El TSJC avala a la Mancomunidad del Sureste y rechaza la reclamación millonaria de Acciona por la desalación
- El Tribunal confirma que el encarecimiento energético no obliga a compensar a la concesionaria
- La sentencia refuerza el principio de riesgo y ventura en los servicios públicos en Canarias
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón a la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria al desestimar la reclamación de casi ocho millones de euros presentada por Acciona por supuestos sobrecostes en el servicio de desalación. La resolución confirma íntegramente el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria y condena a la empresa al pago de las costas en ambas instancias.
Un fallo judicial que cierra un conflicto millonario en el sureste de Gran Canaria
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado en marzo de 2026 la sentencia dictada el 8 de mayo de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, resolviendo definitivamente el litigio entre la Mancomunidad del Sureste y la empresa concesionaria Acciona.
La mercantil reclamaba cerca de ocho millones de euros a la Administración pública por los sobrecostes derivados del servicio de desalación de agua que tenía encomendado, argumentando que el incremento de los costes operativos, especialmente energéticos, debía ser asumido por la entidad pública.
Sin embargo, tanto el juzgado en primera instancia como el alto tribunal canario han rechazado íntegramente esta pretensión, avalando la actuación de la Mancomunidad y descartando la obligación de compensación económica.
El principio de riesgo y ventura, clave en la decisión judicial
Uno de los elementos centrales del fallo es la aplicación del principio de “riesgo y ventura”, inherente a la contratación pública. Según este criterio, los contratistas deben asumir los riesgos derivados de la ejecución del servicio, incluidos los incrementos de costes, salvo en supuestos excepcionales.
Las resoluciones judiciales coinciden en que el encarecimiento de la energía no genera automáticamente el derecho a una compensación económica por parte de la Administración, limitando así los casos en los que los sobrecostes pueden ser trasladados al sector público.
Este pronunciamiento refuerza la seguridad jurídica en la gestión de servicios esenciales como la desalación, clave para el abastecimiento hídrico en el sur y sureste de Gran Canaria.
Una estrategia jurídica determinante en defensa del interés público
La defensa de la Mancomunidad del Sureste ha estado liderada por el despacho especializado en Derecho Administrativo Acosta & Navarro, bajo la dirección letrada de Javier Navarro Betancor.
La estrategia procesal desarrollada ha sido determinante para encauzar la actividad probatoria y sostener la posición de la Administración durante todo el procedimiento, permitiendo proteger los intereses públicos frente a una reclamación de elevado impacto económico.
Condena en costas y posible recurso ante el Tribunal Supremo
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no solo desestima la reclamación de Acciona, sino que también impone a la empresa el pago de las costas procesales en ambas instancias, lo que refuerza el respaldo judicial a la actuación de la Mancomunidad.
No obstante, el fallo no es firme en última instancia, ya que la concesionaria aún puede interponer un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo, lo que abriría una nueva fase en el proceso judicial.
