visto sientan jurisprudencia y ya dejan claro que no hay que pedir la revisión de precios al Gobierno canario, vamos a rechazar su moción porque crea falsas expectativas y solo intentan soltar tinta de calamar, aluden a una sentencia que ni traen aquí”.
La única propuesta que logró la unanimidad de todos los concejales y concejalas fue la realizada por el Grupo de Gobierno para ceder de forma gratuita al Instituto Canario de la Vivienda la propiedad de tres fincas municipales para incrementar el parque público de viviendas a través del programa estatal ‘Plan 20.000’ que ejecuta el Gobierno de Canarias”. La concejala de Vivienda y Servicios Sociales, Antonia Álvarez fue la encargada de defender la propuesta en nombre del Gobierno. Las tres fincas que se van a ceder son una parcela urbana de 279 metros cuadrados que está en la calle Severo Ochoa en Sardina del Sur, otra de 270 metros cuadrados que está en la calle Brasil, en los Llanos del Polvo en Vecindario y un solar de 207 metros cuadrados situado en la Avenida de la Unión en Casa Pastores. Los portavoces de la oposición señalaron que con esas fincas apenas se podrán construir unas 30 viviendas y en Santa Lucía hay una demanda mucho mayor. La concejala de Vivienda respondió que también considera que es poco espacio pero que el grupo de gobierno estaba trabajando para poder ceder nuevas parcelas.
El alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, tuvo que ausentarse del pleno porque el concejal de Agrupación de Vecinos, Juan José Ramos, volvió a presentar una recusación al primer edil. La recusación planteaba que el alcalde se apartase del proceso selectivo para cubrir en propiedad ocho plazas de funcionarios de carrera. La recusación fue rechazada con los votos de los concejales y concejalas de Fortaleza, Nueva Canarias y el Partido Popular. La Agrupación de Vecinos y el PSOE se abstuvieron.
En las comunicaciones de Presidencia el alcalde informó de una sentencia que fue notificada este mismo jueves al Ayuntamiento, en la que se desestima la solicitud presentada por la concejala Beatriz Mejías para que se paralizara de forma cautelar su pase al grupo de no adscritos y se le mantuviera en el Grupo Mixto. La sentencia señala que la concejala se dio de baja de forma voluntaria del partido Podemos, con el que concurrió a las elecciones. Según la resolución judicial, al desvincularse de las siglas con las que se presentó, no tenía derecho a remuneración y debió pasar al grupo de no adscritos. También se señala que la concejala no puede alegar que cuando la han llamado tránsfuga la están estigmatizando, porque según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, “tránsfuga” es una palabra que define la acción que protagonizó la propia Beatriz Mejías cuando se dio de baja de Podemos sin comunicarlo al Ayuntamiento.
Antes de comenzar el pleno, los concejales y concejalas y el personal municipal que estaba en las Casas Consistoriales, guardaron un minuto de silencio en homenaje a todas las personas que han fallecido en su viaje en pateras o cayucos desde las costas africanas hacia Canarias.
