El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias rechaza el protocolo de actuación ante las altas temperaturas
- Según STEC-IC se trata de un documento improvisado, que no se ha negociado y que se limita a trasladar la responsabilidad a los equipos directivos sin aportar soluciones concretas
Una de las necesidades más perentorias de los centros educativos, en lo que a la salud se refiere, es contar con un protocolo de actuación frente a las condiciones climáticas adversas que, como consecuencia del cambio climático, han venido acentuándose a lo largo de los últimos años (temperaturas inusualmente altas, calima, radiaciones UV, temporales de lluvia o viento…), que verdaderamente sea eficaz y que proteja tanto al alumnado como al profesorado, personal de administración y servicios y resto de profesionales que prestan sus servicios en los centros educativos.
Este curso escolar se inició con un episodio de temperaturas extremas (incluso para un mes de octubre) que obligó a suspender las clases por varios días. Fruto de ese episodio, el STEC-IC exigió a la Consejería de Educación que se arbitraran medidas para proteger al alumnado y al personal docente y no docente de los centros educativos. En línea con esa petición, el Consejero de Educación anunció que iban a preparar un protocolo de actuación ante situaciones de altas temperaturas.
Transcurridos 6 meses desde aquel compromiso, y sin la preceptiva negociación con las organizaciones sindicales representantes de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, se nos presenta un protocolo improvisado e incompleto que es copia casi literal del de la Comunidad de Madrid (como si las condiciones climáticas fueran siquiera parecidas) y que, lejos de aportar soluciones concretas acordes con las situaciones climatológicas adversas que se sufren en Canarias, se limita a trasladar a los equipos directivos de los centros educativos una responsabilidad que compete a las autoridades de la propia Consejería de Educación o de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
Pero lo más relevante es que el citado protocolo no concreta cómo actuar frente los episodios de calima, tan frecuentes en las islas, se limita a dar unas simples recomendaciones muy básicas en relación con las altas radiaciones UV y a indicar que se debe controlar la ingesta de agua para mantener una buena hidratación.
Sin embargo, la realidad que se vive en los centros educativos es muy distinta, pues no hay sombras suficientes en los patios y canchas; no se dispensa agua al personal, incumpliendo las más elementales normas laborales; algunos docentes como el profesorado de educación física están continuamente expuestos a situaciones extremas, radiaciones UV, lluvia, frío, calor o calima que, a menudo, derivan en lesiones de la piel, enfermedades respiratorias, etc.
Además, este plan por sí solo, poca ayuda va a suponer pues, si bien conviene tener previsto un protocolo para actuar frente a las situaciones meteorológicas adversas, lo realmente efectivo sería preparar los centros educativos para que dichas situaciones no perturben la actividad académica. En definitiva, es necesario que se adapten los centros para los episodios de calor-frío, calima, lluvia, viento, etc. y se les dote de sombras suficientes y de equipos de acondicionamiento de las temperaturas de las aulas que sean compatibles con el principio de centros eco-sostenibles.
El STEC-IC muestra su rechazo a un protocolo que, además de inservible por incompleto, incrementará la carga burocrática que ya soportan los equipos directivos y les señala como responsables de cualquier incidente que se produzca como resultado de alguna circunstancia que no haya sido prevista en el protocolo. Al tiempo que, ante situaciones idénticas o muy similares, generará diferentes respuestas de actuación entre unos centros y otros.
En base a todo lo argumentado, desde el STEC-IC reivindicamos que sean los servicios técnicos del Gobierno de Canarias los que elaboren tanto este protocolo como el plan de autoprotección de los centros. Asimismo, exigimos que, en aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público y resto de normativa vigente en materia de negociación colectiva, ambos documentos sean negociados en la Mesa Sectorial de Educación y en el Comité del Personal de Administración y Servicios, en base a que afectan de manera directa a las condiciones laborales del personal al servicio de la Consejería de Educación.
