El PP de Mogán denuncia que Ciuca-PSOE inician obras sin el Plan de Seguridad
El pasado 30 de diciembre de 2015 la Junta de Gobierno Local de Mogán aprobaba la adjudicación directa a la empresa Coratur Canarias S.L. de la obra de reparación de la cubierta del Centro de Autonomía Personal (CAP) de Arguineguín por un importe de 48.397,71 euros, “a pesar de que un presupuesto de un técnico municipal valoraba la reparación en poco más de 19.000 euros y que nadie supo explicar qué variaciones contenía el nuevo proyecto que encarecía la obra en cerca de 30.000 euros más”, informa el Partido Popular (PP) de Mogán en un comunicado.
Los populares añaden que las prisas por iniciar obras de este grupo de gobierno Ciuca-PSOE, “han puesto en riesgo a los mayores y personal municipal del CAP de Arguineguín”, ya que las mismas se iniciaron el pasado 14 de marzo sin la aprobación del correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y sin la designación por parte del Ayuntamiento de Mogán de un director de obra y del coordinador de seguridad y salud. Fue el pasado viernes día 18 de marzo, cuatro días más tarde de iniciarse la obra, cuando en sendos decretos, la alcaldesa Onalia Bueno “avoca las competencias de la Junta de Gobierno Local por motivos de urgencia para corregir el grave error cometido”. En opinión del PP, es una muestra más de las carencias de un grupo de gobierno bipartito donde las improvisaciones y la falta de rumbo político están marcando el día a día en Mogán.
Obras, polvo en suspensión y ruidos
Asimismo el pasado viernes los responsables municipales comunican a los usuarios y familiares que el centro dejaba de prestar los servicios durante la Semana Santa, consecuencia de las obras existentes, debido al polvo en suspensión y ruidos.
Por su parte, la portavoz del PP local Mari Carmen Navarro sentencia que “es intolerable e inaceptable que hayan tenido que pasar cuatro días para que se den cuenta de que el polvo y el ruido dentro del centro eran un riesgo para nuestros mayores”. La popular no entiende por qué una obra adjudicada desde el mes de diciembre “se inicie sin todos trámites necesarios y se siga recurriendo a decretazos, donde se avocan competencias de órganos de gobierno local para tapar su caótica gestión”.
